Gobierno narco y reforma Código Penal (partes 2,3 y 4 )

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PARTE 2ª

La sociedad argentina se pronunció en contra del proyecto de nuevo Código Penal que Cristina Fernández enviará al Congreso para su sanción este año. El presidente de la Corte Suprema admitió que “el Poder Judicial no es de maravilla” y que “tenemos que transformarlo”. No obstante, los cambios que sugirió no van en el sentido del “control popular” propuesto por el Gobierno, sino en el de la “celeridad” y “la cercanía” de la Justicia con el ciudadano. En la apertura del año judicial, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, abordó a problemática del narcotráfico en el país, tema que había estado ausente en el discurso de Cristina Fernández del 1º de marzo. Aseguró que “afecta el estado de derecho”. El PRO de Mauricio Macri se vio obligado a cambiar de postura con respecto a la reforma penal que impulsa el Gobierno, luego de que el Frente Renovador de Sergio Massa asumiera un rol protagónico como férreo opositor a la nueva normativa. Sin embargo, el “despegue” del avance oficial, nada tuvo que ver con el verdadero problema del proyecto: su propósito. En medio de los cruces políticos todos evitan la explicación primera y en la nube, se pierden primero los responsables.

En la apertura del año judicial, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, abordó este jueves la problemática del narcotráfico en el país. El titular del máximo tribunal dijo, contradiciendo la postura de su par Zaffaroni y la de la Presidente, durante su discurso “el narcotráfico afecta el estado de derecho, tenemos que ponernos de acuerdo”. Lorenzetti manifestó que la lucha contra el flagelo “debe ser prioritaria”. De esa forma, el magistrado hizo referencia a un tema que estuvo ausente durante la apertura de Sesiones Ordinarias, a cargo de la presidente Cristina Fernández. El expresó este jueves la necesidad de realizar una “reforma judicial”, pero su propuesta dista bastante del proyecto de “democratización” que pretende el gobierno de Cristina Fernández. En su discurso de apertura del año judicial, el presidente de la Suprema Corte aseguró que “el Poder Judicial no es de maravilla” y que “tenemos que transformarlo”. No obstante, pidió discutir “cuál es la orientación de la reforma”. El corazón del proyecto de “democratización de la Justicia” que impulsó el Ejecutivo el año pasado estaba basado en la elección popular de los jueces. Esto fue derribado por la misma Corte que lo declaró inconstitucional. En su discurso de apertura de la Asamblea Legislativa, el sábado 1º de marzo, la presidente Cristina Fernández defendió su fallido proyecto y dijo que “un poquito de control popular tampoco le viene mal a nadie”. No obstante, la visión sobre los cambios en el Poder Judicial de la que habló Lorenzetti es distinta a la del Gobierno y a la del propio juez Eugenio Zaffaroni. Lorenzetti expuso dos ejes fundamentales. En primer término, se refirió a la necesidad de “acercar la justicia a la gente”. El magistrado consideró a que la situación actual retrotrae al sistema del siglo XIX, “cuando la gente iba al centro” en busca de los jueces. “Hoy ya no es así. Tenemos que poner a los jueces donde están los conflictos”, manifestó. El otro eje que expuso Lorenzetti tuvo que ver con la “celeridad” de la Justicia. “Son cambios organizativos. Una justicia más rápida es fundamental”, dijo el presidente de la Corte y agregó: “es un reclamo esencial de nuestro pueblo en todos los sentidos”. Respecto a las reformas en la Justicia, Lorenzetti llamó a que sea el mismo Poder Judicial el que se ponga al frente de las reformas, en contraste con la iniciativa que había corrido, hasta ahora, por parte del Ejecutivo. “Tenemos que estar en la delantera del cambio y no atrás”, manifestó el magistrado.
Vidal, vicejefe del Gobierno de la Ciudad, dijo en radio ‘La Red’ que acordaron que este no es el momento ideal para debatir una reforma de tales características. “Esto no puede estar atado a un proceso electoral ni tampoco puede ser utilizado como una herramienta política del oficialismo o de la oposición”, argumentó. La postura del PRO deja mal parado a Pinedo, uno de los cinco especialistas que debatió y firmó el anteproyecto de reforma que analiza el Poder Ejecutivo. El próximo paso será que el texto ingrese al Congreso para la discusión en ambas cámaras. Sergio Massa primereó a todos los líderes políticos y planteó que el texto que analiza la Casa Rosada beneficia a los delincuentes, baja penas para delitos graves, suprime la reclusión perpetua y elimina la reincidencia. Ahora el partido de Macri modificó su discurso y coincidió con que muchos de los cambios que se propician “son un disparate”. “Lo que necesitamos ahora es que la Policía gane bien, que haya más programas sociales y que la Justicia tenga herramientas. Para todo esto no hace falta un nuevo Código Penal. Esto no es algo urgente”, rubricó Vidal. Además de Pinedo, la comisión de reforma estuvo liderada por Eugenio Zaffaroni y conformada por León Arslanian, Ricardo Gil Lavedra y Elena Barbagelata, como bien explicábamos ayer. De acuerdo al decreto 678/2012, por el cual se conformó la comisión mencionada anteriormente, el Gobierno sostiene que las disposiciones del actual Código -sancionado en 1921- han sido “afectadas” por las múltiples modificaciones que se aplicaron durante noventa años.
“La coherencia originaria de las disposiciones del Código se ha visto afectada, a la vez que se ha alterado el equilibrio y la proporcionalidad que deben guardar entre sí las escalas penales de los distintos delitos”, sostiene la norma. “La excesiva actividad reformadora en materia penal también ha dado lugar a la adopción de una diversidad de normas represivas especiales no integradas al Código Penal, circunstancia que implica un alejamiento del mandato expreso de codificación contenido en el inciso 12 del artículo 75 de la Constitución Nacional, a la vez que obstruye la sistematicidad del régimen punitivo y, en definitiva, pone en cuestionamiento la vigencia del principio general del derecho que dispone que la ley se presume conocida”, agrega el decreto. ¿Cómo nació esta aberración y mamarracho judicial del proyecto de reforma? En el año 2004, el Ministerio de Justicia creó una comisión dedicada a “la elaboración de un proyecto de ley de reforma y actualización integral del Código”. De acuerdo al mencionado decreto, académicos trabajaron durante dos años para la creación de un anteproyecto, “pero el propósito reformador no pudo concretarse”. Es por eso que el 7 de mayo de 2012 se creó una nueva comisión. El 12 de febrero pasado la comisión presidida por Zaffaroni entregó a Cristina el anteproyecto, como bien se explica en nuestra 1ª Parte del artículo. Desde ese momento, la Secretaría de Legal y Técnica y el Ministerio de Justicia están trabajando en “correcciones” y “modificaciones” del texto que la Rosada enviará al Congreso. Todavía no está claro cuándo llegará al Parlamento o si habrá una instancia de discusión previa. En el oficialismo creen que el debate podría darse en el segundo semestre del año. Desde el massismo critican que el nuevo texto establece que el 82% de los delitos son excarcelables y que el 86% permitiría la suspensión del juicio a prueba. Además, sostienen que 146 delitos bajarían las penas, entre los que se destacan los homicidios agravados, torturas, secuestro, trata de menores, violación agravada, robo con armas, contrabando, tráfico de drogas y asociación ilícita, entre otros.
“Este código elimina la reincidencia, la reclusión y la prisión perpetua, la peligrosidad como agravante, crea innumerables atenuantes, prevé 6 penas alternativas de cumplimiento fuera de la prisión, le da amplias facultades al juez para reemplazar la pena de prisión, bajar el mínimo o directamente eximir de pena al delincuente, establece la caducidad de los registros de sentencias condenatorias, limita la persecución fiscal a la existencia de denuncia en casos tan comunes como el hurto o el robo con violencia”, cuestionó el Frente Renovador. Uno de los planteos de los opositores al nuevo Código es la desaparición de las condenas a perpetua, un punto sobre el que se diferenció Federico Pinedo. Zaffaroni argumentó que “la pena perpetua nunca existió en la Argentina” y Gil Lavedra dijo que “es un estándar en derecho internacional que las cadenas perpetuas son inhumanas y no existen en nuestro derecho positivo actual”. Pero entre otros puntos en discusión, hasta esta mañana el único bloque que había manifestado su total oposición al proyecto era el Frente Renovador. Otros bloques opositores como la UCR y el FAP cuestionaron aspectos como la eliminación de la reincidencia o la baja de penas. Es por eso que en las últimas horas se había comenzado a especular con que el Poder Ejecutivo pudiera adoptar esos pedidos para conseguir un consenso más amplio. Así y todo, hasta los integrantes de la comisión desconfían de “correcciones” del Gobierno. Lo dijo Pinedo antes de que Vidal saliera a despegar al PRO del Gobierno: “El kirchnerismo no es confiable”. El kirchnerismo en la Cámara de Diputados tiene una ajustada mayoría y una enorme dependencia de los aliados. La generación de un debate similar al que se produjo con la denominada “Reforma Judicial” y en un bloque con una conducción debilitada, podría dejar al Gobierno al borde de una derrota.

Es por eso que se maneja la alternativa de aceptar modificaciones o retrasar el envío del proyecto hasta que se calmen las aguas. Ahora, la posición del PRO vuelve a agitar las aguas más por intereses políticos que otra cosa. La defensa a ultranza de ayer o la oposición de hoy, son meramente coyunturales y para no darle el “centro de la escena” al massismo. Acaso, en medio de esta discusión entre aliados y opositores, defensores y detractores, ¿alguien debatió el verdadero propósito que persigue esta ley? ¿Cuál es la fundamentación, el objetivo, el plan que carga este anteproyecto? Hasta ahora permanece oculto, la explicación pendiente está perdida entre los tironeos políticos y los actuales funcionarios, ausentes: ¿donde está Julio Alak, ministro de Justicia de la Nación?; ¿Julián Álvarez, secretario de Justicia e integrante de La Cámpora? Eugenio Raúl Zaffaroni solo expuso su rostro para criticar a Sergio Massa. Lo mismo hizo el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. La autodenominada exitosa abogada y actual presidente de la Nación, Cristina Fernández, no ha siquiera intentado referirse a las bondades de la iniciativa que impulsa. El silencio incluye a otros integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿qué opina Carmen Argibay, la otra penalista del máximo Tribunal? Otros, como Federico Pinedo o Ricardo Gil Lavedra, que representan en teoría a la oposición, e integrantes de la comisión de reforma, no han explicado por qué creen que este anteproyecto es superador. Sobran críticas, sobran apoyos, faltan explicaciones. Allí se pierden los responsables…
Ayer conocimos la información sobre el asesinato de un hombre en los bosques de Palermo cuyo nombre primero trascendió como Carlos Gutiérrez, un colombiano de 40 años en cuyo cadáver se encontró marihuana y éxtasis, pero que ahora se sabe que en realidad se llamaba Jairo “Mojarro” Saldarriaga y era jefe de sicarios de Daniel “el loco” Barrera, considerado el sucesor de Escobar Gaviría. El asesinato de “Mojarro” fue público y perpetrado impunemente: al aire libre en los bosques de Palermo donde la balacera que ultimó al jefe de sicarios podría haber matado a inocentes. Se trata de un nuevo capítulo de la guerra de narcos que tiene como escenario a la Argentina y que por ahora no ha llegado a los extremos que se suelen apreciar en México con ahorcamientos y descuartizamientos de personas luego exhibidas públicamente. Según relata La Capital de Rosario, Saldarriaga buscaba instalarse en el país junto a una mujer porque ya habían intentado matarlo en más de una oportunidad y “estaba preocupado por su seguridad”. El abogado Germán Fliess Maurer fue quien confirmó ayer la identidad del ciudadano colombiano asesinado el martes. Según el letrado, su cliente estaba tratando de radicarse en la Argentina junto a una mujer porque ya habían intentado. “Me contactaron para asesorarlos para conseguir la radicación en Argentina. El me dio su nombre verdadero para ver cómo podíamos hacer la radicación. Me dijo que no tenía deudas con la Justicia y ninguna solicitud de Interpol pendiente”, aseguró el abogado que ahora parece enterarse de la verdadera historia de su cliente. Jario Saldarriaga tenía 39 años y hasta no hace mucho tiempo fue miembro de las Fuerzas Armadas Republicanas de Colombia (Farc), el ejército guerrillero que durante varias décadas mantuvo en jaque a los gobiernos de ese país con operaciones de secuestros extorsivos y narcotráfico. Allí militó en los frentes 43 y 27. En 2000 cayó preso y fue acusado de secuestro extorsivo, robo calificado y concierto para delinquir. Su nombre fue incluido por la guerrilla en su lista de prisioneros “canjeables”, lo que no fue aceptado por el gobierno colombiano. Recuperó su libertad en 2004 y entonces empezó su relación con el capo narco Daniel El loco Barrera, quien está prófugo y según las autoridades del país caribeño operaría desde algún lugar de Venezuela. Con los años se convirtió en jefe de los sicarios del cartel y comandó un ejército de 20 asesinos.
Pero algo pasó en febrero del año pasado entre Barrera y su lugarteniente. Según el capo narco, Mojarro se quedó con un cargamento de 500 kilos de cocaína que tenían a México por destino y se los entregó a la policía. Por eso juró venganza y puso a trabajar a sus sicarios para que encuentren y maten a quien fuera su jefe. El primer intento ocurrió el 31 de mayo de 2011 en una cancha de fútbol 5 de la localidad colombiana de Villavicencio, a 90 kilómetros de Bogotá. Allí un grupo que se movilizaba en taxis y motos acribilló a todos los presentes. Hubo seis víctimas inocentes pero Saldarriaga salió ileso y desapareció. Los investigadores colombianos estiman que Mojarro fue quien comandó el 24 de junio de 2008 en el estacionamiento del shopping Unicenter de la localidad bonaerense de Martínez el crimen de dos ciudadanos colombianos. Aquel día fueron acribillados a balazos Héctor Duque Cevallos, alias Monoteto y enemigo de Barrera Barrera; y un supuesto guardaespaldas, Jorge Alexander Quintero Gartner. Ambos habían pertenecido a la Defensas Unidas de Colombia, un ejército paramilitar que supo enfrentar a las Farc. Sobre El Loco Barrera, éste fue capturado el 18 de septiembre de 2012 en Venezuela. Fue uno de los jefes más importantes de las Bacrim (Bandas Criminales Emergentes al Servicio del Narcotráfico), por lo cual a veces se le da el título de narcoparamilitar, al igual que “Don Mario” y “Cuchillo”, aunque sus relaciones con las Auc no fueron más que de negocios, así como también con los 15 frentes de la guerrilla de las Farc que operaban en la región de la Orinoquía, donde ha sido siempre su principal punto de operaciones. El presidente Juan Manuel Santos lo calificó como el último gran capo tras su captura. Pero según el portal Semana.com, este narco ya había sido destronado a sangre y fuego por un personaje, que, como ocurrió con Barrera en su momento, es un completo pero peligroso desconocido. Se trata de un hombre de apellido Pachón, conocido con el alias de “Puntilla” y hoy es considerado por las principales agencias antidrogas nacionales y extranjeras como el reemplazo de Barrera.
“Puntilla” Pachón tiene un poco más de 40 años de edad y en el mundo de la mafia es un viejo conocido. Comenzó a trabajar como uno de los palafreneros del cartel de Medellín, en donde empezó a conocer los secretos del negocio de la droga. De allí pasó por una temporada en las filas del cartel de Cali y cuando apenas superaba los 30 años, se instaló en el departamento de Meta, donde rápidamente se enroló con el capo que dominaba el negocio del tráfico de drogas en Bogotá y el oriente del país: el ‘Loco’ Barrera. El asesinato de Saldarriaga es apenas otro ejemplo de la guerra de narcos que se trasladó a nuestro país. El caso emblemático es Rosario, donde la organización Los Monos, construye fastuosas viviendas en Santa Fe y Claudio “Pájaro” Cantero, hijo del patriarca del clan, ya fue asesinado a balazos el año pasado. Pero además de Los Monos, operan Los Garompas y Los Gardelitos, aunque otras permanecen aún en el anonimato. En setiembre de 2013 se entregó en Córdoba un jefe policial vinculado a los narcos. Se trata de Gastón Bustos, a cargo de una brigada de Drogas Peligrosas. Está sospechado por la desaparición de 30 kilos de marihuana. Su expediente se suma al de los narcopolicías. En Salta, bandas narcos roban autos de lujo para canjearlos por cocaína. Brigada de Investigaciones de Rosario de la Frontera, Salta, desarticuló en noviembre una banda que se dedicaba al robo de autos de alta gama para canjearlos por cocaína para el tráfico en esa provincia. Hubo dos detenidos, de los cuales uno sería familiar directo de un capo narco del norte de la provincia y el sur de Bolivia. Los narcos también invierten en jugadores de fútbol, como en el caso Correa donde el juzgado santafecino que investiga a la narco Banda de Los Monos investigó si la propiedad de los derechos federativos del volante Ángel Correa (hoy día en el Club Atlético San Lorenzo de Almagro), había una participación de la familia Cantero. Luego de confirmarlo, el juez de Instrucción Juan Carlos Vienna trabó un embargo al club de Boedo sobre todo dinero que provenga del uso de los derechos federativos del futbolista, bajo advertencia de acciones penales contra los responsables de la entidad azulgrana. Hay muchos más ejemplos de la guerra narco y sus ramificaciones en la Argentina que llegan hasta lo más alto del Poder. ¡¡Y todo ocurre en un contexto de debate de un Código Penal donde se atenúan las penas relacionadas al narcotráfico!!

The World Justice Project dio a conocer los resultados de un trabajo denominado Índice de Imperio de la Ley, por el cual se analizan diversos aspectos del funcionamiento del Poder Judicial en cada país y del Estado. Algunos de los aspectos medidos son por ejemplo la apertura del Gobierno, la corrupción, regulaciones, derechos fundamentales y orden y seguridad. En este último aspecto es donde la Argentina obtuvo el peor resultado ubicándose en el puesto 83 de 99 países evaluados. El World Justice Project (WJP) es una organización independiente y multidisciplinaria que trabaja para hacer avanzar el estado de derecho en todo el mundo, lo que proporciona la base para oportunidades y la equidad – comunidades que ofrecen un desarrollo sostenible económico, gobierno responsable, y respeto de los derechos fundamentales. En la calificación general –sumando todos los aspectos medidos- la Argentina quedó en la mitad del ranking global sobre solidez del imperio de la ley. En cuanto a lo positivo, nuestro país logró buenos puntajes respecto de los otros países de América latina y del mundo en el respeto de derechos fundamentales, como la vida, la libertad de religión o de expresión, en la efectividad de la justicia civil y en ausencia de corrupción. Pero en cuanto al orden y seguridad, quedó rezagado: ocupó el décimo entre 16 países de América latina, y cayó hasta el puesto 83 entre los 99 países relevados en todo el mundo. “La Argentina no tiene crímenes de tan alto impacto, como homicidios, sino que vemos mucho el asalto, los motochorros. Son alarmantes las altas tasas de robos en casas, entre las más altas de la región”, dijo al diario La Nación, Alejandro Ponce, uno de los autores del Índice de Imperio de la Ley.
El índice es único no sólo porque mide ocho variables en 99 países del mundo a través de encuestas a 1000 personas en las ciudades más importantes de cada país, además de entrevistas con 2400 expertos de todo el mundo. En la Argentina, la encuesta se realizó en Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Los países escandinavos se ubicaron en los primeros puestos. Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia lideraron el ranking, en ese orden. En América latina, Uruguay y Chile fueron los países mejor posicionados (quedaron en los puestos 20 y 21, respectivamente). Venezuela fue el peor de la región y del mundo: ocupó el último lugar. “El principal problema es la concentración de poder en manos de la Presidenta. Hay un deterioro, si bien no es de un año a otro. La Legislatura o el sistema judicial no son tan fuertes como en otras partes con el mismo nivel de ingreso”, apuntó Ponce. En ausencia de corrupción, la Argentina quedó cuarta en la región, detrás de Uruguay, Chile y Brasil. Venezuela, Bolivia y México fueron las naciones con peor puntaje en América latina. “En corrupción, la Argentina no sale tan bajo, comparado con otros países de América latina. En términos de coimas, la Argentina rankea mejor que los otros países. El problema de la corrupción está en las esferas más altas, ahí sí hay puntajes muy bajos”, dijo Ponce. En tanto, días atrás advertimos que el Gobierno tapó durante años la inseguridad con el crecimiento económico, pero la bonanza se desinfló de tal manera que ahora la escasez tapó a la inseguridad. Un sondeó mostró que el 37,7% de los encuestados puso en la economía su principal preocupación. El 26,7% la mantuvo en el delito. Así lo reveló una encuesta de la consultora Raúl Aragón & Asociados conocida el 11 de febrero. En enero se produjo también el desplome de la preocupación por la inseguridad. En noviembre, más de la mitad de los encuestados (51,2%) la había señalado como principal cuestión. En diciembre, ese número bajó a 42,9 por ciento. Sin embargo, el descenso más abrupto ocurrió el mes pasado, con una caída de más de un tercio: la delincuencia fue elegida “apenas” por el 26,7% de las personas relevadas. Aragón aclaró por entonces a Infobae que la caída no se produjo por una menor cantidad de crímenes. “El impacto de la inflación y la evolución del dólar es tan intenso y preocupante que la inseguridad tuvo un fuerte descenso. Pero eso no significa que haya menos preocupación por el delito”, explicó.
¿Hace falta que demos alguna otra explicación? ¡¡La daremos en la 3ª y última parte!!

PARTE 3ª

La sociedad argentina se pronunció en contra del proyecto de nuevo Código Penal que Cristina Fernández enviará al Congreso para su sanción este año. El presidente de la Corte Suprema admitió que “el Poder Judicial no es de maravilla” y que “tenemos que transformarlo”. Jesús Cariglino, intendente del municipio Malvinas Argentinas e integrante del Frente Renovador, advirtió que es muy preocupante la tolerancia extrema de los redactores del anteproyecto de nuevo Código Penal, en materia de la edad de imputabilidad de los delincuentes. Raúl Acosta expresó respecto de Zaffaroni “(…) ¿Cuánto cuesta un kiosco, cuanto rinde por mañana, por tarde, por noche? ¿Cuanto cuesta un comisario? ¿Vida útil de un soldadito? ¿La tarifa de los jueces, de los camaristas? ¿Cuanto cuesta el abono de los bogas? ¿Que fracción indivisa de sociedad nos queda para rechazar el miedo urbano, el código narco, la justicia del traficante? Nada. No sabe nada. (…)” Francisco Pérez, gobernador de Mendoza se mostró impotente ante el avance del narcotráfico en su provincia y cargó la responsabilidad sobre la Justicia. A su vez Elisa Carrió volvió a vincular a Aníbal Fernández con el ingreso del narcotráfico a la Argentina, asegurando que “no hizo nada” cuando fue advertido sobre el ingreso de los carteles mexicanos de la droga al país. También apuntó contra Jorge Milton Capitanich. “Pregunten de dónde sacan dinero los políticos del norte y van a tener la respuesta”, desafió.

Pareciera redundante, pero recién ahora, y como el cristinismo buscó instalar un tema que desplace por unos días, o semanas la “realidad de la crisis económico-social y política” reinante, nos vemos abocados a una discusión que debiera haberse dado hace por lo menos más de un quinquenio, cuando Argentina paso de ser ruta y pequeño consumidora a gran consumidora (3ª en Latinoamérica) y “productora” de estupefacientes. En nuestros dos artículos precedentes fuimos desgranando algunas (apenas) de las discusiones imprescindibles que nos debemos los argentinos. Federico Pinedo, Ricardo Gil Lavedra, León Arslanián y Eugenio Zaffaroni: grandes perdedores de la primera ronda del anteproyecto que ellos redactaron de nuevo Código Penal. En cuanto a Cristina, ella ya perdió dos veces en 2013, ya está afuera de la cancha (y sin contar la estanflación). Pero Eugenio Raúl Zaffaroni, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -colectivo en el cual más de una vez obligó a recular a Ricardo Lorenzetti-; ídolo universitario y experimental del abolicionismo penal; estrella del Frente para la Victoria (donde ya lo mandaron a medir en las encuestas, cruzando los dedos a ver si tiene una popularidad similar a la de Daniel Scioli, a quien nunca terminan de tragar), es el gran perdedor. Y perdió en su ley (un anteproyecto de Código Penal, no el alquiler de viviendas para sexo pago ni algún olvido tributario. No, un Código Penal), que lo desnudó a él y su ego grandilocuente, como inocentones, gente sin comprensión de los problemas modernos, (descuidistas intelectuales, diría Oberdam Rocamora; imberbes los llamaría el General), académicos que nunca salieron del claustro.
A propósito: escribe Raúl Acosta “El doctor Zaffaroni es, en política partidaria, uno de los mejores logros de la dinastía Kirchner. Demuestra que el grupo K tuvo algo más que pujos “cincuentistas y setentistas”. En el juego de error y acierto de los “muchachos kirchneristas” Zaffaroni fue un superacierto. Es Zaffaroni, con su presencia en la Corte Suprema quien permite que ésta, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo más alto de uno de los tres poderes constitucionales, adquiera una humanidad que otros integrantes negaron siempre. Muchos jueces actúan como obispos, un besamanos y un silencio de pecadores debe rodearlos para vivir según usos y costumbres. Eso piden, a eso estaban acostumbrados. Este juez los altera. A la vieja justicia la igualdad la asusta Zaffaroni trae sus modulaciones existenciales. Su trabajo proletario, con visita a cárceles, a presos. Su saga de defensas y afectos es emocionante. Es su espalda. La otra espalda. No sus libros y artículos publicados. Su forma de vida apasionada y visceral, profundamente humana, es fenomenal. Su presencia exalta valores del siglo XX que estuvieron descuidados. El doctor Zaffaroni aparenta una actualización del liberalismo finisecular. Un bellísimo ejemplar del humanismo que viene acompañándonos desde Atenas. Zaffaroni sería un perfecto ateniense. También un fundador de clubes señoriales en la Inglaterra de Dickens. Es bajo esa circunstancia, “todos somos hombres circunstanciales”, según Ortega y Gasset, que se lo puede observar. Quien observa prejuzga. Basado en ese prejuicio, afirmo que Zaffaroni es un ignorante de cuestiones del siglo XXI. No es lo suyo ni el miedo urbano, ni la constante suspensión del equilibrio social, ni el comportamiento corrupto de los funcionarios públicos, ni el agobio mediático que provoca una realidad virtual desapacible. No creció intelectualmente para eso y la vida cotidiana hace tiempo que no es lo suyo. Llevo una ventaja, sé que ignoró todo, por lo tanto algo sé. El doctor Zaffaroni sabe tantas cosas que no se da cuenta que ignora el país profundo. Sucede a menudo con los grandes hombres. Su admirada CFK es un ejemplo diario de esta contradicción. A CFK y al doctor los une la lejanía de la calle. El país profundo está en la calle del siglo XXI. Consecuencia: una mirada diferente sobre los hechos diarios. Veamos uno. Supongamos. Solo supongamos. Una pareja es asesinada en la calle de 12 balazos. Armas raras, poco comunes, ejecución insólita según viejas costumbres de peleas, heridos, muertes y asesinatos. “Debe ser un ajuste de cuentas de narcotraficantes. Es un crimen narco. Se quedó con el vuelto de algún capo. No cumplió la orden recibida. Traicionó. Esta gente es así”… En la suma de presunciones está todo. Justificamos, presumimos, aceptamos. En ese universo narco, es así. ¡¡Universo narco!!”
“Está claro que aceptamos la narco criminalidad, el narco traficante, el dinero narco entrando en la alforjas, los bancos, la construcción… la política. La escuela, el barrio, la asistencia social, la dádiva narco. Hay más. Es lícito que en el universo narco una traición se pague con la vida. Ni bogas ni fiscales. Nada. El que traiciona las paga. Está bien, son así. Caramba: ¿no es eso un código de vida? ¿No es eso una forma de vida? ¿No es eso, por ser una forma de vida, una sociedad con su lenguaje, sus leyes, su… Código…? ¿De qué modo se define una sociedad, una patria? En muchos casos no hace falta territorio. Lenguaje y código son sustanciales. Moneda. Hermandad. Esa forma de vida se desarrolla en mitad de otra, la que del siglo XX llegó hasta esta mañana, en que mataron a la pareja narco, cuando muchos vieron el cadáver de la esperanza, la instalación del miedo urbano. Los crímenes narco plantean un furioso interrogante ¿Qué leyes juzgarán a una organización social que ya está dentro nuestro y cuidado, con la aceptación absoluta? En el mundo narco esa muerte es justa. Traicionó. No cumplió. Lo mataron. Chau. Todos lo entendemos ¿Qué falta desde entender hasta aceptar y. luego, participar? ¿Es que no se ve que aceptamos lo duro, brutal, liso y llano del crimen y el castigo en sociedades elementales…? ¿Es que no se ve que entendemos – aceptamos – que entre “ellos” debe ser así …? Conocer el lenguaje es participar. El que participa pertenece. ¿Es que no se ve? Sí, se ve. Es en esa visión que negamos donde debemos entender que cualquier reformulación del modo del crimen y su castigo se escapa del híper humanismo de Zaffaroni, de sus experiencias personales en el siglo XX y lo que Argentina necesita. Zaffaroni es un abolicionista pero refiere a una sociedad pre Blumberg; después de Blumberg, el populismo judicial pide muertes, Talión, sin jueces ni defensores. Narco justicia para todos. Pronto. Ya. No importa que mañana el acusado sea yo. Es en esta Argentina populista, con piquetes buenos y malos y corrupción estructural camuflada donde Zaffaroni propone reformas a las penas y otra calificación de los delitos. La Argentina de los delitos administrativos que volvió ricos a los ladrones y que sigue sosteniendo a ese mal amigo al que todos citamos, el viejo Vizcacha. “La ley es tela de araña…” Zaffaroni no pide la imprescriptibilidad de los delitos económicos. No le interesa.

“Zaffaroni los enfurece. Al populismo judicial lo enfurece. Resulta muy, pero muy contradictorio, es el populismo kirchnerista el que lo sumó a los Obispos de la Corte. Zaffaroni es un Zaspe, un Angelelli. Un obispo del populismo que reniega del populismo judicial. Recontra re mil contradictorio. Justo ahora, que el grupo K quiere volverse manso y se revuelve en su mar de pensamientos cruzados, piquetes castigados y valijas desmemoriadas. El doctor Zaffaroni es un neo Vizcacha que nos cuenta la inutilidad del castigo. Merecería vivir donde quería Aldous Huxley que nos quedásemos. Sus dichos lo ponen en plan de amigo del ayer que propone un mañana diferente. Las prostis, el cafiolo, el bulín, el departamentito, los violadores, los ladrones a repetición sin prontuario. Ese es un mundo, en ése mundo Zaffaroni hay una sociedad no contemplada. Dejó afuera el hoy, perdió el mañana. Reformas en el Código Penal es un eufemismo, en rigor es reformas en la forma de vivir, mi forma de vivir. Debemos incorporar el código narco, la sociedad narco existe. Atentos. Pedir una vida posible en el patio del Emilio jacobino es pedir un imposible y ponerse a ejecutarlo. Zaffaroni no sabe nada de la vida del siglo XXI. No ha visto, siquiera, la vacuna mediática que nos mandan con la saga de Pablo Escobar en tevé abierta y con críticas fenomenales. Pareciera un muy mal chiste. ¿Cuánto cuesta un kiosco, cuanto rinde por mañana, por tarde, por noche? ¿Cuanto cuesta un comisario? ¿Vida útil de un soldadito? ¿La tarifa de los jueces, de los camaristas?¿Cuanto cuesta el abono de los bogas? ¿Que fracción indivisa de sociedad nos queda para rechazar el miedo urbano, el código narco, la justicia del traficante? Nada. No sabe nada. Y señoras y señores: menos mal que no sabe nada. Es un alma pura en un universo infectado. Dios lo salve pero si, como yo, no cree en dioses, en bultos que se menean, en nada, que la sagrada ignorancia le impida pasearse por los nuevos arrabales, que no son aquellos, ni lo serán. En estos arrabales se cincela la sociedad de la segunda década. La del narco licitante y narco funcionario. La del país arrasado donde una vida no vale nada. Si Zaffaroni no lo sabe, bueno, pues, no sabe nada.
Mientras el gobernador de Mendoza, Francisco “Paco” Pérez, se mostró impotente ante el avance del narcotráfico en su provincia y cargó la responsabilidad sobre la Justicia. Pérez dijo que cuando se trata del tema drogas su gobierno “tiene las manos atadas” e inmediatamente retrotrajo a aquella mención de Daniel Scioli que le valió el reto público de Néstor Kirchner. Al mismo tiempo, el gobernador pidió mayor colaboración por parte del Poder Judicial. “Queremos que tomen la iniciativa”, dijo respecto a los jueces en el marco del agasajo a las candidatas a reina de la Vendimia, según informó elsolonline.com. “Nosotros estamos con las manos atadas, totalmente. El lunes voy a informar para que toda la política de Mendoza pueda actuar”, dijo, según informó “Mdzol.com”. Los comentarios de Pérez se producen cuando Mendoza aparece como un foco del accionar narco con una seguidilla de muertes violentas. Recientemente trascendieron hechos vinculados con la banda denominada ‘Los angelitos de la “Yaqui”, a la que acusaron por las amenazas a periodistas del diario “El Sol”. Pérez abogó porque los magistrados provinciales puedan meterse de lleno contra estas organizaciones criminales porque, aseguró, “tenemos más que elementos sobrados para que se actúe por asociación ilícita, por instigación al delito, por tentativa de homicidio, por homicidio”. Se trata de delitos que sí pueden ser investigados por los jueces provinciales. “Lo importante es que la justicia actúe”, aseguró Pérez. “Hay elementos sobrados para actuar por asociación ilícita, homicidio y otros delitos”, insistió. “Tienen que tomar la iniciativa porque no hay una mesa de coordinación en la lucha contra el narcotráfico entre la Justicia Federal y la Justicia Provincial”, se quejó, como si de él no dependiera la seguridad provincial. A su vez el intendente Jesús Cariglino en momentos en que el país está sumido en un clima de inseguridad, a tal punto que el Ejecutivo Nacional tuvo que recurrir a retirar las fuerzas de seguridad de las fronteras y enviarlas puertas adentro, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner no tuvo mejor idea que proponer una reforma al Código Penal que, en lugar de hacerse eco de la realidad, toma un camino decididamente opuesto: lejos de proponer soluciones para disuadir al delincuente pareciera alentarlo y garantizarle impunidad.
Desde mi lugar, como intendente municipal de este joven distrito, no voy a avanzar en un análisis extenso y complejo, que compete a profesionales capacitados al respecto. Pero no pasaré por alto, un punto que ha sido motivo de permanente discusión en nuestro país, la edad de inimputabilidad de los menores. Mucho se ha escrito y discutido sobre la posibilidad de reducir la edad de imputabilidad de los menores de 16 a 14 años. Se esbozaron razones en pro y en contra, quedando hasta la fecha suspendida la decisión sobre la conveniencia o no de llevar adelante esta readecuación. Sin embargo, lo que nunca estuvo en debate fue la “posibilidad”, de elevarla edad de inimputabilidad. Pensar que hoy un “adulto” de 18 años no es una persona capaz de discernir sobre sus actos, mas allá de ser un insulto a nuestra inteligencia, pareciera una provocación más de las tantas a las que ya nos tiene acostumbrados este gobierno. El anteproyecto de reforma dispone en su art. 4º inc. 2: “Este código se aplicará a los hechos cometidos por mayores de 18 años…El régimen penal de menores se establecerá en una ley especial”. En otras palabras, sea porque son inimputables o porque están fuera del ámbito personal del código, los menores de 18 años para la reforma, son impunes. Luego, en lugar de adecuar la ley a los tiempos y realidades que corren, donde hoy nuestros jóvenes tienen un desarrollo y un manejo muy superior al de años anteriores, el proyecto del gobierno, busca aumentar la edad de inimputabilidad. Pero ni siquiera se agota allí la cuestión: también establece como atenuante, ser menor de 21 años. Es decir, que mientras nos encontrábamos discutiendo si se disminuía o no, la edad de inimputabilidad, sorprendentemente, este gobierno decide primero elevar la edad a 18 años, y luego fijar como atenuante ser menor de 21 años. Y agradezcamos que no fue todavía más allá, pues llegó a considerar elevarla a 25 años. Está a la vista, que el gobierno sigue negando la realidad, que quiere hacernos creer que la inseguridad es tan solo una sensación, que no existe el narcotráfico, y que la mayoría de edad que establece nuestra ley no es suficiente para ser responsables de nuestros actos. Dios quiera que este proyecto no avance, que nuestros representantes no evadan, ni se hagan los distraídos respecto de la realidad que nos rodea, y que escuchen el reclamo social, para así plantear las modificaciones necesarias que adecuen el proyecto a la crítica y situación real en la que vivimos todos los argentinos.
“El eje de la política fue dejar penetrar a los narcos. Y este eje de la política tiene como responsable número uno a Aníbal Fernández”, lanzó este viernes (7 de marzo) Elisa Carrió, en diálogo con el periodista Marcelo Longobardi en radio Mitre. Según acusó la diputada Carrió, cuando Fernández fue ministro del Interior, de Justicia y jefe de Gabinete en distintos períodos durante los gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, fue advertido sobre el ingreso de los carteles mexicanos de la droga al país y “no hizo nada”. “El negocio de la efedrina que se exportaba a México era de tres personas ligadas al Gobierno, entre ellos Aníbal Fernández. Una persona de su intimidad es la que mataron en General Rodríguez”, señaló la integrante de Unen.
Esta no es la primera polémica entre Carrió y Aníbal Fernández, quienes incluso llegaron a enfrentarse en tribunales por sus declaraciones públicas. El senador cristikirchnerista llegó decir en una radio que la legisladora “no tiene los patitos en fila”. Carrió reveló que los narcotraficantes que ingresan a la Argentina lo hacen a través de la solicitud de asilo político, -omitiendo dar nombres como “Sendero Luminoso” de Perú, y algunos otros-. Sospechados en sus países, deciden probar suerte en el sur del continente, donde sus expedientes son cajoneados y nunca resueltos. Así tienen libertad para transitar la Argentina como cualquier otro ciudadano. Además, recordó que la ruta nacional 34, conocida como “la ruta blanca”, es la que transitan habitualmente las mafias que transportan drogas desde el norte del país. Denunció que en las cercanías de esta vía se están formando “pequeñas comunidades de colombianos” que están vinculados con el negocio narco. También apuntó contra el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, a quien cuestionó que “mire para otro lado” y no hable de las pistas clandestinas que existen en su provincia, Chaco, pudiendo agregarse a lo dicho por esta diputada marketinera, pero que suele decir verdades: como las de Santiago del Estero, las de Tucumán, Catamarca, Salta, Jujuy y La Rioja. O las de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, Corrientes y Buenos Aires (esa de la que nadie habla ni comenta). “Pregunten de dónde sacan dinero los políticos del norte y van a tener la respuesta”, desafió Carrió. La diputada aseguró que Rosario es una ciudad “tomada por la droga” y que las muertes por las guerras entre distintas bandas se trasladarán en un futuro a la Ciudad de Buenos Aires y al Conurbano. Muestra de ello es el crimen de esta semana en Palermo, donde asesinaron a balazos a un supuesto jefe de una banda de sicarios. “Nuestra Nación se convirtió en productora, no en gran escala, exportadora de efedrina, que es un elemento necesario para producir la coca, productora de productores químicos como el éxtasis, que mata, y gran consumidora, segunda en proporción después de los Estados Unidos. Esto no se hace sin la complicidad de un Gobierno”, completó, dejando en claro algo que cualquier ser intelectualmente despierto y consciente conoce y reconoce.
¡Tanto como que se largo el tema para tapar la crisis económico social y política de CFK!

PARTE 4ª (y última de la serie)

La sociedad argentina se pronunció en contra del proyecto de nuevo Código Penal que Cristina Fernández pensaba enviar al Congreso para su sanción este año. El presidente de la Corte Suprema admitió que “el Poder Judicial no es de maravilla” y que “tenemos que transformarlo”. La Casa Rosada desestimó la propuesta de Sergio Massa para realizar una consulta popular sobre la modificación del Código Penal, pero casi 6 de cada diez consultados se manifestó de acuerdo con realizar un plebiscito en este sentido. Interesantes datos de la encuesta de Raúl G. Aragón & Asoc. sobre el tema en cuestión. El rumor trascendió y parece cada vez tomar más fuerza, este miércoles 12 de marzo se supo que Cristina Fernández no enviaría al Congreso de la Nación el anteproyecto, las razones por lo que podría dar marcha atrás serían diversas, una de ellas es la poca aceptación que tienen las modificaciones en la opinión pública, en momentos donde las encuestas señalan que las mayores preocupaciones de los ciudadanos son la inseguridad y el crecimiento del narcotráfico, bajar penas fue profundamente rechazado por sectores de la sociedad. La oposición tomó peso propio y en la Casa Rosada miran con preocupación, como lograron cambiar la agenda de uno de los proyectos que Cristina mencionó en la apertura de las sesiones legislativas del 1º de marzo.

La diputada Graciela Camaño criticó este martes 11 la modificación del Código Penal que impulsa el Gobierno nacional, al asegurar que “en este Código, Zaffaroni parece ser el sastre de Boudou, porque le está confeccionando un traje de impunidad espectacular”. “Si no perseverábamos en la necesidad de que la gente nos acompañe con su firma, este proyecto de Código Penal salía tal cual estaba planteado”, destacó la diputada del Frente Renovador, que señaló a Sergio Massa como el hombre que impulsó el rechazo a la propuesta. La respuesta de Zaffaroni, que mandó a estudiar al ex intendente de Tigre, motivó la réplica de Camaño: “Nosotros tratamos de traducir a un lenguaje sencillo, de comprensión, una cuestión muy compleja como es un código, que es una de las piezas más difíciles del Derecho”. “Pusimos énfasis en las 146 penas que se reducen porque de esta manera el Código es una avenida que le abren al delito”, explicó a la legisladora opositora. “Si a esto se le suma la ley de irresponsabilidad del Estado, que tiene media sanción de diputados, la cual le quita la culpa a los funcionarios públicos, se arma el combo perfecto para proteger a los integrantes de este Gobierno”, sentenció. En declaraciones a radio La Red, la aguerrida diputada nacional Graciela Camaño apuntó: “Con esta reforma, el kirchnerismo se está asegurando una salida impune del poder porque en el Código se tratan los delitos sobre administración pública, con extinción de sanciones y penas mientras el funcionario esté desempeñándose en un cargo público”. “Al amigo Boudou con este Código le están corriendo los tiempos procesales, con lo cual tranquilamente puede terminar su función de vicepresidente y todos los argentinos nos podemos encontrar con que ya no lo podemos investigar más, porque lo que le pasó fue mientras era ministro de economía, pero ahora los tiempos le corren y él es vicepresidente”, alertó la diputada. Recordemos que Massa aseguró que las modificaciones “benefician a los delincuentes porque disminuyen las penas”, lo cual fue negado por el ministro de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, quien encabezó el equipo redactor del texto de reforma. El juez de la Corte aconsejó, irónico, al líder del Frente Renovador que “vuelva un rato a la facultad de Derecho y lea los libros que no muerden”. Aseguró que “no es cierto que se elimina la prisión perpetua” porque esa figura en realidad nunca existió en la Argentina. Este fin de semana, después de la Asamblea Legislativa, el Frente Renovador anunció su intención de convocar a una consulta popular para conocer si los argentinos están de acuerdo con la reforma. “Se consolida la ley de la puerta giratoria, es un mecanismo que piensa en el reo y no en la gente, elimina la reincidencia, se acaban los premios y castigos; es lo mismo el que roba una vez que el que lo hace diez”, dijo Massa este lunes.

Cuando la reforma del Código Penal está en el centro del debate, una encuesta de opinión realizada por Raúl G. Aragón & Asoc. arroja datos interesantes. Por un lado, casi 6 de cada diez consultados se manifestó de acuerdo con realizar una consulta popular respecto del nuevo código penal. Cabe destacar que esta justamente era la idea de Sergio Massa, realizar un plebiscito para que los ciudadanos expresen si aprueban o rechazan la reforma, pero el kirchnerismo se opuso de plano. Fue el ultra cristinista Horacio Verbitsky quien realizó la defensa más esperada del anteproyecto de Código Penal. “Un inconstitucional plebiscito sobre la graduación de las penas para los distintos delitos impulsado por el diputado Sergio Massa; la definición del narcotráfico como el principal problema que afecta al estado de derecho formulada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia en un aventurado discurso político y la insistencia de enfrentar la inseguridad llevando a los cuarteles militares a los jóvenes de 18 a 24 años que no estudian ni trabajan, formulada por Julio Cobos, a quien se le ofreció la presidencia de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados son tres puntos notorios de una recta inquietante, que conduce hacia soluciones simples y de potencial represivo para problemas complejos y multidimensionales. Completa el panorama la anunciada audiencia de la presidente CFK con el Papa Francisco dentro de diez días”, escribió en Página/12.
Y continuó: “Las opiniones se dividen entre quienes subrayan que Massa desconoce cuestiones básicas reguladas por la Constitución Nacional, que no permite modificar la ley penal por votación popular, y aquellos impresionados por sus reflejos de predador electoral y su falta de escrúpulo, que le permitieron poner a la defensiva al resto de las fuerzas políticas, acunado por los grandes medios de comunicación. La prohibición constitucional fue fundamentada por el ex presidente Raúl Alfonsín en la Convención Reformadora de 1994 porque, dijo, en ciertos momentos los medios pueden propiciar un arrebato de la opinión pública que implante hasta la pena de muerte para cualquier delito. La idea de que el anteproyecto de la Comisión multicolor, que hasta ahora el Poder Ejecutivo no ha hecho propio, reduce penas para los más graves delitos y los hace excarcelables es inexacta: por un lado, es mayor el número de delitos cuyas penas se incrementan y por otro, el Código Penal no regula las excarcelaciones, cosa que cada Estado provincial hace en su exclusivo Código Procesal”. Por otra parte, casi 9 de cada diez consultados se mostró contrario a la eliminación de la reincidencia. Solo el 8,7% sostuvo la opinión contraria. Cabe destacar que la eliminación de la residencia como agravante de la pena y como condicionante para la libertad condicional es uno de los puntos más polémicos del anteproyecto de reforma del Código Penal elaborado por la comisión designada especialmente para modificar la norma, que podría ser tratado en el Congreso. Con respecto a los piquetes, el 62,2% manifestó estar de acuerdo con promulgar una ley que limite o impida los cortes de calle. Este porcentaje llega a 77% entre los miembros del sector de menores recursos. Recordemos que Cristina Fernández había pedido durante su discurso al inaugurar las sesiones ordinarias en el Congreso una ley para impedir piquetes, una de las medidas del Gobierno para invisibilizar la protesta social creciente. “Los resultados de este estudio, aunque discretos por la brevedad del cuestionario, podrían sugerir que el público en general desea orden y participación y se oponen radicalmente a la noción de una justicia “blanda””, asegura el informe.
Horacio Jaunarena, ex ministro de Defensa de Raúl Alfonsín y de Eduardo Duhalde, y con posiciones encontradas con sus correligionarios, fue entrevistado por Raúl “Bigote” Acosta, por LT3 de Rosario y habló sobre el narcotráfico, un tema que -pese a quien le pese- ya está instalado en la agenda. El ex funcionario opinó inteligentemente que erradicar el lavado de dinero es clave para combatir el narcotráfico. Y se manifestó en contra de movilizar a las Fuerzas Armadas para la lucha contra los narcos. A continuación, la interesante entrevista: Raúl Acosta: Sé que usted es muy cercano a Rosario. ¿Cómo está viendo la ciudad? Horacio Jaunarena: Bien. Hace un tiempo que no voy, pero me preocupa un poco el nivel de violencia que ha alcanzado la convivencia en Rosario, sobre todo a partir de los aparentes ajustes de cuenta que hay entre bandas de narcotraficantes. Al mismo tiempo la he visto crecer, la he visto desarrollarse, está con una costanera hermosa. Así que es un sentimiento ambivalente. RA: Estoy insistiendo en que se viene una narco sociedad, en donde los roles de justicia, de juicio previo y leyes, del bien y el mal, están totalmente cambiados con respecto a lo que es nuestra forma de vivir, que esa narco sociedad está cambiando reglas de juicio, está cambiando valores, está cambiando criterios y esto es muy peligrosos. ¿Ve usted algo de eso? HJ: Yo lo veo también con preocupación. Y creo que el mayor de los esfuerzos es tratar de evitarla. En ese sentido, cada día que pasa, si se difiere el planteo de una lucha en serio es todo más complejo. Es decir, si el fenómeno del narcotráfico, que en Argentina está instalado, su lucha, se hubiera iniciado hace dos años atrás evidentemente no hubiera crecido como creció y no sería tan difícil erradicarlo como lo es ahora.
RA: Usted dice “lucha en serio” y me parece una palabra fundamental. Pero usted también ha dicho que las Fuerzas Armadas no están autorizadas ni capacitadas para combatir el narcotráfico. Y usted ha sido ministro, como para saberlo. HJ: Claro. Más allá de toda consideración acerca de la conveniencia o no de involucrar a las Fuerzas Armadas, aquí hay una realidad. La realidad es que por ley, por la ley de Seguridad Interior y la ley de Defensa, las Fuerzas Armadas tienen prohibido el involucramiento es este tipo de conflictos y por otra parte, como está prohibido, no han sido entrenadas para ello. Entonces, si usted emplea un elemento que no ha sido preparado para un tipo de lucha y lo pone lo más probable es que no le vaya bien, ni al elemento ni a la sociedad. Y este es un problema que tiene Argentina. Las Fuerzas Armadas de Argentina no están preparadas para este tipo de conflictos y, por lo tanto, creo que es un enorme error, grave, su involucramiento. RA: Ahora, ¿dónde ve usted una posible, si no salida definitiva, una línea de defensa para manejar esta historia? HJ: Yo creo que el problema del narcotráfico hay que ampliarlo en su lucha, porque hay que partir exclusivamente del aspecto represivo. Yo le diría que lo más importante de todo es que Argentina se ha transformado de un tiempo a esta parte, ya sea por la absoluta ineficiencia o complicidad, si usted quiere, de quienes son responsables, en un país donde el lavado de dinero se hace muy fácilmente. El dinero, la disposición de dinero, es lo que les permite a los narcotraficantes corromper conciencias, sumar conductas poco transparente, etcétera. Mientras el lavado de dinero no se combata, y no se combata en Argentina –donde no solamente no se combate sino que han propiciado el lavado, como fue con los famosos cedines-, mientras usted no tenga una eficacia en esta lucha contra el lavado de dinero, el aspecto represivo de la lucha va a ser absolutamente ineficiente porque el mundo está demostrando que hasta ahora la pelea contra el narcotráfico, reconozcamos, la vamos perdiendo. El narcotráfico se ha expandido no solamente en Argentina sino en todo el mundo.
RA: Todos somos culpable, nadie puede quedar afuera. ¿Pero, hay algún rango mayor de responsabilidad para las autoridades de esta década “narcotizada”? HJ: A mí me preocupa, por supuesto, el tema del narcotráfico en Argentina, pero además estoy convencido que solamente una política nacional, que transite por el acuerdo de todas las fuerzas políticas para unificarse detrás de una política que lo combata, si no se hace eso, va a ser muy difícil erradicarlo y el narcotráfico va a seguir creciendo. Porque el problema es de tal envergadura, la capacidad de corrupción y de violencia que tiene el narcotráfico, que si usted no hace un frente unido, que englobe a todas las fuerzas políticas y que además encare la represión con un sentido integral –incluyendo el lavado de dinero, la represión, los elementos que están involucrados, los gobiernos provinciales y nacionales-, si usted no hace eso va a ser muy difícil que la lucha que se lleve a cabo llegue a buen puerto. Y por otro parte, tomando conciencia con seiscientas políticas… es un tema que se lo voy a terminar en términos futbolísticos. ¿No sé si es hincha de Central o Newell’s? RA: Colón. Estoy salvado. HJ: Pongamos el ejemplo de Colón entonces. Supongamos que Colón que está peleando el descenso y va perdiendo 5 a 0 el primer tiempo. Si usted es director técnico de Colón diría que algo está fallando, porque le han metido cinco goles y sigue perdiendo. Bueno, con la lucha contra el narcotráfico yo le diría que es lo mismo. El mundo está perdiendo 7 a 0. Entonces es el momento de preguntarse si con lo que se está haciendo alcanza o hay que buscar nuevos parámetros en la contienda. RA: Cierro con una pregunta que no es difícil de formular, pero la respuesta puede serlo. Una mano dura contra aquél que delinque y está dentro del narcotráfico, ¿es bueno o es malo? HJ: Yo diría que es bueno. Depende lo que usted entienda por estar involucrado en el narcotráfico. Yo creo que acá hay una política pendiente de contención y prevención que no se está haciendo. Cuando usted en el Gran Buenos Aires tiene 500 mil chicos entre 15 y 20 años que ni estudian ni trabajan, esos chicos están abandonados a lo que fuera, en todo caso, al narco, al consumo de paco. Entonces ahí usted tiene una política de contención y prevención que es lo que tiene que hacer primariamente para evitar la adicción. Hay otra política, en la cual se gasta poco y mal, que es la política de rehabilitación del drogadicto. Si usted, parte de los fondos que malgasta, los imagina para política de prevención en la primera instancia y de tratamiento del adicto al sistema, implica otros problemas en la lucha contra el narcotráfico que sin duda no hay que dejar de considerar. Y le diría que luego el aspecto represivo, pero me importa fundamentalmente esto que no se está haciendo.
“Ahora narcotizamos todo. Lo de la droga está puesto por las corporaciones para sacar otros temas”, explicó el titular de la secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), el muy cristinista sacerdote Juan Carlos Molina, quien dijo también que el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria fue en Colombia “un poco Robin Hood”. Sus polémicas palabras no sólo resonaron dentro y fuera de las fronteras y provocaron la reacción de varios políticos y de la propia Iglesia que salió abiertamente a despegarse del sacerdote cristinista. Por caso, el diputado nacional Francisco De Narváez, le contestó que “Pablo Escobar era un asesino, no Robin Hood”, un ladrón que, según la leyenda, les robaba a los ricos para repartir el botín con los pobres. “Pablo Escobar ahora está popularizado, pero era un narcotraficante asesino. Ni comparado con Robin Hood. Además, hay que decir claramente que no queremos tener Pablos Escobar en la Argentina, es un error muy grave decir eso”, afirmó el legislador en una entrevista con radio “Mitre”. “Comparar a Pablo Escobar con Robin Hood es un despropósito, me parece que es un concepto muy desafortunado. Habría que decirle a Molina cómo su Robin Hood puso en riesgo a la sociedad”, afirmó Francisco De Narváez. Para Molina, Pablo Escobar, ex jefe del cartel de Medellín y uno de los narcotraficantes más peligrosos de la región, era “un poco como Robin Hood; la gente lo lloró porque ocupó el rol del Estado, hizo escuelas, hospitales, calles, se ocupó de los pobres”, aseguró Molina ayer, en radio ‘Del Plata’, al referirse a la serie televisiva colombiana Escobar, el patrón del mal. Esta mañana volvió a hacer declaraciones sumamente polémicas al decir: “Pasé de ser el secretario de la Sedronar a ser el hijo de puta defensor de Pablo Escobar”. En diálogo con radio “La Red”, dijo que lo sacaron “¡¡de contexto!!” y que “está bien instalar el tema” del narcotráfico, “así” se puede “debatir”.
¿Las “corporaciones” pueden ahora descansar tranquilas? La Iglesia Católica, la misma cuya informe impulsó la candidatura de Molina por Cristina Fernández para comprometerla, pero que pronto se despegó de su nombramiento, no hizo declaraciones al respecto. Recordemos que el sacerdote de Santa Cruz, cercano a la familia Kirchner, fue nombrado en noviembre como titular del Sedronar. Ese nombramiento se produjo semanas después de que la Iglesia argentina lanzara una dura advertencia sobre el avance del narcotráfico en el país, que fue suscrita y reconocida por la mayoría de líderes políticos, incluidos algunos miembros del Gobierno de Cristina Fernández. Sin embargo, su “muy cuestionable” designación llevó a diversas autoridades eclesiásticas a desvincular a la Iglesia de la decisión que tomó el Gobierno. Fue así que el obispo diocesano de Río Gallegos, monseñor Miguel Ángel D´Annibale pidió que se le retire las licencias ministeriales para el ejercicio público del ministerio sacerdotal, a fin de poder asumir el cargo que se le ofrecía. La curia diocesana precisó en un comunicado que “el retiro de licencias para un sacerdote significa que no puede celebrar sacramentos ni presidir el culto público de la Iglesia”. El documento agregó entonces que “el padre Molina, quien continúa perteneciendo a la diócesis de Río Gallegos y mantiene el vínculo con su obispo y su clero, asume esta tarea a título personal, por la larga experiencia que tiene en el campo del trabajo con jóvenes que han caído en el flagelo de la droga, pero no lo hace ni en nombre ni en representación de la Iglesia Católica”. Por su parte, el presidente de la Comisión de Pastoral Social, Jorge Lozano, aseguró que el Gobierno Nacional “no consultó a la Iglesia” en la designación del Molina. Lozano fue quien poco antes había leído el duro informe sobre el avance del narcotráfico y la necesidad imperiosa de hacer algo para combatirlo. “Me parece que es un hombre con sensibilidad, que conoce el problema de la calle y sabe qué implica que un chico adicto quiera recuperarse…las caídas, las idas, las vueltas”, señaló Lozano sobre el párroco, aunque admitió no conocerlo personalmente.
Tras las polémicas declaraciones del cura y titular del Sedronar, Juan Carlos Molina, contra las corporaciones que “intentan instalar el tema de la droga en los medios”, la Iglesia salió a reclamar “medidas urgentes” para combatir el “avance del narconegocio”. El vocero del Episcopado, Jorge Oesterheld, advirtió que hay “preocupación” por el narcotráfico entre los obispos, que hoy comparten la 167 reunión de la comisión permanente de la Conferencia Episcopal Argentina. La Iglesia Católica insistió hoy en reclamar que se instrumenten “medidas urgentes” para combatir el narcotráfico y que la lucha contra esta problemática se convierta en “política de Estado”. “Los obispos siguen preocupados por el alarmante avance del narconegocio y quiere que se tomen medidas urgentes para combatirlo”, dijo a la agencia “DyN” el vocero episcopal, Jorge Oesterheld, al comenzar la 167 reunión de la comisión permanente de la Conferencia Episcopal Argentina. El vocero destacó, sin embargo, la repercusión que tuvo el documento que la Iglesia difundió en noviembre, al asegurar que “sirvió para que la sociedad y las autoridades tomen conciencia de la gravedad del problema de las drogas y el narcotráfico”. Una veintena de obispos presididos por monseñor José María Arancedo, de Santa Fe, comenzaron a analizar hoy temas de actualidad y eclesiales en la sede episcopal del barrio porteño de Retiro.Las sesiones se iniciaron con un intercambio, en el que surgió “tangencialmente” la cuestión de la reforma al Código Penal y “con más fuerza” el tema del narcotráfico , confirmó Oesterheld.
El sacerdote precisó esta tarde el presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, monseñor Jorge Lozano, informará a sus pares sobre los alcances que tuvo el compromiso suscripto hace tres meses con los partidos políticos de la oposición, para que el Estado instrumente medidas para combatir el narcotráfico. “Debemos pensar en políticas nuevas que ayuden a que la juventud y los niños sean defendidos de este flagelo. A veces hay leyes, pero quedan en el aire porque no son bajadas a la realidad concreta”, cuestionó hace unos días el vicepresidente primero del Episcopado, monseñor Virginio Bresanelli, al ser consultado sobre el tema. En este sentido, Oesterheld sostuvo hoy en que la Iglesia “insistirá en que la lucha contra el narcotráfico se convierta en política de Estado”. En el documento, difundido el 7 de noviembre pasado en el marco de un plenario de obispos, el Episcopado criticó la “ausencia del Estado” en la lucha contra el narcotráfico y afirmó que se alcanzó una “situación de desborde por la complicidad y corrupción de algunos dirigentes”. “Si la dirigencia política y social no toma medidas urgentes costará mucho tiempo y mucha sangre erradicar estas mafias que han ido ganando cada vez más espacio”, advirtió en aquella oportunidad. Oesterheld estimó, además, que los obispos difundirán, muy probablemente mañana, una declaración con motivo del primer aniversario del papado de Francisco. Asimismo, confirmó que la noche del miércoles fueron invitados por el nuncio apostólico, Emil Tscherrig, a una recepción en honor del pontífice argentino en la sede diplomática vaticana.
Tras semanas de controversias, opiniones encontradas, idas y vueltas, desmentidas y discusiones con otros espacios políticos, este miércoles 12 de marzo “transcendió” que la Presidenta Cristina Fernández “no enviará el ante proyecto del Código Penal” a tratarse en el Congreso de la Nación para que fuera tratado por ambas Cámaras legislativas. ¿Qué motivaría la decisión presidencial de dar marcha atrás con uno de los proyectos que viene trabajando desde hace dos años el oficialismo? Son diversas las conjeturas que se tejen alrededor de este cuestionamiento. Uno de ellos sería la poca aceptación que tuvo el proyecto, en la opinión pública, donde no se aceptó la posibilidad de mermar las penas, o las deficientes defensas que realizaron los encargados de mostrar la postura oficial. Una encuesta revelada por la consultora Poliarquía el pasado martes 12 del presente mes revela que “un 63% no cree en la capacidad del gobierno para resolver los problemas, considerando también que no se ha logrado ningún avance en la lucha contra la inseguridad”, esta percepción pertenece al mes de febrero de este año, por lo que se podría considerar que no hay apoyo de los ciudadanos en este tema. El mismísimo jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, dijo el pasado martes por la mañana que no se sabía si la mandataria enviará o no ese proyecto al Parlamento, pese a que Cristina había prometido y dejado trascender que lo giraría en las próximas semanas. También la jefa del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Juliana Di Tullio, puso en duda que el Gobierno remita el proyecto al Congreso.
Capitanich señaló que “se trata de un anteproyecto”; que “está en proceso de evaluación de las distintas áreas y ése es el estado de situación”, y que “es una decisión de la Presidenta la remisión del texto al Congreso para su análisis por las comisiones respectivas”. Esta reforma fue una de las mayores apuestas que dio a conocer la Presidenta en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, el sábado 1º de marzo. Ese sábado anunció que enviaría la reforma penal sobre la base del anteproyecto de la comisión redactora conformada por el juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni y representantes de los partidos mayoritarios: León Arslanian (¿PJ?), Ricardo Gil Lavedra (UCR), Federico Pinedo (Pro) y María Elena Barbagelata (socialismo). Pese a esto, y tal como mostró Capitanich no sería claro si se envía o no ya que explicó “El anteproyecto ha sido elaborado por una comisión de especialistas desde una expresión plural”, señaló. “Después, será una decisión de la Presidenta”, en referencia al posible envío al Congreso. Dentro del bloque del FPV advirtieron que el proyecto se instaló como una propuesta favorable para los delincuentes justo cuando la prioridad social en las encuestas es solucionar la inseguridad y el narcotráfico. No es un detalle menor que en la Cámara de Diputados el Frente para la Victoria “quedó en minoría”, “motivo por el cual presentar el proyecto en la cámara baja no podría resultar dada la mayoría opositora”. Si Cristina la envía al Parlamento, los diputados la analizarán con detenimiento y podrían someterlo al debate en audiencias públicas, en una clara estrategia dilatoria. También existe cierta preocupación como actores de la política tomaron notoriedad, y que con su oposición al proyecto, contribuyeron a modificar los cambios de la agenda de la Presidente Cristina Fernández, tal es el caso de Sergio Massa que se erigió como el principal político que denostó el código, por lo que la preocupación en la Casa Rosada hoy se traduce en dar un paso atrás en algo ya anunciado.
El frente Unen que en la Ciudad de Buenos Aires logró imponerse sobre el kirchnerismo en las últimas elecciones e hizo una buena elección preocupando al PRO, es un hervidero. Elisa Carrió ya delineó su estrategia electoral para ser candidata a Jefa de Gobierno porteño, con esa meta quiere acercar al PRO, pero sus socios de alianza política rechazan de plano la idea. Carrió tiene el apoyo de Proyecto Sur, el partido de “Pino” Solanas, a quien se acercó mucho en 2013 aunque el senador nacional no acepta un acercamiento al macrismo. De todos modos, Coalición Sur, (Proyecto Sur + Coalición Cívica), ya tiene sus candidatos: Lilita a la Ciudad y Pino presidente. Del otro lado, el socialismo postularía a Roy Cortina en la Ciudad y Martín Lousteau por el sector donde los radicales deberán resolver entre Julio Cobos y Ernesto Sanz. Sobre el acercamiento de Carrió al PRO, las posiciones quedaron claras: “Tenemos que tener cuidado de no subordinar lo sustancial a lo formal o a lo mediático; antes de sacarnos fotos o especular acerca de posibles acuerdos con otras fuerzas tenemos el deber de trabajar cuestiones concretas”, declaró el compañero de Carrió en la Cámara de Diputados Martín Lousteau. Desde el FAP, la diputada del GEN Margarita Stolbizer opinó que “no es compatible un armado de la centroizquierda con Macri, que expresa claramente a la centroderecha”. “Yo respeto mucho a Macri y al Pro, pero el sistema político hay que sanearlo con mucha claridad respecto de cuál es el proyecto que cada uno expresa”, argumentó. El titular del radicalismo, Ernesto Sanz, también salió a rechazar la propuesta Carrió e ironizó sobre el cambio de mirada de la dirigente chaqueña respecto al mandatario porteño. “Algunos dirigentes pueden que vayan y vuelvan o puede que tengan opiniones distintas; lo importante es ver como se construye una coalición desde las organizaciones políticas, desde el radicalismo, el socialismo, la Coalición Cívica, el GEN, Libres del Sur y Proyecto Sur”, afirmó.
En ese marco, el senador nacional ratificó que en 20 o 30 días más se presentará formalmente la alianza que tuvo su puntapié inicial en diciembre del año pasado en Rosario. Allí, Lilita quería llevar a Mauricio Macri pero le rechazaron la idea de inmediato. En tanto, el secretario general de Libres del Sur, Humberto Tumini, aseguró que Unen trabaja para “afianzar una alianza progresista” y que “el PRO y Macri no forman parte de ese progreso” porque “no son demasiado republicanos”. “Carrió siempre fue muy crítica de Macri, me da la impresión que quiere seducir al electorado de Macri, más a que a Macri”, advirtió, sin embargo, Tumini, en declaraciones radiales. Fernando “Pino” Solanas, también rechazó acercamiento al macrismo y subrayó que el “PRO no tiene lugar” en la construcción del frente. Por último, el líder del FAP, Hermes Binner, consideró que no es el momento para analizar futuras alianzas y, si bien evitó referirse al PRO como un “límite”, planteó que hay “distintas visiones de la realidad compartidas por algunos y no compartidas por otros”. Paralelamente, el Unen tiene otro frente abierto que implican al radicalismo y al socialismo. Se trata del nuevo Código Penal. Ricardo Gil Lavedra es consciente de que su participación en la comisión redactora dejó pegada a la UCR con el anteproyecto garantista que rechaza la mayoría de los argentinos. Por eso ahora rechaza el tratamiento parlamentario: “Es imposible ahora un debate serio”, afirma el ex diputado nacional. Argumenta que existe un “ambiente de alta sensibilidad pública por la inseguridad” y que la Presidente Fernández pronto termina su mandato, pero responsabiliza, sobre todo, a la clase política. “Los más inescrupulosos quieren aprovechar el temor de la gente”, dice en referencia a Sergio Massa, y sin mencionarlos directamente a la propia posición de la Iglesia Argentina, principal detractor del proyecto. “Y aún los progresistas, se callan la boca para no perder votos… Es patético ver a todos los dirigentes corridos a la derecha”.
En declaraciones a La Nación, Gil Lavedra intentó despegarse del Código, algo que parece haber logrado el Pro con Pinedo, luego de las desmentidas de Mauricio Macri (ver nota anterior): “No hay una decisión de bajar penas, sino de armonizar un régimen que estaba desquiciado. Cientos y cientos de reformas habían roto la proporcionalidad que debe existir entre delito y pena según la importancia del bien jurídico. Se intentó armonizar las penas, y se subieron más de las que se bajaron. Pero pueden existir asimetrías a corregir” “En un ambiente de alta sensibilidad pública por la inseguridad, en un gobierno que termina su mandato, más la tendencia de la política de explotar ese sentimiento popular, todo imposibilita un debate serio. Creo que el Código no debe discutirse ahora, que sería más oportuno esperar. Algunos políticos de menos escrúpulos quieren aprovechar el temor de la gente”, prosiguió Gil Lavedra y concluyó sobre Massa, “No hago nombres. Aun los progresistas se callan la boca, no quieren decir lo que piensan para no perder votos… Es patético ver a todos los dirigentes corridos a la derecha”. ¡¿Ahora perseguir el delito y reprimirlo es ser de derecha?!
¡Es bueno saberlo, y conocer las posturas hipócritas de ciertos sectores políticos nacionales, de cara al próximo 2015!

Buenos Aires, 13 de Marzo de 2014.
Arq. José M. García Rozado
MPJIRucci – LIGA FEDERAL –

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