Argentina: Corrupción generalizada, política K.

La CLa Casa Rosada, Buenos Aires. Foto: Kenn Wilson

El Lázarogate es una caja de Pandora. Cada semana surgen nuevas revelaciones y actividades sospechosas, además de complicidades gubernamentales. Este lunes 13/05 se supo que la Unidad de Información Financiera “protegió” al empresario K durante 2 años sin denunciarlo. En Santa Cruz se destaparon nuevos negocios con obra pública y las ramificaciones de la estructura de negocios de Lázaro llegan hasta España y hasta se conectan con otro escándalo K: El caso de la ex Ciccone. Con “Argentina Trabaja”, los municipios obtienen dinero sin auditar y los “punteros” subordinan a los más necesitados, la “maquinaria electoral del cristikirchnerismo” funciona envuelta en actos de pura corrupción generalizada.

Los planes sociales del cristinismo fueron y son un verdadero antro de corrupción y humillación de los adjudicatarios de los mismos, a diez (10) años de la crisis de 2002, y cuando la emergencia fue ampliamente superada por una década de crecimiento sostenido –según el “discurso-relato epopéyico k”- es insostenible desde el relato que los mismos aún sean necesarios, ya que una década después debería haberse incorporado a esa masa de excluidos y pobres al mercado laboral en puestos de empleo genuinos, cosa que obviamente no ha sucedido, por lo cual el relato se desinfla y aparece la realidad. Los “Planes Sociales cristinistas” hoy son meramente clientelares y se los utiliza como sistema de recaudación corrupta de dinero para punteros, intendentes, legisladores y hasta para muchos gobernadores agraciados por el poder nacional.

El “Argentina Trabaja” cuenta hoy con cerca de 350 mil planes, organizados en cooperativas de entre 16 y 60 miembros cada una que cobran una prestación individual de $ 1.750 mensuales desde el mes de febrero de 2013, a cuya cifra debe sumarse el dinero que reciben los intendentes como aportes para materiales, herramientas y otros insumos que deben otorgárseles a las cooperativas así formadas y que no cuentan con ningún tipo de contralor. Como el “Argentina Trabaja”, se ideó como un sistema de cooptación de votos y voluntades, de aquella cifra recibida los adjudicatarios deben dejar un “peaje-comisión” de entre $ 400 a $ 800 mensuales “en manos” y al mismo momento del cobro bancario de la prestación a el/la coordinador/a de la cooperativa; las modalidades del plan –limpieza en plazas públicas o salas de auxilio, ayuda en comedores escolares o comunitarios, pintura de cordones, escuelas, etc.- no contemplan el trabajo en lugares privados aunque muchas de estas cooperativas terminan siendo “talleres clandestinos textiles o de otro rubro” yt regenteado por punteros políticos, concejales o funcionarios municipales como sucede en José C. Paz con el taller de costura de Ofelia Villareal, ex concejal de ese partido del Gran Buenos Aires.

El “Argentina Trabaja” –también llamado hipócritamente “Argentina Descansa”- se creó en el año 2009, y ya muy lejos de la crisis laboral de 2002 y durante el Gobierno de CFK, luego de la derrota en las elecciones legislativas de aquel año y como una variable clientelar para revertir a futuro aquel echo, la idea fue “meter plata a los barrios y entre las capas sociales más desprotegidas”, iniciándose en el conurbano bonaerense y con preferencia en los municipios y las organizaciones sociales oficialistas, las protestas de grupos sociales no K lo extendieron, muy minoritariamente, a estos otros sectores no oficialistas y hacia el resto del país, aunque con una enorme concentración en el conurbano bonaerense, las cooperativas debieron inscribirse en el INAES – Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social- dependiente del Ministerio de Desarrollo Social que conduce Alicia Kirchner. Esta inscripción se puede tramitar a través del municipio o por las organizaciones sociales, implementada inicialmente para 150 mil beneficiarios, luego se fueron agregando otros 200 mil beneficiarios más, siendo el municipio “la unidad ejecutora” del Plan AT y quien recibe entre un 30 y un 50% de dinero extra para insumos de las cooperativas a su cargo y sin auditoría ninguna, siendo estos dineros solo refrendados por las autoridades de las cooperativas, prestándose a la corrupción más desenfrenada.

Son sus propios “elegidos” quienes integran las cooperativas, aunque el principio de las mismas es que sean “organizaciones democráticas controladas por sus miembros, en defensa del trabajo comunitario organizado, con igualdad de oportunidades” –indica el INAES- pero se está muy lejos de ser creíble, la instrumentación del plan, está absolutamente distorsionada, por lo menos en las regidas por el oficialismo, en la práctica funcionan como un sistema clientelar de cooptación de voluntades, cuando no mano de obra gratuita para punteros y funcionarios corruptos y delincuentes, pues son ellos quienes determinan quienes se suman y cobran los planes, quienes trabajan o no, quienes son exclusivos rehenes de aquellos para concurrir y engrosar marchas, actos políticos, etc. y cuanto es lo que dejan como “peaje” para beneficio siempre del sistema político corrupto del cristikirchnerismo, pues es ese “puntero” quien marca el “presentismo” en las planillas de Desarrollo Social, así este seudo presentismo se toma en los lugares de trabajo, en los locales partidarios o en los actos políticos a los que son obligatoriamente compelidos a asistir para no perder dicho “presentismo”. ¡Todo muy progresista, nacional y popular! ¡Todo muy alejado de las prácticas peronistas, legadas por el viejo líder!

Como vemos, la caja de Pandora del Lazarogate, no solo se verifica en los dineros mal habidos por la adjudicación de obras públicas, Empresas del Estado y otro tipo de prestaciones por parte del Estado, sino que hasta se llegó a la bajeza extrema de utilizar el hambre y la falta de trabajo como sistema de “recaudación de dineros mal habidos” por parte del régimen. Ya no se sabe hasta dónde puede llegar el Lázarogate. Cada semana surgen nuevas sospechas de actividades ilícitas con anuencia o protección de funcionarios kirchneristas. El escándalo de corrupción que llega al matrimonio Kirchner además excede las fronteras nacionales con sociedades en Panamá, en España, cuentas en Suiza y campos en Uruguay. El armado financiero de Lázaro es tan vasto que hasta tiene ya vinculaciones con el caso de la ex Ciccone donde está implicado el vicepresidente Amado Boudou. Todo con el silencio de la Unidad de Información Financiera (UIF), cuyo titular, José Sbatella, no hizo nada durante más de dos años para denunciar ante la Justicia a dos empresas de Báez. Se trata del organismo oficial que debe luchar contra el lavado de dinero en el país. Según Hugo Alconada Mon este lunes 13/05 en el diario La Nación, la sospecha sobre la UIF recae en la petrolera Epsur SA y en la firma Austral Construcciones SA, esta última el “caballito de batalla” de Lázaro en materia de negocios con la obra pública. La UIF comenzó a moverse tras recibir el reporte de operación sospechosa (ROS) 2418/2010 y solicitó la colaboración de la Inspección General de Justicia (IGJ), que debe controlar a las sociedades comerciales en la ciudad de Buenos Aires. Eso fue en agosto de 2010. La IGJ envió la información requerida por Epsur SA y Austral Construcciones en un mes. Según los datos de la IGJ, la empresa Austral Construcciones nunca presentó sus balances.

Austral además figuró como accionista de Epsur cuando se constituyó, contaba a su vez con un capital social de apenas $ 12.000 y elevó en agosto de 2003 a $ 500.000, un monto con el cual debería afrontar cualquier juicio que se le haya iniciado o se le inicie en el futuro por reclamos laborales o eventuales incumplimientos en los contratos de obra pública que ganó por al menos $ 3.000 millones a nivel nacional. La requisitoria de la UIF sobre Epsur y Austral Construcciones no fueron las únicas que recibió la Inspección General de Justicia por entonces. También la Justicia pidió datos sobre la constructora de Báez mediante un oficio que, de inmediato, se elevó a la “secretaría privada”. Sin embargo, la respuesta a ese oficio arrastra ya varios meses de demora. En el medio la IGJ cambió de titular, Marcelo Mamberti, hombre de Aníbal Fernández al actual Norberto Berner, de La Cámpora. Según recuerda la Nación, el primer ROS de empresas del grupo Báez llegó a la UIF en 2005. Se trató de operaciones sospechosas como depósitos en las cuentas de Kank y Costilla y Gotti, empresas de Báez, en el banco de Tierra del Fuego. La UIF tomó conocimiento en 2006 del congelamiento en Liechtenstein de US$ 10 millones de Báez, llegados a un banco de ese país tras pasar por el Banco Macro y el Sud Bank & Trust de Bahamas. Los fondos fueron liberados. Sobre Austral se sumó otra denuncia. La Unión Cívica Radical denunció en Santa Cruz que junto con “el negocio que favorece a Báez con la adjudicación de las obras también le entregaron el tapado de canteras como negocio paralelo” que representaron entre fondos nacionales y provinciales una suma de $1.200 millones

La mayoría de esas adjudicaciones de obras fueron otorgadas a las constructoras de Báez, informa este 13/05 el diario Clarín. “Es un negocio redondo, no sólo la repavimentación de la ruta se la adjudicaron a Austral Construcciones, sino que también las obras de canteras que ellos mismo generaron”, señaló la diputada provincial de la UCR Estela Bubola. “En la mayoría de las licitaciones se observó a la misma empresa, que si no era Austral Construcciones se le adjudicaba a Kank y Costilla, propiedad también del mismo empresario”, agregó la legisladora que además destacó que el avance y la culminación de esas obras resulta muy difícil de corroborar. En la denominada Ruta del Dinero K, también surgieron novedades. Hasta ahora se conocían las sociedades creadas en Panamá –presuntamente por Fabián Rossi, esposo de Ileana Calabró-, la cuenta de la firma Teegan Inc en Suiza y un campo en Uruguay. Ahora el hijo de Báez, Martín Báez y el contador Daniel Pérez Gadín también habrían hecho vuelos a España donde se crearon otras tres empresas. Serían dos vuelos: el primero en noviembre de 2011. Estuvieron diez días. Salieron el 29 de noviembre de ese año en un vuelo de Iberia a la noche. Fue después de que el Grupo Báez tomara control de la financiera SGI (“La Rosadita”) que pertenecía a Federico Elaskar. Según planillas de Migraciones a las que accedió el periódico Clarín, Pérez Gadín y Martín Báez volvieron a viajar juntos a España el 26 de mayo del año pasado en el vuelo de Aerolíneas Argentinas 1161 con destino a Madrid. Luego, se trasladaron a París el 23 de septiembre del año pasado en el vuelo de Air France AF417 y regresaron juntos en el mismo vuelo trece días después.

En esas empresas españolas creadas por Daniel Pérez Gadín surge un vínculo inesperado: Los lazos con el Boudougate. El nexo es Fernando Emiliano Córdoba, quien aparece como director de esas compañías y a su vez comparte una sociedad con Alejandro Vandenbroele, supuesto testaferro de Boudou y ex titular formal del grupo The Old Fund, que controlaba la imprenta. Vandenbroele aparece en la empresa Temenos Hispania. Ahondar en esos lazos terminaría configurando una megacausa de corrupción de alcances insospechados. En la causa en que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito, el vicepresidente Amado Boudou se puso impaciente. Quiere que se realice cuanto antes el peritaje sobre su patrimonio en los últimos seis años. La AFIP lo ayudó y remitió a la Justicia documentación desde 2007. Pero el juez y el fiscal dicen que se necesita más información antes de avanzar con el peritaje, de lo contrario estarían convalidando lo declarado por el funcionario. Amado Boudou sabe que se aproximan tiempos electorales y que el caso de la ex Ciccone y la causa por presunto enriquecimiento ilícito le han hecho perder su “estrella” en el mundo de Cristina y coartó sus pretensiones de Poder en la Provincia de Buenos Aires, donde había comenzado a “pisar” reuniéndose con intendentes y prometiendo fondos. El vicepresidente necesita despejar el frente judicial para volver a estar en carrera y recuperar algo de lo perdido a instancias de Axel Kicillof. Por eso quiere acelerar los tiempos de la Justicia a través del pedido que hizo su abogado para que se realice la pericia contable sobre la evolución de su patrimonio desde el año 2007. Según consigna este lunes (13/05) el diario La Nación, el abogado del vicepresidente, Diego Pirota, presentó un escrito que afirma que con la información aportada por Boudou y lo obtenido ya en la causa “resulta más que suficiente para dar comienzo con la pericia contable”.

No opinan así el juez Ariel Lijo y el fiscal Jorge Di Lello quienes consideran que necesitan aún saber, por ejemplo, quienes podrían ser los testaferros de Boudou y los negocios de sus empresas y de aquellas con las que éstas operaron. “Hasta que no esté toda la documentación no puede hacerse el peritaje. De lo contrario, tendríamos que dar por cierto lo que dice Boudou”, dijo al matutino un funcionario que conoce el caso. Boudou que éste recibió una ayuda de Ricardo Echegaray para acelerar los trámites: El jefe de la AFIP remitió a los tribunales las declaraciones juradas de Boudou de 2007, 2008, 2009 y 2011 el miércoles último. Pero esa información es solo el punto de partida de la pesquisa. El 19 de febrero, Lijo le solicitó a la AFIP todas las declaraciones de impuestos nacionales de Boudou, su hermano, su novia y otros ocho investigados. Esa información nunca llegó, y ante la falta de respuesta, el mes pasado pidió que se reiterara el pedido “con carácter de urgente”. Según fuentes de la causa falta que la AFIP y algunas empresas presenten más documentación y así poder cruzar esos datos con lo aportado por el ente recaudador y lo que ya cuentan los funcionarios judiciales en su poder. Es apenas el inicio de la investigación así que Boudou deberá tener paciencia. Si a esto sumamos las “bóvedas en El Calafate y las valijas y bolsos que dicen haber visto Cirielli, Quiroga, Arnold, etc. respecto de los dineros mal habidos de Néstor y Cristina”, más las denuncias de enriquecimiento de funcionarios y amigos del poder de todo tipo podemos afirmar sin temor a equivocarnos, y mucho menos a ser tildados del destituyentes y golpistas que la política del régimen progresista, nacional y popular del cristikirchnerismo es el de la corrupción absoluta y galopante, la más bárbara de toda la historia de los últimos 200 años de historia nacional argentina, sin ningún lugar a dudas.

Buenos Aires, 13 de Mayo de 2013.

Arq. José M. García Rozado

MPJIRucci – LIGA FEDERAL –

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