Desde México: En respaldo de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias

Policía Comunitaria. Foto: Prometeo Lucero

Comunicado de apoyo al sistena de justicia comunitario CRAC-PC

México, D.F. a 27 de enero de 2013

A organizaciones sociales
A medios de comunicación
A compañeros de lucha
A cualquiera que quiera leer y escuchar

Desde hace algún tiempo la situación de la inseguridad en el país se ha visto insostenible y la llegada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia no cambiará las cosas. Para eso es necesario voltear a los lugares más vulnerados por la “guerra contra el narcotráfico” y leer acerca de la cantidad de asesinatos y otros crímenes cometidos en los dos meses que llevamos del sexenio. Tan solo en diciembre de 2012 la cantidad de asesinatos relacionados con el crimen organizado fue de 755 y a eso hay que sumar los del mes de enero de este 2013.
Los estados más azotados por la violencia son Sinaloa, Coahuila, Jalisco, Nuevo León, Chihuahua, Durango, Estado de México, Zacatecas, San Luis Potosí y Guerrero. Sin embargo, el discurso y las acciones gubernamentales se han encaminado a ocultar la situación de violencia y han enfocado los reflectores de los medios de comunicación hacia las reformas estructurales, tema que no carece de importancia, todo lo contrario, pero que vuelca a la opinión pública hacia otras temáticas con el fin de diferenciarse de los gobiernos panistas.

Además, con el fin de “atacar” las causas de la delincuencia, los diferentes gobiernos han impulsado programas con el fin de erradicar la pobreza, impulsar la educación, entre otras cosas. No obstante, este tipo de dádivas no resuelven los problemas de fondo, al contrario, se convierte en instrumentos utilizados por los partidos políticos para afianzar sus clientelas electorales provocando numerosos efectos negativos en la población.
Ante esta situación y frente a la ineficacia de las autoridades por proporcionar resultados y soluciones eficaces a los problemas de inseguridad no es de extrañar que las comunidades, barrios, colonias, etcétera, se reúnan y organicen para atenderlos por medio de acciones legítimas. Ejemplos claros los estamos viendo en la actualidad, sobre todo en algunos municipios de Guerrero como Ayutla, Tecoanapa, San Marcos, Juan R. Escudero, Florencio Villarreal, Marquelia, Coatepec y Copala.
Cabe mencionar que desde los primeros días de este año, comunidades de los municipios de Ayutla y Tecoanapa establecieron retenes con el fin de frenar los constantes ataques a sus pobladores por parte de la delincuencia organizada, sin embargo, desde los primeros momentos se presentaron encapuchados y argumentaron formar parte de la CRAC-PC. Días después la propia CRAC-PC desmintió los hechos y responsabilizó a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) de las movilizaciones.
En un comunicado, la misma CRAC-PC habla de cómo desde hace tiempo la UPOEG ha buscado hacerse con el control de la organización con el fin de encaminarla hacia los intereses del gobierno del Estado “Con todo lo anterior, se ha dado cabal cuenta de lo que nuestra institución comunitaria denuncio desde la pasada asamblea celebrada en la comunidad de La Concordia el 22 de diciembre pasado: el afán de los dirigentes de la UPOEG de hacerse de los principales cargos en la CRAC para encaminar el trabajo de nuestra institución comunitaria hacia los intereses del Gobierno del Estado”.
Sin hacer menosprecio de las problemáticas de los compañeros de estos municipios y de esa movilización, es necesario dejar claro que no estamos de acuerdo en la utilización de estas necesidades con fines políticos, ni para el posicionamiento de la UPOEG en territorio comunitario, pues el involucramiento de la CRAC-PC por parte de los líderes de la UPOEG busca desprestigiar a la organización que tanto trabajo ha costado impulsar.
Respaldamos a la CRAC-PC en sus prácticas, pues siempre se han conducido con transparencia y por medio de la participación de los pueblos a través de las asambleas comunitarias; gracias a ello han obtenido el reconocimiento de otras organizaciones, colectivos y asociaciones de diferente índole.

Denunciamos que este conflicto ha sido aprovechado por las autoridades para impulsar la militarización del territorio comunitario, lo cual vulnera el derecho de los pueblos a tomar las decisiones que mejor les convenga. Y es que desde los primeros llamados levantamientos, han llegado a las comunidades miembros del Ejército y de la Policía Federal con el pretexto de atender al llamado de la población.
Constantemente se ha demostrado que la acción de las fuerzas del orden atentan contra las movilizaciones que muestran una alternativa a las acciones del Estado y este es un ejemplo más, pues ha quedado claro que sin el Operativo Guerrero Seguro, la CRAC-PC ha tenido buenos resultados al bajar los índices de inseguridad, situación que el mismo gobierno del Estado ha reconocido en numerosas ocasiones.

A diferencia de los intentos infructuosos del gobierno, diversas organizaciones como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria, (CRAC-PC) y la Policía Ciudadana y Popular de Olinalá e incluso el mismo Ejército Zapatista de Liberación Nacional han resuelto, no sin dificultades, la cuestión de la inseguridad en sus territorios a través de sistemas de justicia acordes con sus sistemas normativos y prácticas culturales.
Por eso los abajo firmantes exigimos respeto a la CRAC-PC y a su sistema de justicia y rechazamos el manejo político que hace la UPOEG de una problemática profunda y que necesita una pronta solución. Además rechazamos la entrada de la policía federal y las fuerzas militares a las comunidades, pues eso implicaría la militarización de la región, lo cual vulnera la autodeterminación de los pueblos.

“Sólo lo colectivo nos hace fuertes”

Colectivo Construyendo Resistencia, Colectivo Cenzontle (400 voces), Comité de Lucha Estudiantil UPN Ajusco, Comité de Derechos Humanos Ajusco.