Argentina: Para ocultar la incapacidad; instalan un clima bélico.


Primero fue la Presidente Cristina Fernández, luego el obsecuente del Ministro de Economía, quienes para esconder la incapacidad total para negociar la deuda con los “holdouts”, arremeten “para la tribuna” de aplaudidores y abyectos alcahuetes, con discursos estúpidos e infantiles. Me hicieron acordar a aquel General –bebedor de wisky- cuando dijo “que vengan que aquí los esperamos”. En cambio Kicillof el martes pasado dijo “no pasarán”. Falto explicarnos ¿quiénes no pasarán?

¡Pasó lo que iba a suceder! Analistas y politicos advirtieron en reiteradas ocasiones que se trataba de una estrategida errada de negociación. Economistas como Agustín Monteverde sostuvieron, una y otra vez, que la Argentina no quería negociar, o sea acordar, sino enfrentar a los holdouts y utilizar el choque en el cabotaje político. “(…) El kirchnerismo no debería cargar con la responsabilidad —y las consecuencias— de un nuevo y largo default si pretende tener alguna posibilidad de sobrevida. Por último, una decisión de enfrentar al mundo —a la Justicia estadounidense, que no es muy distinto— dejaría en una situación muy precaria a los integrantes del gobierno que cargan con denuncias de corrupción. (…)” Antetodo, en esta cuestión debe quedar claro que los problemas actuales son herencia inmediata de los tan elogiados y festejados canjes de 2005 y 2010. Reestructuraciones efectuadas a punta de pistola, sin mediar negociaciones previas, destratando a los acreedores y provocando una severa pérdida de capital a quienes adherían —por cansancio— a esos canjes. Debatir porqué se concedió esta jurisdicción o plantear dudas sobre la legitimidad de la deuda es, como mínimo, inútil. Bajo jurisdicción local, no se podría haber tomado deuda en esos volúmenes ni a esas tasas ni plazos. Y si no se hubiera tomado esa deuda no se hubiera podido aumentar el gasto, como han hecho todos los gobiernos de los últimos 40 años. El sobreendeudamiento fue resultado natural y directo del crecimiento sin pausa del gasto público. Tanto el gasto del Estado como la deuda pública fueron aprobados por el Congreso. Es decir, no sólo es plenamente legítima sino que todos los argentinos —a través de los representantes traidores al pueblo desde 1983— somos responsables de la deuda contraída.

Y por cierto ese mismo Congreso, las mismas fuerzas políticas, y los mismos hombres fueron los que celebraron de manera infantil –aunque a fuer de sinceros ya habíamos defaulteado con el mega canje de Cavalolo de 2001 generado por el Gobierno De la Rúa- la declaración de un “default” que nos condujo a este conflicto. Es también inaudito que los principales cuestionadores de la deuda pública sean dirigentes conocidos por su férrea defensa del gasto estatal que generó esa deuda. Es oportuno recordar la masiva adopción por parte de medios y analistas del supuesto que buscó instalar el gobierno: que era seguro que la Corte iba a consultar al “Solicitor” General (Procurador) y que, así, los plazos seguirían estirándose. Lo cierto es que todos sabían que el litigio estaba perdido y que la única pretensión era prolongar los tiempos. Tantos años dedicados a ingeniárselas para patear todo hacia adelante, sin reparar que algún día iban a estar ellos mismos. El éxito aparente de la política de fugar hacia adelante esperanzó al gobierno con la posibilidad de tirarle el muerto a la próxima administración. Por eso mismo fue descabellado que el kirchnerismo contase con la generosa ayuda de diputados de la oposición (ver artículo del 18 de junio de este autor), que en el próximo turno de gobierno sería condenada a desarmar la bomba de tiempo. El deber de la oposición era reclamar al gobierno que entablase conversaciones con todos los hold-outs para devolvernos confiabilidad y normalizar definitivamente la relación con el mundo. Sin embargo, aun hoy muchos referentes de la oposición que respecto a este caso insisten en considerar como antipatriótica toda expresión favorable al respeto de la ley y los contratos y obligaciones asumidas; simétricamente, asumen que el forzar dilaciones, mentir sistemáticamente y hacer trampa es lícito. Si algo ha quedado claro en estos días es la estruendosa irrelevancia —valga esta suerte de oximoron— que se ha ganado la Argentina en el concierto de las naciones. Esta circunstancia no pasó desapercibida para la prensa especializada internacional. The Wall St Journal destacó que el fallo “tuvo escasa repercusión más allá de la Argentina, reflejando su creciente aislamiento del sistema financiero global”.

La denegación del recurso de alzada significa que el fallo del juez Thomas Griesa, ratificado por la Corte de Apelaciones, ha quedado confirmado. Si bien la denegatoria a tomar el caso se robó los titulares, no fue menos trascendental el fallo que habilita el proceso de Discovery. Ese fallo habilitó al Banco Nación Sucursal Nueva York y el Bank of America descubran fondos y bienes del Estado argentino. Cabe consignar que la justicia de Nueva York ha puntualizado que, entre las condiciones de emisión de los títulos objeto del litigio, el gobierno argentino de Néstor y Cristina hizo expresa renuncia de su inmunidad soberana. Algunos abogados sostienen que, llegado el caso, las pesquisas podrían incluir los fondos de funcionarios argentinos en instituciones del exterior. Nuestra primera lectura del discurso del ministro es que el gobierno le ha avisado al mundo que intentará eludir la ley, modificando el lugar de pago. El cambio de lugar de pago representa una maniobra para eludir lo dispuesto por la justicia. Simultáneamente, declaran que van a proponer algo al juez Griesa. La clave estará en cuán razonable sea lo que propondrán. Sin embargo, aún ofreciendo algo que fuese aprobado por el juez, caeríamos seguramente en default debido a una cuestión de tiempo. Pero el anuncio de que van a desacatar puede malograr el intento componedor. Las expresiones de los funcionarios argentinos Kicillof, Capitanich y Cristina Fernández no permiten descartar que el gobierno termine finalmente repudiando la Justicia estadounidense. Una actitud de este tipo nos colocaría entre los países delincuentes, que violan abiertamente la ley. En ese caso, la Argentina estaría repudiando la jurisdicción que expresamente otorgó; y que incluso fue ratificada expresamente por los gobiernos del matrimonio Kirchner en los canjes de 2005 y 2010. Sin embargo, creemos que hay poderosas razones que llevarán al gobierno a evitar por todos los medios a su alcance caer en el precipicio.

En primer lugar, juega a favor su necesidad de gastar. El cristikirchnerismo no debería cargar con la responsabilidad —y las consecuencias— de un nuevo y largo default si pretende tener alguna posibilidad de sobrevida. Por último, una decisión de enfrentar al mundo —a la Justicia estadounidense, que no es muy distinto— dejaría en una situación muy precaria a “los integrantes del gobierno que cargan con denuncias de corrupción”. El anuncio de una reapertura del canje buscaría transformar en opcional el cambio de lugar de pago. El gobierno apuesta a evitar el rótulo de default técnico. “Default técnico” se da en caso de abonar con incumplimiento de “covenants técnicos” (condiciones acordadas). Lo primero que debería hacer el gobierno es pedir la reconsideración del caso. Esto no alteraría lo ya dispuesto pero otorgaría 25 días adicionales de stay. Stay que fuera el mismo 18 de junio levantado por la Cámara cde Nueva York. De esta forma, se podría cumplir sin inconvenientes con el servicio del bono Discount el 30 de junio y habría algo de tiempo para trabajar y alcanzar un acuerdo antes del próximo vencimiento de septiembre. Para ello es también indispensable “sentarse inmediatamente con el juez Griesa y llevarle una propuesta concreta y convincente de pago, que se acomode a nuestras posibilidades financieras” (teniendo en cuenta las otras demandas que se encolumnarán tras esta sentencia). A nuestro juicio explica la consultoora Massot & Monteverde, la cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers) o cláusula del “acreedor más favorecido” no debiera significar un obstáculo para el acuerdo con los hold-outs. Esas cláusulas refieren a que nuevas y mejores ofertas que se formulen a otros bonistas serán automáticamente extensibles a quienes adhirieron a las canjes de 2005 y 2010. Pero en este caso se contaría con una orden judicial a la cual la Argentina se limitaría a darle cumplimiento sin mediar oferta formal de mejora alguna.

Creemos que esas cláusulas fueron usadas por el gobierno como un argumento para rechazar los pedidos de los hold-outs pero carecen de fuerza para el caso de una disposición de caracter jurisdiccional. En vez de haber aprovechado estos años para planear y estudiar una propuesta bien elaborada no nos quedará otra opción que “bosquejar algo precipitadamente” –como ya es costumbre del cristikirchnerismo- para presentar a consideración del juez. Esto es lo que ocurre cuando toda la atención se concentra en poner obstáculos y dilatar los tiempos, sin siquiera trabajar en la elaboración de un plan alternativo. ¡Argentina y el Gobierno Cristina Fernández no cuenta con un Plan “B”! No será fácil seducir a un juez que, si bien demostró una enorme paciencia con la Argentina, ha sido sistemáticamente destratado por funcionarios, legisladores y partidos de oposición. Tanto más difícil cuando se declara a los cuatro vientos la vocación de eludir su sentencia y seguir pagando exclusivamente a los hold-ins. Pretender alcanzar un acuerdo con los hold-ins para modificar el lugar de pago antes del próximo vencimiento es materialmente imposible. El cambio tendría que ser aprobado por más del 80 % de los tenedores de cada especie. De lo contrario, el cambio de condiciones sería unilateral y caeríamos automáticamente en default técnico. En el caso del Discount, para alcanzar esas metas contamos con tan sólo 11 días, lo que resulta obviamente impracticable. Por lo tanto, debe quedar claro que —salvo que se consigan los 25 días para la reconsideración, o se prorrogue el “stay” levantado por la Cámara de New Yorck o que Griesa concediese alguna excepción— es prácticamente inevitable que caigamos en “default”, al menos de manera transitoria, a fin de mes. Ese default sería en principio sólo parcial, limitado a los Discount, pues los nuevos bonos no incluían cláusulas de cross default. Es decir, en ésta como en otras cuestiones ya no disponemos de opciones buenas: en cualquier escenario, enfrentaremos costos mayores y circunstancias que no serán cómodas.

Los costos de un eventual desacato al tribunal quedan fuera de toda escala. En el caso de alcanzarse un acuerdo, además de la carga más pesada de deuda e intereses que acarreará, hay que tener en cuenta los mayores costos de financiamiento que deberá afrontar el país hasta que regularice su situación. Y nunca conoceremos la astronómica cuenta de honorarios de letrados, peritos y “amicus curiae”, viajes, viáticos, gastos de representación y otros emolumentos que ha demandado esta malhadada epopeya. El juicio de la sociedad debiera ser particularmente severo con quienes condujeron, participaron o apoyaron tan pésima estrategia, por ser verdaderos “Traidores a la Patria y al Pueblo Argentino”. La deuda en mora recalcitrante (hold-outs, Club de París, casos ante CADI y UNCITRAL) podría haberse oportunamente renegociado por valores muy inferiores a lo que ahora nos va a costar. La actitud de la clase política local frente al tema ha sido en general bastante –por ser muy benignos- irresponsable. Los dirigentes de la oposición no han expresado con contundencia si avalan una negociación para evitar el default. Hasta ahora siguieron un discurso parecido al oficial, cargando las culpas en los fondos o en el juez, lo que es —además de imprudente— inconducente. Tal como están dadas las cartas, es improbable que podamos esquivar una crisis, tanto en el plano monetario y cambiario como de la economía real. Tanto el estado como los privados han perdido —en el mejor de los escenarios, al menos por algún tiempo— todo acceso al crédito, con obvias consecuencias para el financiamiento del gasto estatal como de la actividad económica.

La Argentina enfrentaba una moderada recesión; ahora la contracción será mayor, más extendida y perdurable. Las únicas formas de financiamiento que le quedan al gobierno son la emisión monetaria y algunas cajas privadas, como el comercio exterior o los depósitos bancarios. Muy compleja —en algunos casos, desesperante— será la situación de las provincias. Varias de ellas —principalmente la CABA, la provincia de Buenos Aires y Mendoza— computaban importantes colocaciones de deuda para solventar su Presupuesto. El desfinanciamiento provincial repercutirá socialmente y requerirá auxilio del deficitario gobierno federal. La disciplina monetaria implantada por Fábrega estaba llegando a su fin; en este nuevo escenario, revertirá seguramente en una política de fuerte sesgo expansivo, con las previsibles consecuencias inflacionarias y cambiarias. A ello hay que agregar que será mucho más difícil detener la pérdida de reservas de aquí en más. Es indudable, entonces, que este nuevo escenario puede implicar nuevos riesgos para los derechos de propiedad. No se puede descartar que el gobierno intentase estatizar o administrar el comercio de granos, como forma de asegurarse recursos. También podría incrementarse la presión sobre los productores para que liquiden los granos acopiados. Los depósitos de los bancos podrían ser objeto de alguna forma de estatización parcial, sea a través de encajes adicionales remunerados o mediante la constitución depósitos indisponibles. El círculo finalmente se cierra y todo “el relato de desendeudamiento, redistribución e inclusión social se agota y concluye” en un nuevo 2001. Es que la historia —especialmente en la Argentina— tiende a repetirse. Claro que aquí —invirtiendo los términos del célebre pasaje de Marx en “El dieciocho brumario”— es una farsa la que ha dado lugar a la nueva tragedia.

¡Compastriota este es el gobierno “nac&pop” el de la redistribución “de la pobreza y el subdesarrollo”!

Buenos Aires, 22 de Junio de 2014.

Arq. José M. García Rozado

MPJIRucci – LIGA FEDERAL –

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