Desde Argentina: ¡Cris, ni una te sale como querés!

cris

Según la agencia Reuters, durante la audiencia por el caso “discovery mundial”, que enfrenta al país con tenedores de deuda en default que no ingresaron al canje, jueces del máximo tribunal comentaron que podrían permitirle a los bonistas el acceso a información sobre activos argentinos fuera de USA, aunque de forma limitada. “Recursos militares y diplomáticos” estarían exentos, según trascendió. Una sentencia definitiva sobre el caso llegaría recién en junio. Luego de palpar las turbulencias en el cristikirchnerismo que provocó el proyecto antipiquetes del ultraK, Carlos Kunkel y del chaqueño Pedrini, hoy lunes 22 Cristina decidió interceder y a través del Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, se despegó de la iniciativa al informar que no se trata de una idea del Poder Ejecutivo. Kunkel también y dijo que el texto está abierto a discusión. Las críticas provinieron del Cels de Horacio Verbitsky y de Luis D’Elía entre otros. En el medio de este seudo despegue cristinista el secretario de Seguridad dijo que el Código Penal “es muy claro” respecto a los cortes a la libre circulación, pero que hay jueces que determinan que no son punibles. Aseguró además que es “bienvenida” una reglamentación que “estandarice el accionar de las fuerzas de seguridad” ante los piquetes. ¿En qué quedamos?

Argentina se juega una patriada, muy importante en este primer round entre los holdouts –mal llamados “fondos buitres”- y la postura del país, hoy en Washington ante la Suprema Corte de los Estado Unidos de Norte América. La Corte Suprema estadounidense indicó este lunes que los tenedores de deuda en default que no ingresaron a los canjes realizados por la Argentina deberían tener acceso a información limitada sobre los activos argentinos fuera de USA, según informó la agencia Reuters. De acuerdo a la agencia de noticias, durante la audiencia de una hora a la que concurrieron los abogados que representan al país y al fondo NML Capital, uno de los denominados “fondos buitres”, varios jueces del máximo tribunal estadounidense sugirieron que los recursos militares y diplomáticos deben estar fuera de los límites, lo que reduciría el alcance de la sentencia (cabe recordar que ese fondo logró embargar durante más de 2 meses la Fragata Libertad en Ghana). Reuters señala que los comentarios de los magistrados apuntan a una “victoria limitada” de los bonistas frente a la Argentina y una sentencia definitiva podría llegar recién en junio, como estaba estimado. No obstante, informó que los jueces no dieron ninguna indicación de cuál es su posición sobre el caso. La cuestión legal estrecha era si NML, una unidad de Elliott Management Corp del gestor de fondos de cobertura y multimillonario Paul Singer, podría cumplir las citaciones contra Bank of America y el Banco de la Nación Argentina. “Mientras que la mayoría de los magistrados parecía simpatizar con la idea de NML de poder buscar información, varios han señalado su disposición para limitarla a los bienes comerciales”, agrega Reuters. El presidente del Tribunal Supremo John Roberts describió lo que NML buscaba como “bastante extraordinario.” El juez Anthony Kennedy, voto decisivo ordinario de la Corte de nueve juristas, también parecía ansioso de poner límites, señala la agencia. Por su parte, la agencia AP señala que la Corte “parece buscar un camino intermedio” en la pelea entre NML y la Argentina.

“El tribunal parecía inclinado a reducir las órdenes de los tribunales inferiores a favor de los tenedores de bonos al excluir recursos diplomáticos, militares y de seguridad nacional pertenecientes a la Argentina. Al mismo tiempo, los jueces indicaron que podrían sostener los pedidos que se aplican a la propiedad comercial fuera de USA”, indica AP en coincidencia con Reuters. “El lunes, los jueces expresaron su malestar con las posiciones tanto de los tenedores de bonos, que quieren información sobre toda propiedad de la Argentina en el mundo, como de la Argentina, que reivindica la protección de la obligación de revelar la información en virtud de una Ley de Inmunidad Soberana Extranjera estadounidense”, indica AP. La reunión, que comenzó a las 11:00, hora argentina, fue a sala llena y el representante de la Argentina Jonathan Blackman, letrado del estudio de abogados Cleary & Gottlieb y el representante de los fondos buitre Theodore Olson, expusieron ante los nueve jueces de la corte suprema estadounidense, en el primer encuentro del caso, señaló la agencia Télam. Estuvieron presentes el secretario de Finanzas, Pablo López, y el secretario Legal y Administrativo, Federico Thea, que llegaron a la ciudad de Washington desde Buenos Aires para encabezar la comitiva argentina. El caso sobre el “discovery mundial” conforma una parte del litigio que Argentina mantiene con el 7% de los tenedores de bonos que optaron por no ingresar a los dos canjes de deuda de 2005 y 2010. Esta es una causa paralela a la principal disputa que el país mantiene con los holdouts, que se centra en la interpretación dada por las cortes de Nueva York a la cláusula pari passu. Las órdenes dictaminadas por el juez Griesa y ratificadas por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de la Gran Manzana, pueden llegar a impedir que Argentina cumpla con el pago de sus compromisos a los tenedores que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010, asegura la agencia de noticias oficial. La Justicia neoyorquina dictaminó que Argentina le debe pagar alrededor de US$1,3 mil millones a los holdouts y este escenario podría dejar al país frente a un default técnico ante la potencial incapacidad de hacer frente al pago comprometido con los bonistas.

El consejero legal de Argentina en este caso contra los fondos buitre, el ex procurador general de los USA Paul Clement, advirtió que si la interpretación de los tribunales inferiores sobre el pari passu “se mantiene, cambiará radicalmente el balance de poder en favor de los holdouts a tal grado que pondrá en peligro las reestructuraciones de deuda soberana voluntarias”. En la causa que motiva la audiencia, el Departamento de Justicia de USA, a través del fiscal General, Donald Varrilli, presentó ya dos “amicus curiae” (amigos de la Corte) apoyando la posición de Argentina, en las que hacen foco en que las decisiones del juez Thomas Griesa violan la Ley de Inmunidad Soberana de los USA. La Argentina recibió asimismo el apoyo regional por parte de Brasil y México, quienes mostraron preocupación ante la posibilidad de que una decisión negativa al interés de Argentina de parte de la Corte Suprema convierta a las reestructuraciones de deuda soberana en más complicadas y costosas. En la asamblea de primavera (boreal) del FMI y del Banco Mundial llevada adelante hace una semana en Washington, el G-24 (grupo integrado por países en desarrollo de África, América Latina y el Caribe y Asia), alertó también que “cualquier resolución que incentive un comportamiento predatorio de los holdouts podría socavar la arquitectura básica para préstamos soberanos y resolución de deuda”. Este llamado por parte de la comunidad internacional sobre los efectos que podría tener el caso de mantenerse los fallos de la justicia de Manhattan, fue hecho también por Francia, el G-77 más China e instituciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), organizaciones mundiales y economistas reconocidos como Joseph Stiglitz y Nouriel Roubini.

¡Primer round, empate o apenas un punto abajo, diría el locutor, 10 puntos para los holdouts, 9 para la Argentina! Esperemos el segundo round que puede ser decisivo y marcar un repunte y victoria nacional, o un contundente KO dejándonos fuera de combate y ante un irremediable “default de nuestra deuda externa”. CFK sale bastante menos magullada de lo que podría esperarse luego de sus infantiles bravuconadas donde, para ganarse a la tribuna camporista, llegó increíblemente a decir “Argentina desconocerá los fallos de la justicia estadounidense, y no se les pagará un solo peso a los fondos buitres”. Pero de entre casa no le va mucho mejor ya que Cristina, hoy, le soltó la mano a Kunkel. Cristina Fernández quiere ponerle fin a las rencillas internas que desató el proyecto antipiquetes del diputado ultra-K Carlos Kunkel. Especialmente porque las diferencias dentro del Frente para la Victoria quedaron expuestas públicamente, erosionando al FpV y poniéndolo a prueba en la Cámara de Diputados donde los números del oficialismo son ajustados. El filósofo de Carta Abierta, Ricardo Forster; el ex piquetero, Luis D’Elía y Horacio Verbitsky del Cels condenaron la iniciativa. También se sumó la Federación Argentina de lesbianas, gays, bisexuales y trans (FALGBT), cuya simpatía el Gobierno se ganó con varias leyes, empezando por el matrimonio igualitario. Por eso era hora de cortar con la polémica y la pérdida de apoyos y eso intentó hoy Cristina a través de Jorge Capitanich. El jefe de Gabinete, en su habitual conferencia de prensa, dejó en claro dos cosas: la primera que “no es una iniciativa del Poder Ejecutivo regular los piquetes” y la segunda que “es un tema de debate público y el ámbito es el Congreso de la Nación”. Así, terminó de soltarle la mano a Carlos Kunkel. Difícilmente el fiel legislador pueda remontar el debate de esa norma con la opinión contraria de Forster/Verbitksy, la prescindencia de Cristina y las dudas dentro del propio bloque del FpV.

Sin embargo el Gobierno nacional no abandona la idea de regular las protestas, Cristina sabe que se viene un final de mandato conflictivo con el ajuste iniciado a inicios de este año y que se profundizará con el aumento de la luz y si no hay medidas para frenar la inflación, sin mencionar los problemas de empleo que ya son evidentes. Por eso, Capitanich advirtió: “Hay una demanda y hartazgo de carácter social por la interrupción del tránsito por un grupo reducido de personas que genera consecuencias tanto en el tránsito de la ciudad como en distintas rutas”. Fue la propia Cristina Fernández la que alentó a buscar maneras de limitar los piquetes tras 10 años de permisividad del Poder Ejecutivo con la excusa del respeto a los DD.HH. El funcionario precisó que “es un tema complejo”, tras considerar que “muchos fiscales presentan sus objeciones desde el punto de vista de una iniciativa de esta naturaleza, afirmando que existe una tipificación en el Código Penal”. Pero de inmediato, se preguntó porqué “si está debidamente tipificado” los cortes de calles “por qué los fiscales y jueces no actúan”. “Somos respetuosos de todas estas iniciativas de carácter legislativo. Entendemos que el Congreso de la Nación es el ámbito específico para tratarlo, pero no es un proyecto que incumbe al Poder Ejecutivo”, dijo Capitanich que así sentenció el proyecto de Kunkel. El Gobierno Nacional pegó un giro en su postura respecto a la protesta social en la vía pública. Después de años de consentir piquetes (Néstor Kirchner avaló increíblemente siendo Presidente el corte de un acceso internacional), ahora se pronuncia en contra de las interrupciones a la libre circulación. El cambio comenzó con un pedido de la presidente Cristina Fernández en la apertura de la Asamblea Legislativa por una ley de “convivencia” y siguió con una presentación de diputados oficialistas en ese sentido. De todas formas, el Ejecutivo salió a despegarse este lunes de esa iniciativa puntual, luego de que se generaran diferencias dentro del mismo cristinismo. No obstante, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, siempre ha tenido una mirada poco contemplativa hacia los piquetes, lo que sería el 1er antecedente del giro del Gobierno en esta materia. Berni enfatizó este viernes que los piquetes, los cortes a libre circulación en la vía pública, son delitos y que el Código Penal “es muy claro” al respecto. En este sentido, el funcionario tiró la pelota del lado de la Justicia al asegurar que “hay jueces que dicen que no era delito porque se dejaban vías alternativas o porque en ese momento no pasaba ningún colectivo”.

En declaraciones a radio La Red, Berni señaló que “cuando el corte es la Panamericana actúa la justicia federal con que trabajamos muy bien, por lo general no hay mayores diferencias de interpretación”, pero que “el tema es en la ciudad, con la justicia Contravencional porque muchos jueces de ese fuero no quieren asumir la responsabilidad”. “Evidentemente, un corte en la Ciudad de Buenos Aires es una contravención. Debería actuar la Policía Metropolitana, con la que permanentemente estamos en contacto” pero “cada vez que hay un corte en la Ciudad, el Gobierno (de la Ciudad) no actúa. No es excusa”, reafirmó Berni. “El problema es cuando un derecho avasalla a otro. Sabemos que muchas de las protestas que se hacen a diario tienen un contenido fuertemente político”, dijo Berni. Sobre el proyecto de ley presentado por legisladores del oficialismo para regular los piquetes, indicó: “bienvenida sea una ley que aclare y estandarice” el procedimiento ante cortes de calles, contradiciendo la postura de la Presidente que buscó despegarse del tema por los conflictos internos que provocó entre “su propia tropa”. Al ser consultado por las declaraciones del jefe de gabinete, Jorge Milton “Coqui” Capitanich, quien advirtió que el Poder Ejecutivo nacional no tuvo la iniciativa en el mismo, no dudó en sumarse a los dichos del funcionario chaqueño. “Capitanich ha sido muy explicito, dijo que hay que debatirlo en el Congreso. Vuelvo a remarcar sus palabras”. “Si el Código es explicito, y seguimos teniendo problemas, bienvenida sea una ley que estandarice el accionar de las fuerzas de seguridad. Muchos jefes contravencionales no quieren asumir”, dijo para finalizar con una dura crítica al Frente Renovador, espacio que desde hace tiempo habla sobre la discusión de un nuevo Código Penal. “El massismo debe discutir esto en el ámbito que debe hacerse: el Congreso”.

¡Cris, no te sale ni una! Desde la fecha de su reelección para un segundo mandato a la Presidente todo le va “cuesta abajo”, ya no solo no logra “enroscarle la víbora” a nadie, sino que por el contrario –y salvo durante el muy pequeño período de su enfermedad (durante 2013)-, cada cosa que pretendió colocar como “tema central de agenda de debate” le salió, como mínimo, torcida, por no decir que desde hace ya casi año y medio “la realidad le marcó la agenda”, llevándola por caminos cuasi imposibles de creer hace apenas 24 meses atrás. ¡Hoy Cristina Fernández es más parecida a Menem que a Kirchner! O por lo menos, eso es lo que muestran las apariencias, ya que quienes les conocemos la historia sabíamos que ellos eran “una parte fundamental del menemato”, y no simplemente una ficha más, en el tablero de ajedrez del neoliberalismo impuesto por quien se dijo peronista para llegar, y más luego abjuró, como ahora lo hace abiertamente Cristina Fernández, del dogma y la doctrina legada por Juan Domingo Perón, para abrazarse como lo hicieran en la década de los 90 a un nuevo neoliberalismo, sólo que barnizado de “izquierdas” que yo denomino “socialiberalismo” o liberalismo blairizado de una supuesta y errónea Tercera Vía. A partir de hoy, el anteproyecto de nuevo Código Penal que promueve Cristina Fernández de Kirchner comenzará a ser debatido en el ámbito académico. Cuando la economía vuelve a trastabillar, la Casa Rosada apela a ese tema para, con la promesa de que es posible que se le introduzcan modificaciones al articulado, provocar un debate que distraiga a la opinión pública. Será a las 18:00, en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, con la presencia de sus autores, León Arslanian, Raúl Zaffaroni, Federico Pinedo, Ricardo Gil Lavedra y María Elena Barbagelata, además de un breve discurso del ministro de Justicia, Julio Alak. Estarán los rectores universitarios y decanos de facultades de Derecho del todo país.

Cristina Fernández de Kirchner promueve la reforma del Código Penal pero el texto provoca enormes y gigantescas controversias. Probablemente no refleja el espíritu prevaleciente mayoritariamente en la sociedad sino, apenas, a una minoría muy acotada, no sólo del pueblo, sino hasta de los propios hombres y mujeres del “Derecho”. Un código penal es un conjunto, ordenado y sistematizado de las normas jurídicas punitivas de un Estado. A partir de la Ilustración fueron estableciéndose criterios sobre cómo debía ser un cuerpo legislativo. Fue el Código Penal francés, de la época napoleónica (1810) el pionero en dar coherencia a un sistema jurídico hasta entonces abundante en normas dispersas. En el Río de la Plata, antes y después de 1810, la legislación represiva vigente eran las leyes penales españolas, que continuaron vigentes con las Provincias Unidas y luego la República Argentina: la nueva Recopilación, las Leyes de Indias, las Partidas, el Fuero Juzgo, las Leyes de Toro y la Novísima Recopilación. A partir de 1810, la más importante ley de alcance nacional fue la Nº 49 (14 de setiembre de 1863) que designaba los crímenes cuyo juzgamiento competía a los tribunales nacionales y establecía su penalidad. El primer intento de codificación penal general, fue redactado por encargo del Ejecutivo Nacional (5 de diciembre de 1864), por Carlos Tejedor, profesor de la Universidad de Buenos Aires. En su Parte General, él siguió al Código Penal de Baviera de 1813. En menor medida recibió el aporte de la doctrina española a través de Joaquín Francisco Pacheco, comentarista del Código español de 1848/1850 y de la doctrina francesa a través de Chauveau. En la Parte Segunda, predominan como fuentes inmediatas el código peruano de 1862 y el español. El Proyecto Tejedor, no fue sancionado como código nacional, pero fue adoptado como código penal por 11 provincias, con algunas modificaciones hechas en la de Buenos Aires. En 1881 se conoció el texto redactado por Sixto Villegas, Andrés Ugarriza y Juan A. García, encargados de examinar el Proyecto Tejedor por el Ejecutivo Nacional. Córdoba lo adoptó como código penal, con algunas modificaciones.

Pero la Cámara de Diputados de la Nación lo rechazó. El primer. Código Penal para la Nación fue sancionado por el Congreso sobre la base del proyecto de Tejedor y entró a regir el 01/02/1887. No incluyó la legislación federal sobre crímenes y delitos contra la Nación, que quedó incorporado la Ley Nº 49. El 7 de junio de 1890, el Ejecutivo Nacional comisionó a Norberto Piñero, Rodolfo Rivarola y José Nicolás Matienzo para la reforma del Código. El proyecto aportó los códigos italiano de 1889, húngaro de 1878, holandés de 1881 y belga de 1867, que contenían la última y mejor legislación criminal. Pero sólo logró dictamen favorable de la Comisión de Diputados, aunque fue la base para las reformas de 1886 por la Ley N°4.189. Hubo otro proyecto de reforma en 1906 que fue la base sobre la que trabajó el diputado Rodolfo Moreno (h) para el proyecto de 1917, objeto de críticas por el sector positivista, que ya había bochado los anteriores proyectos. Pero en esta ocasión, luego de que el Senado introdujera reformas que no alteraron su estructura, recibió sanción como Código Penal, el 30 de setiembre de 1921, y entró a regir el 30 de abril de 1922. Incorporó al derecho positivo instituciones como: la libertad condicional y la condenación condicional, las medidas aplicables a los imputables, menores y reincidentes, así como las circunstancias atenuantes y agravantes de la pena. Desde entonces ocurrieron muchos proyectos de reforma. Ha habido numerosos proyectos de reformas al Código: 1924, 1926, 1928, 1932, 1933, 1936, 1941, 1951, 1960, 1963, 1973, 1974, 1979, 1994 (sobre la base de las innovaciones que sugirió Eugenio Raúl Zaffaroni en su anteproyecto de reformas elevado en 1991). Y ocurrieron reformas parciales: Ley 17.567 (1968). Ley 21.338 (1976). Ley 23.077 (1984). Las “leyes Blumberg” (2004). Ahora vuelve a plantearse el debate. El Ejecutivo Nacional sufrió un duro revés ante la opinión pública en cuanto al anteproyecto de los juristas que convocó, ante la embestida del Frente Renovador. Pero, ante la necesidad de introducir temas en la agenda para impedir que la economía crezca en la consideración de los ciudadanos, se ha decidido mantener el debate, aún cuando éste ya se encuentre perdido y pueda convertirse en un mamotreto inservible como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que inevitablemente deberá sufrir reformas luego de 2015 porque es hasta contradictoria en sí misma.

“Como ocurrió con la ley de medios, el anteproyecto del Código Penal entrará a partir de hoy en un período de debate abierto a la sociedad –explicó Werner Pertot, en el cristinista matutino Página/12-. El Gobierno publicará el texto del anteproyecto sin hacerle cambios y abrirá un lapso de 90 días de observaciones al texto en universidades, ONG y asociaciones de abogados y jueces. Luego, la comisión redactora sumará un nuevo dictamen al anteproyecto y recién entonces se elaborará un proyecto de ley para que se discuta en el Congreso. El puntapié lo darán hoy a las 18:00 en la Facultad de Derecho de la UBA el juez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni; el ex ministro de Seguridad (bonaerense y ex ministro de Justicia de Carlos Menem) León Arslanian; la socialista María Elena Barbagelata; el macrista Federico Pinedo; y el radical Ricardo Gil Lavedra, junto a los decanos de las facultades de Derecho de todo el país. (…)”. A raíz del comienzo del debate sobre el anteproyecto del Código Penal en las universidades,‎ María Elena Leuzzi, la titular de la Asociación de Víctimas de Violación (AVIVI), sostuvo en declaraciones radiales que “es una locura más del Gobierno, que pretende otro atropello y lo que no le pueden explicar a las víctimas, lo quieren esconder en las universidades”. Y agregó: “La Presidenta debe hacer una consulta popular sobre la reforma y no hacerlo sólo con las Universidades, a espaldas del pueblo como pretende”. En este sentido, María Elena Leuzzi afirmó: “Estoy en desacuerdo total con la reforma. Este es otro atropello de la Presidenta de la Nación, que debió hacer una consulta popular y no escribir una reforma a espaldas del pueblo con las injusticias y la inseguridad que lastiman a miles de familias”. Además expresó: “Colgarme una foto de mi hija en el pecho por sentirme abandonada fue muy triste. No hay igualdad de condiciones, conocemos como institución lo que es llegar con un menor violado y que la Justicia no los ampare. Con esta reforma quedamos desamparados”. Por último sostuvo: “Con la reforma el registro de reincidencia se vuelve virgen. Hay un gran cráter dentro de la justicia y del sistema perverso que tenemos. Es una locura, están asustados y llevan el anteproyecto a las universidades para reclutar gente. Los van a premiar en las cátedras para venderles su proyecto a los futuros abogados que vamos a tener. No queremos permitir semejante atropello, la mayoría de la gente de trabajo está totalmente en desacuerdo”.

¡La archiconocida técnica cristinista del tero (“o sea pegar el grito en un lado y poner el huevo en el opuesto”), vuelve a intentar despistar al ciudadano común, pero esta vez, nuevamente le sale “el tiro por la culata”! ¡Hay Cris, ni una te sale como querés… y encima se te descubre el trasero menemista!

Buenos Aires, 21 de Abril de 2014.

Arq. José M. García Rozado

MPJIRucci – LIGA FEDERAL –

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