Argentina: Más inflación y más carga impositiva

Los aumentos de tarifas han funcionado como incrementos de recaudación impositiva por la enorme participación tributaria en lo que se paga: muchos no lo han mencionado (el caso de los economistas) y otros no lo percibiendo desde un principio (los consumidores), pero en verdad la Administración Macri está intentando aprovechar el reajuste para mejorar los ingresos del Fisco. Por otro lado ¿tiene o no impacto inflacionario el ajuste en las naftas? Orlando Ferreres le dijo a Charly Fernández que el índice ya lo había descontado pero aquí Isaac Rudnik, del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, afirma que sí tendrá impacto, en particular sobre los componentes de las canastas básicas. El arzobispo de Santa Fe y presidente del Episcopado, monseñor José María Arancedo, destacó algunas buenas intenciones de la nueva administración pero manifestó su preocupación por los efectos devastadores de una “inflación creciente”. La consultara fundada el actual ministro del Interior, Rogelio Frigerio (hoy desvinculado), dinamitando la meta del 25% que se había propuesto el Gobierno y que sostuvo el BCRA, aunque se cumpliría sólo teóricamente. Llamado de atención por las LeBaCs. El efecto Vanoli retardado.

El aumento de los combustibles, encarece el transporte y ejerce una influencia inflacionaria en todos los productos, en particular sobre los componentes de las Canastas Básicas (cuanto más barato es un producto la influencia proporcional es mayor). Sin embargo, también conviene detenerse en las explicaciones del ministro de Energía, Juan José Aranguren, sobre las que él considera como las 2 causas principales de los aumentos, y altos precios de las naftas comparados con otros países. La primera causa alude a la devaluación de un 50%, producida desde diciembre pasado a la fecha, a la que habría que restarle un 10% de baja del precio internacional del petróleo, dejando un saldo de 35 a 40% de encarecimiento en pesos del valor del crudo en la Argentina, por lo que el gobierno impuso incrementos de las naftas del 31% en lo que va de 2016. Aranguren en su declaración dejó abierta la posibilidad de nuevos aumentos, si varía el tipo de cambio. Es que la devaluación de fin de 2015, respondía a un atraso cambiario importante heredado de la gestión cristikirchnerista; pero es que luego de seis meses continuos de una inflación que no cede, el valor de la divisa nuevamente está quedando retrasado, por lo que no es descartable en corto tiempo, una nueva devaluación del peso. Entonces serían “necesarios” otros ajustes hacia arriba de los precios de las naftas.
Por otro lado, la razón por la que el Ministro de Energía justifica los altos valores locales, sería la elevada carga impositiva que tienen, que según diferentes cálculos está entre los 38 y 45 puntos del valor del valor de cada litro de combustible. En EEUU por ejemplo este impuesto es del 8%. O sea que actualmente de los casi $20 que se paga por las naftas Premium, unos $8 (ocho pesos) por litro van a las arcas fiscales (70% a la nación, por distintas vías, y un 30% a las provincias). Hay que recordar que el Impuesto a los combustibles, es indirecto, por lo que todos los consumidores pagan por igual -como el IVA- independientemente de las diferencias de poder adquisitivo que existan entre ellos. Por eso los impuestos indirectos son por definición, de los más injustos y regresivos. La ley 23.966 establece las alícuotas que deben tributar los combustibles, por lo que su modificación debe hacerse por una nueva ley. El ministro dijo que el gobierno está preparando un proyecto de Ley que cumplirá este objetivo. Sin embargo, esta misma ley vigente, autoriza expresamente al Poder Ejecutivo a bajar por decreto hasta un 10% la carga tributaria. Este último incremento es justamente del 10%, por lo que el gobierno podría sostener los ingresos de las petroleras (si éstos efectivamente estaban muy afectados) sin incrementar los precios al público, bajando por decreto la carga tributaria en esa proporción. Los instrumentos impositivos son uno de los mecanismos más poderosos con que cuentan los gobiernos para distribuir los recursos de la sociedad. La Argentina mantiene un sistema impositivo sumamente retrógrado heredado de los ’90, cristalizado por el cristikirchnerismo, y modificado en sentido aún más regresivo por el macrismo, en los pocos meses que lleva de gestión. Le saca las retenciones a las mineras y cerealeras, y recupera recaudación fiscal a través de la quita indiscriminada de subsidios a los servicios públicos, e imponiendo incrementos en los impuestos indirectos, que paga toda la población con este aumento del precio de los combustibles. Como desde el primer día de gestión, continúa trasladando ingresos desde el conjunto de la sociedad, hacia las minorías más ricas y poderosas.
Juan José Aranguren no sólo saca de quicios a su colega de Economía, Alfonso Prat Gay, y a más de medio gobierno macrista cuando agarra el micrófono, según comentaron un periodista exégeta del Pro y Beto Valdez por FM Milenium, sino que los continuos aumentos que dispone en los combustibles a contramano del mundo e impulsar la firma de un contrato de importación de Gas Natural Licuado (GNL) por parte de Enarsa que abre caminos a una sociedad en la que entró el año pasado una subsidiaria de sus ex empleadores de Shell en Chile pagando a un valor 53% por encima el recibido de barcos regasificadores en Bahía Blanca y Escobar y 128% más caro que el comprado a Bolivia, dispara muchas preguntas dentro y fuera del “dream team” de Macri acerca de para dónde patea en realidad el ministro de Energía y Minas.
Los detalles que reveló el miércoles 04/05 el incisivo periodista ex Clarín Antonio Rossi en La Política Online dan cuenta que “el contrato de suministro que suscribieron Enarsa y Solgas –una firma intermediaria del grupo internacional GDF Suez—prevé la entrega de 86 millones de metros cúbicos de gas entre mediados de mayo y el 15 de agosto por medio del gasoducto Norandino que une la planta regasificadora chilena de Mejillones y la provincia de Salta”. Pese a ser una operación relativamente irrelevante para los volúmenes de oferta y demanda de gas que se manejan en el país, el documento al que accedió nuestro colega tiene todo el aspecto de ser un leading case que siembra no pocas suspicacias. Hace apenas un mes, la propia Enarsa había aceptado pagar un promedio de 4,50 dólares por MBTU 30 cargamentos de GNL desde Chile, frente a los US$6,90 por millón de BTU (MBTU) que durante los 3 meses de invierno abonará en la frontera con Salta.
Llama la atención que la operación haya sido precedida por un informe técnico favorable que el viernes 22/04 sacó a la velocidad de la luz la gerencia de Gas y Refinación que pilotea Jorge O’ Donnell: Enarsa aceptaba formalmente los términos del convenio de compra que habían negociado el titular de la trading estatal inventada por Julio de Vido, Hugo Balboa, puesto ahí por Aranguren, y el director José María Zuliani, que era socio consultor del estudio Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbrán, y se desempeñaba para Pampa Energía, antes de ser nombrado. No es fácil de entender que se paguen por adelantado con fondos públicos que provienen del Programa de Energía Total (PET) los US$23 millones del suministro, aunque la factura sea entregada al final, que el gas se pague 53 o 128% más caro que en contratos vigentes, que el trato sea sometido a los tribunales de Nueva York y el compromiso de confidencialidad al estilo del acuerdo YPF-Chevron. El marco en el que concreta la operación entre Enarsa y Solgas. Esta firma es intermediaria del grupo internacional GDF Suez, que integra la explotación de una de las dos terminales de regasificación terrestres chilenas, GNL Mejillones, junto a Codelco y Quintero LNG, cuyos accionistas son Enap, Endesa, Enap, Metrogas y Terminal de Valparaíso S.A, siendo que esta última ingresó en el consorcio regasificador en septiembre de 2013, cuando British Gas (BG) le vendió sus activos pero siguió siendo el principal proveedor de GNL de Chile. El convenio entre Aranguren y su par chileno Máximo Pacheco se había cerrado el pasado 30/01 y comprende la importación de 5,5 millones de metros cúbicos diarios de GNL en total para el próximo invierno, con un desembolso de aproximadamente US$130 millones por año.

Como actualmente Argentina importa 25 millones de metros cúbicos diarios de GNL, a partir de este año el 20% de esas adquisiciones pasarían a ser chilenas. En ese sentido, el dato que se aporta es no menor: la reciente cancelación por parte del Gobierno nacional de una deuda con Bolivia por la importación de gas por US$200 millones. Y deja picando la duda: ¿Argentina dejará de comprarle gas a Bolivia, a pesar de tener un contrato hasta 2026? Porque si bien es cierto que el GNL actualmente puede ser más barato que el adquirido en Bolivia, la decisión admitiría una mirada geopolítica, siendo que Chile, en la actualidad, es la entrada al Acuerdo del Pacífico. El antecedente inmediato del giro del nuevo gobierno hacia los negocios gasíferos con Chile lo dio antes de asumir la Presidencia el propio Mauricio Macri, cuando cruzó la cordillera y esbozó la idea de importarles gas, siendo que al país trasandino no le sobra este recurso, sino que también debe importarlo. Antes que él, varios actores de la industria –fundamentalmente comercializadores, transportistas y grandes usuarios industriales– habían hecho lobby infructuosamente ante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para que permitiera la importación del fluido desde las plantas de GNL instaladas en Mejillones y Quintero, en Chile.
El director del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad, Víctor Bronstein, recuerda que, apenas asumió Aranguren, había declarado que lo importante no sería el autoabastecimiento, sino la seguridad energética. “Recibir gas de Chile diversifica los proveedores, lo que mejora nuestra seguridad energética. El tema es que esto no nos distraiga del objetivo de lograr el autoabastecimiento, que es la verdadera seguridad energética. Y si bien hoy el GNL está más barato que el gas que se importa desde Bolivia, no creo (espero) que el Gobierno intente reemplazar la importación del gas boliviano”, señaló. La publicación “Tiempo-Sur” apunta en esta dirección que el 28/01 de este año, dos días antes de que Aranguren sellara un acuerdo con su par chileno para la importación de GNL, la anglo-holandesa Shell ratificaba la adquisición de la inglesa BG por US$ 69.000 millones. “De esta manera, Shell se convirtió en el principal operador de GNL en el mundo (y Chile)”, se subrayó sin explicitar que Aranguren es un hombre de Shell y hasta participa de los dividendos pues renuncio como CEO pero no como accionista con el paquete de acciones que posee. Esta nueva ruta importadora de gas natural, justificada en la necesidad de cubrir los baches invernales, es mirada con desconfianza por la publicación de Río Gallegos, teniendo en cuenta que, como puntualiza, el país trasandino carece de gas propio.
“Hay que mirar a Shell como proveedor de GNL en Chile y Uruguay”, advierte. A Bronstein, le parece sugestivo que “Aranguren se preocupara por cerrar este trato donde Enap, que le compra el gas a BG (ahora Shell), ahora venderá GNL a nuestro país. No hay duda que esta medida le abre un nuevo mercado a Shell/BG. Además, en la justificación de la compra de British Gas, el CEO global de Shell planteó el objetivo estratégico de la empresa de desarrollarse en GNL”. No desvincula de esta línea de razonamiento la existencia de un proyecto para construir una tercera terminal regasificadora en Chile, iniciativa en la que está involucrada Shell, junto a Mitsui, a través de Mitsui O.S.K. Lines Ltd, y la nórdica Wärtsilä. Pero además de la irrupción en el corredor gasífero pactado de la compañía en la que Aranguren fuera Ceo en Argentina, la operación desnuda un movimiento de precios que “Tiempo-Sur” explica así: “Actualmente, en la cuenca austral, el millón de BTU (Unidad Térmica Británica) se paga 1,59 dólares, mientras que en el Golfo San Jorge, 3,69 dólares. Con este último valor, Santa Cruz recibiría en concepto de regalías este año 112.833.000 pesos (Austral) y otros 136.178.000 pesos (GSJ). En total, 249 millones de pesos”.
Al mismo tiempo en que se anunciaba que la importación de gas desde Chile -Uruguay también está en los planes importadores-, Aranguren deslizó entre los operadores locales que, una vez aplicado el ya concretado aumento de tarifas para el consumo de gas, el Gobierno aumentaría el precio del gas en boca de pozo. Y si se lo llevara finalmente a US$5,80 a partir de las recientes periódicas compras efectuadas, el incremento de regalías para la producción de la Cuenca Austral aumentaría un 364 por ciento, mientras que el recurso producido en el Golfo San Jorge tendría un incremento del 63 por ciento. En total, la provincia recibiría $744 millones. Pero a la vez convertiría al gas natural importado en más barato que el producido en el país. Sin embargo, según infieren desde una empresa del sector, el Gobierno nacional en realidad pretende llevar el precio en boca de pozo a 7,5 dólares el millón de BTU. Y ahí se expone la duda: “si la lógica de la actual administración central es la ecuación económica más que el desarrollo productivo e industrial, ¿quién garantizará que el gas producido en la Argentina a precio internacional sea adquirido localmente, en vez de importado de Chile, provisto por Shell, más barato?”.
Potenciales
La matriz energética de la Argentina posee una fuerte dependencia del gas. Del total de fuentes de energía utilizadas en las centrales térmicas instaladas en la Argentina, el 72% es a base de gas, un 22% corresponde a combustibles líquidos, un 4% al carbón y otro 2% a energías renovables. En cuanto a la producción de energía primaria por fuente, el 50,8 por ciento es a base de gas (Balance Energético Nacional, 2014). La empresa para la que trabajaba Miguel Galuccio entre 2009 y 2012, antes de ser contratado para YPF, Schlumberger, había realizado un informe firmado por Chuck Boyer, líder global de desarrollo del negocio de no convencionales y otros cuatro expertos de la firma, en el que asegura que “Argentina posee el potencial de recursos más grande de América del Sur en materia de gas no convencional”, era la conclusión, y si bien la caída en el precio internacional del crudo hizo redireccionar las inversiones en Vaca Muerta hacia su principal reservorio, el gas, reavivó otro de los yacimientos ricos en la materia, como el que abarca a Santa Cruz y Tierra del Fuego. La premisa de Galuccio era que Argentina mejorara la producción de gas, entre otras fuentes energéticas, o sea, la búsqueda de la soberanía hidrocarburífera, el autoabastecimiento, uno de los principales desafíos planteados desde la recuperación de YPF. La producción de gas natural durante todo 2015 registró un incremento de 3,6 por ciento en comparación con el mismo período de 2014. Se quebró, de esa manera, la curva descendente. En total fueron 42.972.906 metros cúbicos con un promedio diario de 117.734 metros cúbicos.
Entre las principales jurisdicciones productoras, hubo aumentos en el acumulado de 2015 en Neuquén (7,9 por ciento), Estado Nacional (4,4), Chubut (5,1) y Santa Cruz (1,0). En sentido contrario, las bajas fueron en Tierra del Fuego (-10,8) y Salta (-1,8). Dentro del conjunto de empresas, YPF fue la que más creció, con un 4,5 por ciento, seguida por PAE (3,7), según se desprende del Instituto Argentino de Petróleo y Gas.
Desde mediados de los 90 hasta mediados de la década pasada, la Argentina exportaba gas hacia el otro lado de la Cordillera, para lo cual se tendieron cinco gasoductos entre ambos países. Pero en el invierno de 2006, a raíz de la caída de la producción local del hidrocarburo, el entonces presidente Néstor Kirchner cortó abruptamente los envíos de gas hacia el país trasandino y casi 10 años después se exporta una ínfima cantidad de gas desde el sur argentino. El año pasado, los Gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y Michelle Bachelet negociaron un acuerdo para facilitar el intercambio de energía, que avanzaría primero sobre la electricidad y luego, sobre el gas natural. Representantes de la Argentina y Chile trabajaban en un borrador que estableciera un protocolo para institucionalizar la importación-exportación de electricidad de un lado y otro de la cordillera, según fuentes chilenas habían revelado a Revista Petroquímica, Petróleo, Gas, Química & Energía en el CERAWeek 2015, el mayor evento de energía de Estados Unidos, que se realizó hasta el 24 de abril de 2015 en Houston. Se barajó como alternativa reacondicionar el Gasoducto del Pacífico –propiedad de un consorcio de empresas entre las que figura la petrolera estatal chilena, Enap–, para que pueda transportar gas desde una de las dos terminales regasificadoras de GNL hasta la provincia de Neuquén, del lado argentino.

El ministro de Energía, Juan José Aranguren, salió este viernes al cruce de las críticas por la decisión del Gobierno de comprarle gas a Chile a un precio de US$7 el millón de BTU, cuando ya se le compra a Bolivia a un valor de US$3 y se importa gas licuado a un costo de US$6,5 por el mismo volumen. Según el funcionario, contra lo que se sostuvo, la medida le significa al país un ahorro de US$46 millones, porque lo que se reemplaza es energía generada a partir de gasoil, que tiene un costo mayor. “Nuestra obligación es tratar de hacerle la vida más fácil a la gente (?) y que haya disponibilidad de producto cuando se necesita, que cuando se acerca el invierno haya gas. Por eso tenemos que tratar de conseguir ese producto de la mayor cantidad de fuentes posibles”, subrayó Aranguren en declaraciones a radio Mitre. El mismo ministro mencionó que “hoy la Argentina importa gas de Bolivia a un US$3 la unidad de medida” e “importa gas licuado a aproximadamente US$6,5 la misma unidad”, pero señaló que en invierno, cuando falta gas, “se quema gasoil para generar energía eléctrica”. “Si tuviéramos acceso a otra fuente de gas natural tendríamos mayor disponibilidad para que las amas de casa tengan gas en sus hogares o no le cortemos el gas a las industrias o no les cortemos el GNC a los taxistas”, continuó y afirmó: “Tuvimos posibilidad de comprarle gas a Chile, que tiene también plantas de regasificación con capacidad ociosa, y lo compramos a US$7 el millón de BTU, y desplaza gasoil, que lo compramos a US$10, lo que le significa al Estado un ahorro de US$46 millones”.
¿Por qué no comprarle más gas a Bolivia o traer más gas por barco? “Bolivia –respondió Aranguren- le vende a Brasil a Argentina y no tiene más gas. Y en el invierno está completa la posibilidad de recibir más gas por barco. Por lo tanto la oportunidad que teníamos para reemplazar el gasoil era ésta”. “Estamos reemplazando un producto que nos sale US$10,5 por millón de BTU por otro que nos sale US$ 7. Obviamente es más caro que el que nos sale 3, pero no hay”, concluyó. Sobre la polémica desatada, también respondieron las autoridades de Enarsa, la empresa encargada de la operación. En una entrevista con el portal “lapolíticaonline.com” -que reveló la operación-, el presidente de la empresa de energía, Hugo Balboa y el director, José María Zuliani, destacaron que el acuerdo con la firma Solgas “era la única y más conveniente opción de abastecimiento de gas para el invierno” y se tuvo que aceptar las condiciones fijadas por los proveedores, como el pago por adelantado, por “la falta de confianza en el país que tienen las empresas chilenas”. Balboa y Zuliani también argumentaron en el mismo sentido que Aranguren sobre la conveniencia del GNL sobre el gasoil, por un tema de costos. Además, respondieron sobre una cláusula de confidencialidad en otro acuerdo, esta vez con la estatal ENAP, y lo diferenciaron del que firmó YPF con la estadounidense Chevron. “La confidencialidad –señalaron –recae sobre las cuestiones económicas porque la parte no quiere que otra competidora conozca los detalles del acuerdo”.
La consultora Economía y Regiones (E&R) estimó en su último informe que la inflación anual de 2016 se ubicará entre el 38% y el 39%, dinamitando la meta del 25% que se había propuesto el Gobierno en el inicio de su gestión. No obstante, la consultora fundada por el actual ministro del Interior, Rogelio Frigerio (hoy desvinculado y el primero en el Gabinete en reconocer que debería revisarse la meta), señaló que en los últimos meses la suba de precios cederá hasta un nivel con el que el Banco Central podrá sostener sus proyecciones para este año. Para E&R, “el escenario de alta inflación está jugado” para este año y es “imposible” que el BCRA consiga un promedio anual en la franja del 20-25% ya que la suba de precios “no se va a desplomar”. Por eso considera que cuando el presidente de la entidad monetaria, Federico Sturzenegger, ratificó la meta inicial del Gobierno, en realidad se refería a que “el BCRA procurará hacer política monetaria de manera que la inflación vaya bajando paulatinamente hasta converger a 1.53%/1.88% mensual en diciembre, lo cual en términos anualizados es respectivamente 20%/25%; y cumple con la meta”. Por otro lado, E&R sostiene en su informe que hay 2 factores que impedirán un “desplome” de la inflación este año. Por un lado, los efectos diferidos de la política aplicada por la anterior gestión del BCRA. Por el otro, el fuerte endeudamiento del Central por la emisión de Letras (LeBaC) a tasas muy altas, “lo cual es un obstáculo para hacer política monetaria con tasa de interés”.
Respecto del primer caso, el informe señala que la política monetaria “actúa con retardos estimados en 12 meses, por lo que la política monetaria desbocada de (Alejandro) Vanoli seguirá teniendo impacto durante gran parte de todo este año, alimentando un piso elevado de inflación para todo 2016”. En cuanto a la política de LeBaCs a tasas altas, E&R observa que esto último impacta “negativamente en la inversión y en el consumo”. También señala que las LeBaCs “generan un potencial déficit cuasi fiscal futuro que alimenta expectativas de emisión e inflación, impidiendo que la presente inflación baje más rápido”. En este sentido, recomienda “limpiar” (parte) las LEBACs del pasivo del BCRA para potenciar la política monetaria anti inflacionaria, bajar más y más rápido tanto la tasa de interés como la inflación y así poder estimular la inversión y el nivel de actividad”. En este marco, E&R considera que “lo más probable es que la inflación promedio anual se ubique en torno al 38%/39% y la inflación interanual de diciembre 2016 ronde el 36%”. “Sin embargo, la inflación mensual de los últimos meses del año tendería, según nuestras estimaciones al 1,5% mensual, permitiéndole al BCRA cumplir la meta de inflación anual para 2016”, señala el informe.
“El momento actual no es fácil, se está en un cambio de gobierno, de orientación política, con una inflación que no se ha logrado dominar”, señaló el referente de la Iglesia, quien destacó algunas buenas intenciones de la nueva administración, pero advirtió que hay otras necesidades más urgentes. “Las personas que más sufren necesitan honestidad, transparencia y coherencia, pero también solidaridad y equidad. Espero que esto sea transitorio, que se sepa que hay un bien común”, manifestó en declaraciones a la radio “LT10” de Santa Fe. De acuerdo con informes privados que se publicaron esta semana, los precios habrían registrado un alza cercana al 7% en abril. Pese a ello, el Poder Ejecutivo continúa apostando a un descenso “drástico” de los índices a partir del segundo semestre. “No se podría estar uno o dos años en un contexto de inflación creciente”, avisó Arancedo. En ese sentido, argumentó que “no se podría estar uno o dos años en un contexto de inflación creciente. Eso tiene que encontrar una salida y eso también es cuestión de crear empleo, trabajo digno e inversiones”. Durante la misma entrevista, Arancedo remarcó las urgencias de los sectores más necesitados y pidió una reacción de las autoridades: “No podemos quedarnos esperando lo mágico, tienen que ser los poderes del Estado los que tienen que dar las respuestas que la gente está esperando”. Finalmente el arzobispo apuntó que “los números de la pobreza a nivel nacional, en Santa Fe la emergencia hídrica, son cosas que preocupan”. Y consideró que en estos “momentos difíciles” es necesario que haya una “gran capacidad creativa y solidaridad de aquellos que más tienen sobre los que menos tienen”. “Hay que encontrar el rumbo político para alcanzar el bien de todos”, finalizó.
¿Macri tomará nota de que la inflación está haciendo mella groseramente en el pueblo trabajador o seguirá los consejos-negocios de Juan José Aranguren?

Buenos Aires, 6 de mayo de 2016.
Arq. José M. García Rozado, ex Subsecretario de Estado
MPJIRucci – LIGA FEDERAL – Peronismo Verdadero
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