Argentina: La trágica dékada K.

La muerte de Alberto Nisman arrojó una “sombra siniestra y trágica” sobre el propio gobierno que, aunque no llegue a estar involucrado, directa o indirectamente, se ve impelido a buscar “justificaciones” y estas dejan al descubierto irresponsabilidades y manipulaciones institucionales. Pasar de “suicido a asesinato” (CFK), o ahora a sembrar nuevas dudas la fiscal Fein (perdida como turco en la neblina y arriesgando “opiniones producto de supuestas pericias” nada claras) e imputando al proveedor del arma, cada día nos demuestra que este crimen aberrante está cada vez más lejos de ser dilucidado.
El país todo, llora la muerte del Fiscal Federal especial de la causa AMIA, porque nadie (salvo los pazguatos del PJ nacional) pueden creer que haya sido “mera coincidencia” que Nisman haya aparecido muerto –sin custodios desde el mismo viernes 16- justo la tarde/noche anterior al día de su esperada declaración aclarativa en el Congreso y ante la Comisión Penal citada a ese efecto. Justo cuando se iba a desenmascarar un atroz y gigantesco –quizás el mayor de la historia argentina- acto de corrupción del Gobierno Cristina Fernández se comete este magnicidio de consecuencias aún no medidas correctamente por casi nadie de la clase política argentina; y por muy pocos a nivel internacional, donde este atroz acto resuena ininterrumpidamente desde aquella noche trágica del pasado domingo 18 de enero de 2015.
El cristikirchnerismo no puede rasgarse las vestiduras: apañó, protegió y potenció a Antonio Horacio Stiusso/Jaime Stile al punto que cuando éste chocó con quien era ministro de Justicia y Derechos Humanos, Gustavo Béliz, Néstor Kirchner despidió a Béliz y mantuvo a Stiusso. ¿Qué pueden hoy día sostener los militontos? Stiusso inició una demanda a Béliz porque éste exhibió una fotografía (desactualizada) del espía, desde la TV, durante una visita a Mariano Grondona. Muy mal la pasó Béliz hasta que, finalmente, triunfó en la instancia del Tribunal Oral Federal N°3 (Causa n° 958/08 “Béliz, Gustavo Osvaldo s/ inf. art. 222 del C.P.” Jdo. Fed. n° 12, Sec. n° 24Registro n° /11). De aquella instancia judicial pueden obtenerse algunas conclusiones: desde la probada influencia de la Secretaría de Inteligencia sobre jueces y fiscales (algo denunciado por el propio TOF N°3) hasta la protección inusual que Kirchner le concedió Stiusso, algo que le había negado Fernando De la Rúa en 2001, por ejemplo. Por lo tanto, que se hagan cargo los funcionarios K y sus militontos voceros.
Que enorme pena, que estemos los argentinos pasando por esta situación: ¡Que la política se haya convertido en un “estado de naturaleza hobbesiano”, de yodos contra todos y donde el más fuerte sea el que siempre sobreviva a costa del más débil! Esta muerte terminó de abrir una herida enorme en una Argentina sumergida nuevamente en el torbellino de los “homicidios políticos”, infierno que todos esperábamos haber dejado atrás; un verdadero “infierno” que haber las puertas a conspiraciones y conjeturas de las que ya están saturadas tanto la Web como los medios de comunicación –oficialistas y opositores o independientes (extranjeros especialmente)-. Porque este homicidio resulta totalmente increíblemente difícil de interpretar si es que se intenta evitar el recurso de estériles teorías de complot. Pocos asesinatos como el de Alberto Nisman, reflejan las múltiples facetas que reúne la impunidad y el asesinato político como recurso inexorable para perpetuarla. Durante el último siglo, sobre la independencia de la justicia, nunca se identificó en el mundo una situación de similares características, en la que el riesgo o peligro no está dado solo en la gravedad de los hechos investigados, sino en las acciones que se han desarrollado para “lograr impunidad”.
Hay tres causas judiciales en torno y como motivo del crimen del Fiscal Nisman, que se asientan en el peor atentado, por su gigantesca magnitud, en la Amia en julio 18 de 1994: la investigación sobre el mismo atentado, de la que Nisman era fiscal a cargo, del juez Canicoba Corral; la derivada de la denuncia de encubrimiento, que lleva el juez Ariel Lijo y que se deriva del accionar del ex juez Galeano y los servicios de inteligencia que a través de Telleldin imputaron falsamente a los policías bonaerenses, y la del encubrimiento por parte de Cristina Fernández y el Canciller Timerman por el encubrimiento y desjudicialización de los iraníes denunciados que denunciaba quien hoy está muerto. Esta última quedó a cargo de la jueza Palmaghini y la fiscal Fein. Que la Argentina lleve casi un cuarto de siglo investigando casi infructuosamente el atentado a la mutual judía explica “las dudas y el escepticismo con que el pueblo percibe la posibilidad de esclarecimiento” del presente crimen. Puede plantearse con total realidad que “estamos viviendo una manifestación extrema de un problema” que tiene largas raíces, y muy pocas ramas. Esto ha conmovido al mundo –ya muy conmovido por aquel atentado de 1994-, no sólo por la magnitud, sino especialmente por la opacidad con que el Estado argentino ha emprendido las tareas de esclarecimiento de lo ocurrido, y mucho peor aún, por lo que se denunciaba: “la acción deliberada con que los Servicios de Inteligencia –SIDE, SI, ejército (César Milani expresamente) y sus luchas internas de facciones- habían obrado para apartar los elementos probatorios que permitieran reconstruir los hechos e identificar a los culpables de lo que finalmente se calificó como “encubrimiento” del atentado”.
Ramón Allan Bogado, mencionado en la denuncia que presentó el fiscal Alberto Nisman como supuesto agente de la Secretaría de Inteligencia, y con ingreso a la intimidad de la residencia presidencial de Olivos, salió a desmentir la versión del Gobierno nacional y dice temer por su vida. Dijo que declarará ante el juez Ariel Lijo, quien hoy ordenó que sea custodiado. Oriundo de Posadas, Bogado contó: “yo hablaba con Khalil y lo comunicaba a mis superiores vía Nextel”. La última conversación que mantuvo con Khalil fue hace pocos días. “Te quiere ver el embajador”, le dijo éste, pero él no aceptó la propuesta. “Nunca lo vi al embajador ni a Rabbani (ex agregado cultural de Irán en la Argentina)”, contó en las últimas horas, según publica el portal Misiones Online. Bogado reconoció charlas con el ex juez Héctor Yrimia (con fuertes vínculos dentro del Poder Judicial) y con el líder de Quebracho, Fernando Esteche. También dice haber hablado con Cristina Fernández, siempre en persona. De esta manera desmintió la postura oficial. Cabe destacar que el miércoles (21 de enero), el secretario general de Presidencia, Aníbal Fernández, afirmó que Bogado y Héctor Yrimia “no son ni fueron agentes de inteligencia” sino que son “vendedores de influencia, chantas”. Según Aníbal, el fiscal Nisman creyó en una “doble SIDE” y fue engañado con los datos que le aportaron. Anoche, el secretario de Inteligencia Oscar Parrilli le respondió una nota al juez Ariel Lijo y le informó que Bogado e Yrimia no son agentes de esa secretaría. “No pertenecen ni han pertenecido como personal de la planta permanente, contratado, de gabinete ni personal transitorio”, dice la nota que lleva la firma de Parrilli. Ahora el propio Bogado rompió el silencio y admitió su vínculo con Khalil y con la propia Presidente. El mismo Esteche reconoció hoy que conoció a Bogado por intermedio del “oficialismo” (ver nota relacionada). “A Bogado lo conocí, me lo presentaron en el oficialismo cuando estaba discutiendo la condena que se me planteaba. Me sentaron con distintas personas, él estaba a cargo de la cuestión judicial mía por parte del Ejecutivo”, dijo Esteche, quien permaneció un año detenido en el penal de Ezeiza. Según él, “en una reunión estaba Bogado y estuvo en carácter de jefatura de gabinete, como si fuera parte del Gobierno”.

El mal funcionamiento de los servicios de inteligencia del país termina generando, en paralelo, un mal funcionamiento de la Justicia cuando tiene que tramitar causas delicadas. Desde 1983 hasta el presente, el Poder Ejecutivo y los órganos de Gobierno no han podido hacer un manejo adecuado de los servicios de inteligencia, que no son cualquier repartición, sino una que debe estar orientada a fines específicos, que sin duda no pasan por la investigación de la vida privada de un ciudadano. Cuando se trata de una pesquisa sensible como la del atentado contra la AMIA, todas las instituciones públicas involucradas deben trabajar de una manera profesional y seria, especialmente en la provisión transparente de la información. El trámite de dicha causa muestra un manejo inaceptable de esa cuestión por parte de la Justicia y de los servicios de inteligencia. Los distintos presidentes de la democracia y no solamente la mandataria actual, aunque ahora exacerbado por las internas de la Si y la injerencia de un nuevo actor, el General Milani y su servicio de inteligencia del ejército han utilizado la Secretaría de Inteligencia “de manera deficiente”. La peor falencia de esta institución reside en que, con el pretexto de que el funcionamiento debe ser reservado, “todo es muy oscuro”. Hay ciertas cuestiones que deberían ser ventiladas en la Comisión Bicameral del Congreso creada para controlar los servicios de inteligencia y, sin embargo, ese comité está desactivado. “La Secretaría de Inteligencia simplemente carece de fiscalización”, y es por eso que las internas generadas desde el propio gobierno y aumentadas tras el desplazamiento de Stiuzo en el último mes con la designación de Parrilli, terminaron de desvirtuar su eficiencia. “Es un órgano del Estado con tanta arbitrariedad y ambigüedad para el uso de los recursos públicos y el manejo de la información que parece un monstruo”, dice Torcuato Sozio.
En otros países democráticos no ocurre lo mismo: disponer de un servicio de inteligencia no quiere decir que haya que desmembrarlo del sistema estatal. El Congreso de la Nación con representación del oficialismo y de la oposición tiene que ser capaz de monitorear la agencia: no puede ser que la Secretaría de Inteligencia sea un cuerpo más poderoso que el propio Estado y eso es lo que uno siente a veces en la República Argentina. De alguna manera esta situación está determinada por los quistes heredados de la dictadura y las propias necesidades de gobiernos poco democráticos y más afectos al estalinismo que al republicanismo. El Gobierno democrático, cuando desplaza al régimen de facto, debe ocuparse de “desenquistar” ciertas tradiciones. En la Asociación por los Derechos Civiles –explica Sozio- vemos que ese proceso de pulverización del servicio de inteligencia que en su momento fue empleado para finalidades claramente ilegales no se ha logrado. Es decir, hoy tenemos un servicio de inteligencia con resabios de la etapa anterior a 1983. El desafío de la clase política es implementar muchas de las leyes que existen y que son útiles para reformar los servicios. El caso del fiscal Alberto Nisman definitivamente debería ser un punto de inflexión al respecto. Para que ello suceda, la sociedad ha de tomar conciencia sobre la situación crítica de este ámbito del Estado. Soy moderadamente optimista sobre la posibilidad de revertir la opacidad de la Secretaría de Inteligencia porque, en general, los nuevos presidentes llegaron al poder con la intención de un cambio, pero, después, creyeron que la agencia, tal y como estaba, podía ser útil para gobernar. Es fundamental que la próxima gestión no caiga en ese error y establezca una política de inteligencia con participación de las minorías políticas.
Siguen las repercusiones en la prensa internacional de la muerte del fiscal especial Alberto Nisman a más de una semana del hallazgo de su cuerpo sin vida en el baño de su departamento de la torre Le Parc y con un disparo en la sien. Este lunes (26/01) el diario “The Wall Street Journal” especula que si Nisman fue asesinado, Irán estaría detrás del crimen (Ver mi nota “Nisman un muerto más ¿y van?”, no publicada). Por su parte, el matutino “El País” de España publica una dura columna donde se señala a la Presidente Cristina Fernández como quien añadió “traición” a la “desidia” que atravesó la causa AMIA, en referencia a la firma del acuerdo de Entendimiento con Irán. A continuación la columna completa publicada en el diario El País y firmada por Santiago A. Canton, director ejecutivo del Robert F. Kennedy Human Rights y exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “El lunes 19, los argentinos despertamos con la noticia de que el fiscal Nisman, quien días antes había acusado a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al canciller [ministro de Exteriores] Héctor Timerman de encubrimiento del atentado a la AMIA, estaba muerto de un balazo en la sien. El impacto de la noticia continúa retumbando en la cabeza de los argentinos. La muerte del fiscal es sólo el último capítulo en la novela de impunidad iniciada hace más de dos décadas. Como en las novelas policiales, la investigación se concentra hoy en las pruebas de restos de pólvora, huellas digitales y llamadas telefónicas. Pero sin un entendimiento completo de los hechos que comienzan hace más de dos décadas, es imposible comprender la gravedad de la situación actual. El 17 de marzo de 1992, un ataque terrorista a la Embajada de Israel en Argentina causó 29 muertos y 242 heridos. Si bien se realizaron numerosas investigaciones, el caso continúa en la impunidad. La hipótesis principal es que el grupo libanés Hezbolá estuvo detrás del ataque”.
“La bomba en la embajada y la impunidad que la acompañó sembraron el terreno para que dos años más tarde, el 18 de julio de 1994, otra bomba, esta vez en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), matase a 85 personas. La investigación judicial estuvo desde un comienzo plagada de graves irregularidades, en donde las huellas supuestamente secretas del Servicio de Inteligencia argentino se vislumbran a cada paso. El informe del doctor Claudio Grossman, observador del juicio en representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no deja ninguna duda. Apenas iniciada la investigación, el juez de la causa, Juan José Galeano, presionó a la persona identificada de haber entregado la camioneta con 300 kilos de dinamita que derrumbó el edificio de la AMIA, para que identificase como responsables a policías de la provincia de Buenos Aires, ignorando otras líneas de investigación. A partir de ahí, todo el resto de la prueba quedó seriamente contaminada. En el encubrimiento y la implantación de prueba falsa, participaron varios funcionarios del poder judicial, del poder ejecutivo y del poder legislativo, todos guiados por la mano del Servicio de Inteligencia. Las flagrantes irregularidades culminaron con la decisión de apartar al juez de la causa, declarar nulo prácticamente todo lo actuado hasta ese momento y absolver a todos los acusados. Con esta decisión, más de 10 años después del atentado, se ponía en evidencia que el Estado argentino en su conjunto, en lugar de buscar la verdad sobre los hechos, solo buscó engañar a toda la sociedad argentina, y en particular a las víctimas de la AMIA. En septiembre de 2004, se nombra al fiscal Alberto Nisman a cargo de la investigación, y se inicia un nuevo proceso. Poco más de un año después, el fiscal acusa a Irán de estar detrás del atentado y a Hezbolá de ejecutarlo. En base a la solicitud de Argentina, Interpol emitió peticiones de captura para cinco iraníes involucrados en el atentado. Entre las solicitudes de detención se encontraban ministros, diplomáticos y militares de alto rango. Las solicitudes no lograron ningún resultado y frente a la imposibilidad de interrogar a los imputados, y al no existir el juicio en ausencia en Argentina, no hubo más avances significativos en la investigación. El momento más importante de esta etapa fue el reconocimiento de responsabilidad del Estado argentino en una audiencia ante la CIDH en marzo de 2005, donde además se acordaron una serie de medidas, incluyendo la reforma del Servicio de Inteligencia. El presidente Néstor Kirchner aprobó las reformas por decreto, pero nunca se cumplieron. Actualmente, el caso está esperando la respuesta de Argentina y posiblemente el proceso culmine ante la Corte Interamericana con una sentencia en contra.”

“Según declararon los exministros de Exteriores Bielsa y Taiana, tras la decisión del fiscal Nisman, Irán intentó reiteradamente buscar un acercamiento para alcanzar una solución política en la justicia argentina, además de promesas de mejora en la relación comercial. Ambos exministros rechazaron las propuestas de Irán. Las tentativas de negociación que se frenaban ante la intransigencia de Bielsa y Taiana, encontraron en Timerman un interlocutor más flexible. En marzo de 2011, el periodista Pepe Eliaschev denunció la existencia de un pacto secreto entre Argentina e Irán. Las graves acusaciones que brotaron desde el Gobierno contra el periodista se dieron de bruces contra el suelo menos de dos años después, cuando la presidenta anunció por Twitter la firma de un “histórico” acuerdo de nueve páginas con Irán para crear una Comisión de la Verdad y facilitar las declaraciones en Irán de los acusados. Frente a la avalancha de críticas, el Gobierno insistió en que no hubo negociación secreta, más allá de buscar avanzar en la búsqueda de justicia. El discurso del Gobierno, repetido estoicamente por sus acólitos seguidores, sufrió un duro golpe el 14 de enero con la denuncia del fiscal Nisman contra la presidenta y el canciller acusándolos de encubrir el atentado a la AMIA. El lunes 19, el fiscal Nisman debía comparecer ante el Congreso para declarar y presentar pruebas sobre la denuncia. Nunca llegó. Pocas horas antes lo encontraron muerto en el baño de su departamento. En cuestión de horas, irresponsablemente, con poca información, el Gobierno salió a sostener la teoría del suicidio. Pero tras un par de días en los que nueva información no favorecía dicha teoría, la presidenta modificó su opinión inicial y descartó el suicidio. En una muestra clara de un verticalismo irracional, sus seguidores, algunos de ellos sin poder ocultar una vergüenza que los acompañará de por vida, repetían automáticamente las palabras de la presidenta. Las pruebas de Nisman deberán ser evaluadas ante los tribunales, ante la sociedad no parece necesario. Ya no existen dudas de que la negociación informal existió a espaldas de las víctimas y del pueblo argentino, comprometiendo los logros que se habían alcanzado en la justicia Argentina. La historia de la AMIA es la historia de la desidia de un Estado y sus gobiernos. El Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, le sumó traición a la desidia. En derechos humanos lo principal deben ser siempre las víctimas y las medidas para que las violaciones no se repitan. El Estado argentino por más de dos décadas ha ignorado a las víctimas de la AMIA y ha creado un manto de impunidad que facilita la repetición de violaciones. Mientras no haya justicia por uno de los más graves actos terroristas de América Latina, el eco del estallido continuará cobrándose más víctimas.” Concluye la nota española.
Despejando los personajes que están en danza en el caso, lo que queda, lo que la muerte de Nisman deja radicalmente al desnudo, es un “Estado acostumbrado al fracaso”; el Estado aparece de un modo tan crudo y contundente en su degradación que no deja dudas: “da miedo”. El funcionamiento del aparato estatal nos pone ante el extremo de una larga serie de escalones de demolición de la “cultura estatal de servicio, de garantía de seguridad y de respeto a la legalidad”. “Muchos logros y reivindicaciones de la cultura democrática han quedado bastardeados, usados como medios para fines inescrupulosos”; ¡Los Kirchner han logrado “derribar al Estado” como lo que debe ser: “un actor autónomo y profesional para convertirlo en un “instrumento faccioso” de sus propios intereses”! Esto es algo recurrente, ya que la misma actitud viene desde sus épocas de Santa Cruz. El país ha entrado en un gigantesco cortocircuito que desnuda una instalación mafiosa, el caso Nisman ha hecho “todo indisimulable”. El mundo los observa con preocupación y desconfianza. El Gobierno Cristina Fernández, mientras tanto, sigue ciego y autista, encerrado en su relato de cristinolandia, victimizándose apenas. La única incógnita existente, es “si la dirigencia opositora y hasta la Iglesia argentina” se pondrá a la altura de su responsabilidad ante el pueblo atónito y desconfiado.

Buenos Aires, 26 de Enero de 2015.
Arq. José M. García Rozado
MPJIRucci – LIGA FEDERAL –
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