Argentina: Inflación, dólar, tasas y la economía estancada.


PARTE 1ª

Los jefes de Gabinete tienen como misión justificar lo que hacen los Presidentes, a rajatablas: ocurrió con Eduardo Bauzá, Jorge Rodríguez, Rodolfo Terragno, Christian Colombo, Alfredo Atanasof, Alberto Fernández, Aníbal Fernández, Jorge Capitanich, Sergio Massa. Ahora es el turno de Marcos Peña, quien advirtió: “Tarde o temprano tendrán que pagar el gas”. Sobre los datos de ANSeS: “Lo que hicimos es absolutamente transparente y legal, y que es costumbre. Por ahí estos diputados no saben que la Anses durante el gobierno anterior hizo más de 40 convenios de cesión de datos de contacto a gobiernos provinciales y empresas privadas como Banelco, por ejemplo”. Sobre el Macri-Tinelli: “Marcelo es un referente de nuestra comunidad. El encuentro no tiene más dramatismo que el de un encuentro de 2 personas que se encontrara a charlar de muchos temas”. El expresidente del Banco Central, cercano a Cambiemos, estimó que el valor del dólar actual es inconveniente para las exportaciones argentinas, en especial para las pymes. Dijo que el Gobierno no “ha acertado” aún en despejar la “incertidumbre” que frena las inversiones. El jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, evalúa adelantar las elecciones porteñas. La caída en la imagen de Mauricio Macri y la preocupación por la posible participación de Martín Lousteau son los principales motivos.

Descripción: Descripción: Antes se hablaba de “segundo semestre”: ahora, de 2017 (DyN)Descripción: Descripción: http://cdn.urgente24.com/sites/default/files/notas/2016/06/01/gonzalez-fraga.jpg

El Gobierno reconoce que la reactivación aún no llegó. Así sucede en los distintos niveles de la conducción económica: En la Jefatura de Gabinete admiten que el año está jugado y el crecimiento se percibirá en 2017 más allá de cierta recuperación en el último trimestre. El Presidente Mauricio Macri lo dijo públicamente días atrás: “En el final del segundo semestre vamos a ver signos de futuro crecimiento. El año que viene vamos a crecer 3 o 3,5%”. En los distintos ministerios que llevan la agenda económica ven algo similar o, incluso, una foto más cruda que la de la Casa Rosada: ni siquiera al final del segundo semestre habrá brotes verdes y la apuesta pasó para 2017. En el Banco Central descartan una recuperación para el corto plazo aunque sí para el año próximo de la mano de las exportaciones y un incremento de la inversión. ¿Qué explica la demora de la reactivación? Básicamente el desplome del consumo. La turbina número uno de la actividad económica en la Argentina es el consumo privado, que representa el 67% del PBI según un cálculo de la consultora LCG (ver infografía). Esto quiere decir que si el consumo crece 1% el producto lo hará 0,67%. El consumo viene cayendo y de hecho en junio lo hizo 5,9%. ¿El motivo? La pérdida del poder adquisitivo por el salto inflacionario.
El otro componente de relevancia es el consumo público (gasto público). Allí hubo rubros que crecieron por debajo de la inflación en el primer semestre, como los salarios y los subsidios, mientras que las jubilaciones crecieron al ritmo de la inflación. Otro rubro que aporta a la generación de valor agregado en la economía argentina es el sector externo. Pero este es casi nulo porque las exportaciones son casi compensadas por las importaciones. Un ejemplo sucede en la industria automotriz. “Pero además, las exportaciones van a estar condicionadas por un mundo en bajo crecimiento, con el principal socio comercial sumido en una crisis económica y política de una magnitud difícil de cuantificar y el tipo de cambio estará más caro que competitivo”, explica Agustín Bruno, economista de la consultora LCG. Finalmente, restan los canales del crédito y de la obra pública. Las políticas del Gobierno no alentaron su aporte al crecimiento hasta el momento. El Banco Central parece sentirse cómodo con las tasas por arriba del 30% y la inversión en infraestructura ha sido uno de los componentes menos dinámicos del gasto público en el primer semestre. La obra pública aporta 3,6% al PBI.
El economista y expresidente del Banco Central Javier González Fraga estimó este jueves que el tipo de cambio actual es inconveniente para las exportaciones argentinas, en especial para las pymes. Según el economista cercano a Cambiemos, el valor del dólar “no termina de convencer” y que “mucha gente hubiera esperado un dólar más cerca de 20”. Actualmente, el dólar se ubica alrededor de los $15, precio que -dijo, en relación al dólar paralelo que era el único de acceso libre- “está por debajo de lo que estaba un año atrás, a pesar del 40% de inflación de los últimos 12 meses”. “El empresario busca competitividad, defenderse de las importaciones, y tener acceso a los mercados externos”, sostuvo. Por otro lado, González Fraga manifestó su confianza en que “este gobierno no tenga una política de importaciones ingenua como en los ’90”, y resaltó que espera que “haya una importante protección a la actividad industrial nacional”. El economista dijo en declaraciones a la prensa que “la inversión pública requería del acuerdo con los holdouts para destrabar los préstamos de los organismos internacionales. Esa plata está llegando. Hay un boom de obra pública que es parte de la inversión”. “En lo que hace a la inversión privada, se nota mucho interés en la cantidad de empresarios que están yendo a Buenos Aires y a otras partes del país. Desde petróleo, minería, hasta consumo; y hay un interés sobre todo las empresas de servicios públicos que se pasaron diez años sin invertir: autopistas privatizadas, electricidad, gas”, añadió. No obstante, explicó que ”hay muchísimos factores que hoy están frenando la inversión y hay incertidumbre, también política, que creo que se va a ir despejando muy lentamente. Creo que el juego de la inversión es complicado, donde el Gobierno no ha acertado todavía”.
En la Casa Rosada aseguran tener datos firmes sobre la baja de la inflación en julio. Y en el Banco Central aseguran que con la cantidad de dinero creciendo al 17,5%, como lo viene haciendo, el camino descendente de la inflación está asegurado. Los datos cobran relevancia pero más aún la idea oficial de que el esquema antiflacionario enfrentará una prueba difícil en los próximos meses. Dentro y fuera del Gobierno existe la convicción de que el titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, es el que lleva la batuta en materia de lucha contra la inflación con su política de reducir la cantidad de dinero y mantener relativamente altas las tasas de interés. De hecho, anteayer y cuando las expectativas sobre los aumentos de precios aparecen moderadas, el Central decidió mantener en 30,25% anual las tasas de las letras que sirven cómo indicador del costo del dinero en el mercado. Esa política, que merece reparos de algunos ministros, es avalada con claridad por el presidente Mauricio Macri y por su mano derecha, el jefe de Gabinete, Marcos Peña. Las críticas a la política de contracción monetaria y tasas altas provienen de economistas y funcionarios que piden una baja más rápida de las tasas de interés, en el intento de abaratar el costo de los créditos y favorecer una reactivación de la actividad económica que aún aparece lejana. La mayoría de los datos de actividad del primer semestre dan para abajo y no se notan los “brotes verdes” que permitan prever alguna mejora, al menos, hasta los tres últimos meses del año.
Los pronósticos inflacionarios de julio varían bastante entre los privados y los oficiales. Las estimaciones preliminares de las consultoras Elypsis y Bein marcan un aumento del costo de vida entre 1,7 y 1,9 por ciento, con una baja sensible del ritmo de suba respecto del mes anterior, mientras que el índice de la Ciudad crecería en torno de 2,3%. El del INDEC se mantiene sin filtraciones. En el Central están convencidos de que, a poco de consolidarse una supuesta baja de la inflación, aparecerán reclamos empresarios por una suba del dólar para favorecer las exportaciones, licuar el poder de compra de los salarios o frenar importaciones. Pero, creen que no tendrán éxito. Dicen en el Gobierno que la economía está frente a “un verdadero cambio de régimen” que es la persistencia del esquema de contracción monetaria (en la creencia de que reducir la cantidad de dinero hará bajar la inflación) y tipo de cambio flotante. Aseguran que Macri está convencido de ese esquema y que, aunque las presiones serán grandes, no cambiará porque el Presidente está mirando el largo plazo. ¡Fuera del Gobierno, las dudas se agigantan!
Por un lado, porque si la inflación no baja rápido, el atraso del tipo de cambio se profundizaría y comenzarían las dudas sobre la viabilidad en el mediano plazo del esquema. Y por el otro, porque existe la impresión de que Macri ya tiene en la cabeza las elecciones legislativas del año próximo e intentará que una mejora de la economía lo ayude. La discusión sobre la posibilidad de que el dólar se vuelva a atrasar va en ascenso, pero en el corto plazo parecería inevitable. Es fuerte el ingreso de dólares por especulación, inversión y salida al mercado de las provincias. Y se espera que el blanqueo tenga éxito. En otras palabras, el país tendría asegurado el abastecimiento de dólares en el corto plazo y la posibilidad de un dólar girando en torno a los $ 15 un tiempo más no parece descabellada. Incluso desde afuera del Gobierno va cobrando forma la crítica que dice que las tasas altas y el dólar relativamente atrasado son casi los únicos dos instrumentos en la lucha antiinflacionaria de corto plazo. El resto lo hizo la caída del poder de compra de los salarios después de la devaluación y el aumento de tarifas. Pero en ese punto surgen los interrogantes sobre los pasos económicos de Macri con la mirada puesta en 2017.

Descripción: Descripción: http://cdn.urgente24.com/sites/default/files/notas/2016/07/28/sinceramiento.jpgDescripción: Descripción: Exportaciones

La evolución del PBI en los últimos años demuestra que la política económica reciente transita ciclos bianuales, cayendo en los años pares, en los que no hay elecciones, para recuperarse en los impares, de comicios legislativos o presidenciales. Esa regla no escrita demostraría que los gobiernos intentan devaluar y hacer caer el poder de compra de los sueldos en los años pares para impulsar el resultado opuesto en los impares. Así, por esa regla de los opuestos, si este año el dólar y la inflación le ganan al aumento de los salarios, para 2017 habría que prever el resultado contrario. O sea, que los sueldos aumenten por encima del dólar y de la inflación. Desde ya, los funcionarios negarán que ese razonamiento tenga algo que ver con lo que piensan la Casa Rosada o el Banco Central. Las señales que emite el Central apuntan a reiterar que no les preocupa el precio del dólar y tal vez lo hacen por tener la certeza de que cuentan con el financiamiento suficiente para sostener el dólar en el valor que quieran. Pero, aseguran, están buscando imponer la idea de que se trata de un nuevo esquema, que no se cambiará y al que habrá que adaptarse. Mientras tanto, cerca del jefe de Gabinete se sigue con atención cuántos gremios y por cuánto firmaron las paritarias con aumentos que caen en la segunda parte del año. Los empleados de la administración pública, por ejemplo, acordaron que la paritaria se completa con un 12% en agosto, los trabajadores rurales con un 16% en septiembre, la alimentación con 11,9% en noviembre y comercio con 16% en septiembre. Son algunos de los gremios que completan los aumentos salariales anuales a partir de julio y su mejora en el poder de compra, frente a una inflación declinante, se constituye en un argumento de peso para esperar alguna mejora en el consumo en la última parte del año.
¿Qué se esperan los economistas para el año? Fausto Spotorno estima que el PBI caiga 2,4% en el tercer trimestre y se estabilice en el cuarto. Para todo el año ve una contracción de 1,3%. Bruno estima que el producto caerá 2%. ¿Y en el Gobierno? Que las exportaciones recuperen terreno porque el daño sufrido en los últimos años fue más producto del cepo que del atraso del dólar. De hecho, Mario Quintana, secretario de la Jefatura de Gabinete, admitió esta semana que la Argentina tendrá un tipo de cambio apreciado para rato. El Banco Central comparte esa visión sobre las exportaciones y dólar. Gobierno y privados esperan un repunte de la inversión. Aunque su contribución al crecimiento será baja: si la inversión crece 1%, el PBI lo haría sólo 0,17%. En mayo, se redujo en 40.114 personas el número trabajadores ocupados en el sector privado formal, de acuerdo a los datos del Ministerio Trabajo. De 6.175.368 empleados en relación de dependencia en abril, bajó a 6.135.254 en mayo. A su vez, en junio, también volvió a caer el empleo privado en blanco: la baja fue del 0,1% con relación a mayo y del 0,3% la disminución interanual, según lo relevado por la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. En mayo, las ramas de actividad que presentaron mayor contracción del nivel de trabajo registrado fueron: Servicios Empresariales, Inmobiliarios y de Alquiler ( más de 11 mil trabajadores); Industria manufacturera (10 mil); Agricultura y Ganadería (6 mil); y los sectores de Comercio y Hoteles y Restaurantes (cerca de 5 mil cada uno). La construcción volvió a resignar unos 2.000 empleos.
“En la comparación interanual, se advierte una contracción de cerca de 59.840 asalariados formales con respecto al mismo mes del año anterior, lo cual implica una reducción anual del 1% del total de los trabajadores bajo relación de dependencia”, dice el informe oficial de la cartera que conduce Jorge Triaca. En tanto, en la comparación interanual, la rama de la construcción es la responsable de la mayor parte de los puestos de trabajo. Con relación a enero que registró 6.194.084 trabajadores privados en blanco, la caída suma 58.830 ocupados menos. Trabajo realiza la Encuesta en aproximadamente 3000 empresas y anticipa la cifra nacional que luego declara la totalidad de los empleadores ante la AFIP/Seguridad Social. La mayor caída del empleo afecta a la rama de la construcción. El informe de Trabajo dice que “del conjunto de los aglomerados relevados se explica, en parte, por la variación negativa que se presenta en el Gran Buenos Aires (-0,6%), cuyo peso en la participación del empleo relevado por la EIL alcanza el 71%. En los aglomerados del interior se relevaron variaciones anuales negativas en: En el análisis por rama, registraron variaciones positivas respecto de mayo de 2015 en Transporte, Almacenaje y Comunicaciones (+3,0%); Servicios Comunales, Sociales y Personales (+2,9%) y Servicios Financieros y a las Empresas (+1,4%). En tanto hubo variaciones negativas en Construcción (-11,3%); Comercio, Restaurantes y Hoteles (-0,4%) e Industria Manufacturera (-2,4%).”
En cuanto a las expectativas de las empresas sobre la evolución de sus dotaciones, el 85% de las firmas no esperan variaciones en sus plantillas para los próximos tres meses, dice Trabajo. Los empleados de la administración pública, por ejemplo, acordaron que la paritaria se completa con un 12% en agosto, los trabajadores rurales con un 16% en septiembre, la alimentación con 11,9% en noviembre y comercio con 16% en septiembre. Son algunos de los gremios que completan los aumentos salariales anuales a partir de julio y su mejora en el poder de compra, frente a una inflación declinante, se constituye en un argumento de peso para esperar alguna mejora en el consumo en la última parte del año. En materia económica, después de la celeridad en la salida del cepo cambiario y en el cierre del acuerdo con los fondos buitre, los resultados van ahora mucho más lento, tanto para bajar la inflación cómo para visualizar una mejora de la actividad. Pero en el mientras tanto; “hasta que no se resuelva el fallo no hay que pagar el gas”, decía le jefe de Gabinete, Marcos Peña, hace unos días. Pero ahora él se rectificó: “Tarde o temprano se van a tener que pagar las facturas de gas. (…) Si uno quiere pagar ahora, para no acumular y pagar todo junto después”. Los Jefes de Gabinete de Ministros de la Nación, desde la creación del cargo por la Constitución Nacional 1994, se han limitado a esa función, sustitutos de voceros presidenciales, explicadores de comportamientos o polémicos o inexplicables de los Presidentes. En declaraciones a Radio Mitre, Peña reiteró que la Argentina atraviesa una difícil situación y que, por tal motivo, se declaró la emergencia energética: “Gran parte de la falta de gas tiene que ver con que se promovió la idea del: consumí toda la luz y el gas que quieras que no lo paga nadie; eso lo promovió la ex presidente”.
Peña cree que el Gobierno hizo un “avance importante” y que la sociedad debe entender que “esto no es gratis. Vamos rumbo a un proceso de mejora de los servicios públicos, que haga que el que consume mucho pague lo que vale y el que no pueda, tenga una tarifa social”. El jefe de Gabinete de Ministros insistió en la necesidad de “tomar conciencia de lo que se paga, por qué se paga y qué se subsidia. Sobre el gas cerca de un 30% se sigue subsidiando, con la luz casi un 60% y con el transporte (subte y colectivos) entre un 40% y 50 por ciento”. Respecto del tema ANSeS: A los diputados nacionales del Frente para la Victoria (FPV) que lo denunciaron en la justicia por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, les respondió: “Lo que hicimos es absolutamente transparente y legal, y que es costumbre. Por ahí estos diputados no saben que la Anses durante el gobierno anterior hizo más de 40 convenios de cesión de datos de contacto a gobiernos provinciales y empresas privadas como Banelco, por ejemplo”. Él dijo también que le dan “tristeza” las críticas de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien acusó al gobierno nacional de crear un “Estado policial”, y sostuvo que siente un “enorme alivio al saber que no nos gobierna más una persona con ese nivel de distorsión de la realidad”. “No sé qué objetivo persigue (la ex mandataria), por qué esas contradicciones y mentiras, pero es un problema de ella. Nosotros estamos concentrados en gobernar”, sostuvo Peña. Peña ratificó que entre la información de la ANSeS compartida “no hay datos sensibles o confidenciales sobre la seguridad social” y que “se busca mejorar la capacidad del Estado para mejorar la comunicación con los ciudadanos”. ¡La realidad muestra que existe indudablemente –y no por lo que dicen las denuncias de los diputados del FpV o CFK- notoria “pérdida de libertades así como intromisiones inconstitucionales” en la vida privada de los Argentinos!

PARTE 2ª

La reparación histórica a los jubilados fue el envase legislativo del blanqueo que lanzó el gobierno ofreciéndoles a los argentinos que ocultaron divisas “bien-habidas” en el exterior que las repatríen antes que los convenios internacionales de intercambio de información bancaria, entre los fiscos nacionales y las Unidades de Información Financiera (UIF) que investigan los delitos de lavado de activos, terminen de cercarlos. Lo presenta así como un costo de oportunidad para evitar supuestos males mayores, más que como un imán que atraiga capitales nacionales ocultos a fin de que participen y ganen con el desarrollo del país. Pero desde alguna consultora advirtieron al presidente Macri que, ante el cepo coyuntural en que se encuentra su gobierno con el tipo de cambio bajo y la presión fiscal muy alta, en un contexto inflacionario rebelde, algunos inversionistas manifestaron que preferirían adoptar una doble nacionalidad y blanquear en otros países, que le dieran más seguridad en el tiempo, y que inclusive los mismos paraísos fiscales están ofreciendo blanquear con ellos otorgándoles ciudadanías paralela. Hoy daría la impresión de que si hubiera alguna fórmula de rentabilidad a extraer de un mix entre la tasa de interés futura y eventuales beneficios en las liquidaciones de impuestos estaría al alcance de muy pocos expertos o selectos allegados al ámbito bursátil con llegada a Nicolás Caputo. Tampoco el denominado chiquitaje parece estar hoy en el foco de la atención oficial. Huelga una propuesta movilizadora para tentarlo a invertir las sumas exentas del cargo del 10%, de US$ 100 mil, por lo que le queda un mercado inmobiliario muy restringido, en el que los desarrolladores no disponen de reglas superadoras, lo mismo que las alternativas financieras de siempre, n o dejan mayores motivos para la euforia.
El Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), advirtió en su último informe que los subsidios económicos explican el 85% del déficit fiscal, a pesar de los aumentos en los servicios públicos. En mayo, la consultora KPMG precisó que los subsidios al sector energético en Argentina ascendieron a los US$20 mil millones entre 2005 y 2015. Además, advirtió que en el último año (2015) representaron el 61% del total de subvenciones del Estado a la economía, algo que sumado a las tarifas congeladas, determinaron el deterioro de las empresas del sector y fueron uno de los principales factores del déficit público. Por su parte, Idesa indicó que “la persistencia de la inflación alerta sobre la importancia de reducir la emisión monetaria que se deriva del elevado déficit fiscal. En el corto plazo, esto se puede lograr acelerando la reducción de los subsidios económicos. De todas formas, el desafío más importante y complejo es transformar la organización del sector público eliminando los impuestos más inequitativos y distorsivos y profesionalizando al Estado para que brinde más y mejores servicios”.
El informe Idesa, continúa así: “En la primera mitad del año se tomaron decisiones económicas importantes tendientes a normalizar la economía. Entre las más destacadas aparecen la regularización del comercio exterior levantando trabas burocráticas y liberando el mercado cambiario, el restablecimiento de las relaciones con la comunidad financiera internacional, el inicio en la resolución de las deudas con los jubilados, la reducción de la presión impositiva en algunos impuestos y la reconstrucción del sistema estadístico nacional. Sin embargo, la persistencia de la inflación sigue produciendo daños sociales e incertidumbre. La inflación deriva de varios factores. El más importante es que los gastos del sector público nacional superan ampliamente a los ingresos. Esto obliga a contraer más préstamos y emitir sin respaldo. Bajo estas condiciones fiscales, el Banco Central no tiene posibilidades de reducir el aumento de precios a niveles más tolerables. De aquí la importancia de monitorear la evolución de las cuentas públicas. En esta dirección, según datos publicados por la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) referidas al primer semestre del año 2016 se observa para el sector público nacional que: a. Los ingresos totales fueron $698 mil millones (28% mayor respecto al año anterior) y los egresos $830 mil millones (31% mayor respecto al año anterior). b. Así el déficit financiero fue de $132 mil millones o un 45% más alto que el registrado en el primer semestre del año 2015. c. Los subsidios económicos (a la luz, gas, agua, transporte y empresas públicas) ascienden a $113 mil millones.
Estos datos muestran que durante el primer semestre del año los ingresos crecieron por debajo de las erogaciones aumentando el desequilibrio en las cuentas públicas. En el corto plazo, es difícil lograr aumentos significativos de los ingresos y existen potentes inercias en varios componentes del gasto público, como las prestaciones de la seguridad social, salarios y transferencias a universidades que suman más de la mitad del gasto público nacional. Por eso, una reducción más veloz del déficit fiscal exige avanzar sobre los subsidios económicos. En este sentido, es muy relevante notar que los subsidios económicos equivalen al 85% del déficit total. Resalta la importancia estratégica de asumir con seriedad y racionalidad la revisión de los subsidios a la electricidad, el gas, el agua, los colectivos, los trenes y las empresas del Estado donde se destacan Aerolíneas Argentinas y la empresa de carbón Río Turbio. Los desentendimientos ocurridos con la tarifa de gas muestran que, por ahora, en los tres poderes del Estado prevalece en materia de subsidios la improvisación y el oportunismo en lugar de un accionar coordinado y sustentado en criterios técnicos. La reducción de los subsidios requiere del Poder Ejecutivo una regla trasparente y simple que lleve gradualmente las tarifas al nivel que permita cubrir el costo del servicio y un mecanismo ágil y equitativo para el acceso de las familias más vulnerables a la tarifa social. Del Poder Legislativo se requiere responsabilidad en lugar de iniciativas más impregnadas de oportunismo que de racionalidad. Del Poder Judicial se exige preservar al ciudadano de actos arbitrarios pero sin caer en la tentación demagógica de prohibir aumentos de precios sin respaldo de una mínima consideración por la sostenibilidad económica de la decisión.
De todas formas, el equilibrio fiscal es una condición necesaria pero no suficiente para el desarrollo social. El desafío trasciende los subsidios. Desde los tres niveles del Estado se impone una muy alta presión tributaria que se contrapone con la muy pobre calidad de servicios que reciben los ciudadanos. Por eso, es clave revisar el sistema tributario, como las cargas sociales que desalientan el empleo formal, el impuesto al cheque que desalienta las transacciones electrónicas y los impuestos a los ingresos brutos provinciales y tasas municipales que se superponen con el IVA gravando hasta tres veces una misma venta. En paralelo hay que dar racionalidad al uso del recurso público reformando el sistema previsional y evitando superposición de roles entre la nación y las provincias en temas estratégicos como educación, salud, seguridad, vivienda y otras inversiones sociales. Junio fue un mes adverso para el comercio exterior argentino, con un primer semestre que dejó un saldo positivo, pero menor al esperado, con un retroceso en las exportaciones industriales. El mes pasado, las exportaciones tuvieron un brusca caída del 13%, por menores cantidades vendidas y menores precios, y afectaron, según el INDEC, “a todos los grandes rubros: productos primarios, manufacturas de origen agropecuario, manufacturas de origen industrial y combustibles y energía”. Y también cayeron las importaciones – un 10,9%- pero por el descenso de los precios porque se importaron mayores volúmenes, en especial bienes de consumo y autos. Por estas razones, se achicó el superávit que descendió de U$S 286 millones alcanzados en junio de 2015 a U$S 126 millones el mes pasado.
Con estos números, el semestre cerró con menores exportaciones y menores importaciones pero con un superávit de U$S 479 millones, menor al esperado, cuando en enero-junio de 2015 había arrojado un déficit de U$S 483 millones. El balance semestral muestra un mejor desempeño de las exportaciones de productos primarios (+ 9,6%), como cereales, tabaco, hortalizas y legumbres y lanas. Una performance casi neutra en alimentos (+ 3,7%) por mayores ventas de grasas y aceites y caídas en lácteos, mientras registraron una fuerte caída los bienes industriales (-15,9%), en especial calzado, textiles, siderurgia, autos y autopartes y combustibles y energía (-30,8%) pero por baja de los precios porque se importaron mayores volúmenes y cantidades. Por la baja de los precios, la cuenta importadora de energía se redujo en unos U$S 1.000 millones. Por el lado de las importaciones sobresalieron el fuerte incremento de las compras de autos (+ 45,7% en cantidades) y bienes de consumo (+ 22,2%), combustibles y lubricantes (+14,7%) y bienes de capital (+7%). Por países, en enero-junio, se destaca la caída de las ventas a Brasil (-20,7%) y aumento del 2,2% en las compras desde ese país. Así el déficit con Brasil fue de U$S 2.418 millones, cuando un año antes había sido de U$S 1.167 millones. Las mayores caídas en las ventas a Brasil fueron en bienes industriales – calzado, químicos, textiles, y material de transporte– y en grasas y aceites lubricantes.
También con China se registró en el semestre un déficit de U$S 2.879 millones. Las exportaciones bajaron un 17,4%, y las importaciones crecieron un 4,2%, en especial por las compras de piezas y accesorios y bienes de consumo. Con la Unión Europea el déficit sumó U$S 529 millones, con el NAFTA el rojo fue de U$S 268 millones, mientras con la región asiática el superávit totalizó U$S 309 millones. Según el INDEC, si entre enero y junio de 2016 se hubieran mantenido los precios de iguales meses de 2015, el saldo positivo de U$S 479 millones hubiera sido deficitario en 483 millones. Así, la reversión del resultado comercial este año se debió a una mejora o ganancias en los términos de intercambio de U$S 1.369 millones. Además ya había sido adelantado: un jubilado pidió un amparo a la justicia federal de la seguridad social contra la ley 27260, para que se suspenda su aplicación y por último se declare su inconstitucionalidad. El jubilado es el abogado y ex director del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, Miguel Ángel Fernández Pastor, que esa mañana del (1/08) ofreció declaraciones radiales. En su intervención en AM 950 Belgrano, Fernández Pastor expresó: “Con el amparo que presenté se pagarían las sentencias sin usar el fondo de sustentabilidad, pero no tiene nada que ver con las sentencias.” En tanto, remarcó: “Este amparo es un grito desesperado para que no se lleven el fondo de garantías se sustentabilidad, que acumuló hasta el momento 770 mil millones de pesos.”
El amparo sostiene que esa ley destruirá el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y que al mismo tiempo disminuirán los recursos impositivos, lo cual afectará la ley 26417 de movilidad previsional. Fernández Pastor cuestiona la Declaración de Emergencia en Materia de Litigios dad Previsional por tres años del artículo 2 de la ley, porque sostiene que permitirá al gobierno legislar en materia de religiosidad previsional sin intervención del Congreso, dado que el artículo 76 de la Constitución prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo “salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública con plazo fijado para su ejercicio”. “Esta ley, escondida atrás del pago de sentencias intenta quedarse con este fondo. Como esto es ley, el único camino que queda es que la justicia declare inconstitucional la emergencia, que tiene gran importancia en materia legal porque el Parlamento le transfiere al Poder Ejecutivo la capacidad de legislar”, enumeró el abogado. “En segundo lugar, debe declarar inconstitucional que con el fondo se paguen los retroactivos de la sentencia que le corresponden por ley de presupuesto al Poder Ejecutivo pagarlo con fondos propios; pagar el flujo de esa sentencia y que brinde la posibilidad de pagar cualquier tipo de gasto en materia de seguridad social o previsional a través del fondo de garantías de sustentabilidad”, agregó. “El Poder Ejecutivo no puede dejar de pagar estas cuestiones sin utilizar el fondo de garantías de sustentabilidad”, subrayó Fernández Pastor.
Además, adelantó: “En dos años no queda más fondo de garantías de sustentabilidad. Los jubilados no se benefician con esto porque la disminución de impuestos implica una baja de la ley de movilidad y todo ese esfuerzo que se hace no se ve recuperado en el haber, por lo que los jubilados perderán cada vez más poder adquisitivo”, sostuvo el abogado. “Nos haría sentir muy bien que el juez le de curso al amparo, sino estas cinco cuestiones van a quedar suspendidas en el tiempo mientras se discute el fondo de la cuestión. Si se termina confirmando se van a pagar las sentencias pero el dinero no saldrá del fondo de garantías de sustentabilidad sino del tesoro nacional”, concluyó. Con un sistema previsional que cubre a más del 97 por ciento de las personas en edad de jubilarse, no tiene déficit y un fondo de garantía de 770.000 millones de pesos que asegura que sea sustentable, no hay causas objetivas que motiven la declaración del estado de emergencia. En consecuencia, las verdaderas motivaciones hay que buscarlas en el resto de la ley. Fernández Pastor las encuentra en el artículo 28, sobre el uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que contempla la venta de sus activos para pagar tanto el stock de sentencias homologadas judicialmente cuanto el flujo mensual de haberes, que dada la emergencia podría disponerse con una mera resolución.
Aún resta que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Banco Central (BCRA), la ANSeS y la Comisión Nacional de Valores (CNV) difundan sus normativas sobre el Régimen de Sinceramiento Fiscal. Aquí la normativa publicada en el Boletín Oficial y a continuación un repaso por el análisis de varios medios: “Infobae, hace hincapié en quienes tienen juicios por bienes o activos no declarados: Aún falta que la AFIP, el Banco Central, la ANSES y la Comisión Nacional de Valores den a conocer sus propias regulaciones sobre la norma, el Decreto 895 del Ministerio de Hacienda ya deja algunos indicios sobre cómo funcionará el sistema. La principal novedad es la posibilidad que se dará de acceder al blanqueo a aquellas personas que hoy estén en juicio por poseer bienes o activos no declarados. El decreto también amplía la fecha límite de preexistencia de los activos no declarados. La reglamentación ratifica además los principales puntos de los dos bonos pensados para aquellas personas que ingresen al blanqueo aprobado por el Congreso: un bono en dólares a tres años, intransferible y con 0% de interés (a adquirirse desde el 30 de septiembre) y otro bono en dólares a siete años, intransferible y no negociable durante sus primeros cuatro años con un 1% de interés (a adquirirse a partir del 31 de diciembre).” Por su parte “Diario BAE, destaca el valor del dólar: AFIP tomará como referencia el dólar a $14,70 para valuar las tenencias de moneda extranjera. Es el tipo de cambio del Banco Nación del día que se promulgó el blanqueo. El mercado financiero espera especialmente la resolución de la CNV porque evacuará varias dudas que se mantienen en la city: si los bonos a tres y siete años tendrán cupo, si se permitirá invertir en un fondo de renta fija en primer año antes de direccionar los fondos exteriorizados a la economía real y si se permitirá la suscripción de los bonos desde el exterior.
El periodista Ismael Bermúdez en Clarín: “En la AFIP destacan que aunque hay plazo hasta el 31 de marzo de 2017 para adherir al Régimen de Sinceramiento Fiscal, hay plazos más cortos. Por ejemplo, la regularización a través de la compra del bono a 3 años debe hacerse antes del 30 de septiembre, y en el caso del dinero en efectivo debe ser depositado en una cuenta bancaria especial antes del 31 de octubre. Para la suscripción del bono a 7 años hay plazo hasta el 31 de diciembre de 2016. La compra del bono a 3 años no devenga interés (cupón 0), es intransferible y no negociable y el contribuyente queda exento del pago del impuesto. El dinero en efectivo en moneda nacional o extranjera queda blanqueado si se deposita en una cuenta especial bancaria antes del 31 de octubre y deben quedar en dicha cuenta durante 6 meses, pudiendo liberar parte o todo ese dinero si el contribuyente compra un bien registrable, como una propiedad o auto. El blanqueo de dinero en efectivo paga un impuesto del 10% antes del 31 de diciembre o del 15% entre enero y marzo de 2017, salvo que el monto blanqueado total sea inferior a los $ 305.000 (equivalente a unos 20.000 dólares). En este caso no paga impuesto, mientras si el monto es inferior a $ 800.000,- (unos u$s 50.000) por el total blanqueado se paga la tasa del 5 % Se permite que el impuesto del 10% o del 15% pueda ser abonado con una parte depósito blanqueado. Por su parte, quienes blanqueen dinero depositado en alguna entidad financiera o títulos en el exterior no están obligados a ingresarlos al país, debiendo pagar la tasa del 10% (antes del 31 de diciembre) o 15% (entre enero y marzo 2017).”
Agencia Noticias Argentinas entrevistó al consultor económico Gabriel Rubinstein: “El director de la consultora Rubinstein y Asociados pronosticó que el blanqueo de capitales será “exitoso”, aunque advirtió que el gobierno “no podrá cumplir” las metas de inflación y déficit fiscal proyectadas para el fin de su mandato. Aclaró que “no se puede saber a cuánto llegará” el blanqueo de capitales, al sostener que se “debe conocer la reglamentación final, para saber si permanece la tesitura positiva de alentar la participación”. Estimó que el blanqueo “va a superar” los 60.000 millones de dólares, al considerar que “hay un contexto de factores internacionales favorables”. Pero hecha la ley, ¿dónde estará la trampa? Claves del blanqueo. Es por demás sugestivo que una auditora y consultora con sofisticado expertise internacional en impuestos, como BDO Argentina, enviara a sus primeras espadas, el socio director Sergio Crivelli, y al encargado del área Impuesto & Legales, Alberto Mastandrea, a pintar al blanqueo recién sancionado como un negocio de oportunidad para capitales ocultos, antes que como una alternativa de inversión para atraerlos. El estrecho contacto con sus clientes, bancos, entidades financieras y compañías de seguros, en el cumplimiento del marco regulatorio, como en el logro de sus objetivos de negocios, hizo que el experto en esos menesteres lanzara la advertencia: “En general, se percibe que los empresarios están convencidos que nos dirigimos a un mundo cada vez más transparente y, en ese sentido, resultará más difícil escapar de los regímenes automáticos de información que se lanzan a partir del 2017”.
Para afirmar aún más esa hipótesis según cual este blanqueo se presenta como “la última Coca-Cola del desierto”, su jefe sentenció: “El Régimen de Sinceramiento Fiscal significa mucho más que un simple blanqueo de capitales; tenemos una gran oportunidad para revisar nuestra situación patrimonial, regularizando los temas impositivos y protegiendo nuestros bienes de cara al futuro, teniendo en cuenta los riesgos internaciones, nacionales, de nuestra actividad comercial o profesional y la situación familiar”. Es evidente que la urgente apelación lanzada por los auditores globales está principalmente dirigida a multinacionales que liquidan los impuestos de toda la organización donde les dan más facilidades y les cobran menos, como Luxemburgo, La Haya, Delaware (próxima a Washington DC, donde más de 200 mil empresas liquidan impuestos). Y en segundo término, a grandes inversores individuales. Luego, el gran debate: ¿Es cierto que USA ingresará al convenio de intercambio informativo? Porque muchos afirman que no es cierto, y que el Reino Unido en los tiempos del Brexit, tampoco. Por si faltaran enigmas, también dicen que los bancos de USA y Europa, con las tasas negativas, prefieren sacarse de encima las cuentas de menos de US$ 2 millones, mayor a eso las retienen. En la movida pueden perder los nuevos paraísos fiscales (por ejemplo Panamá) y los saldos bancarios bajos en términos relativos, pero no los paraísos tradicionales ni los ‘peces gordos’.
Puesto en palabras de Crivelli: “No es casual que este Sinceramiento Fiscal se presente en un momento donde el conjunto de las economías globales esté encarando un proceso de mayor transparencia”. A lo que agrega: “Los fiscos de cada país están trabajando juntos para lograr una mayor equidad intentando evitar la evasión y la asignación de los impuestos a quienes les corresponden en función al lugar donde se han generado las ganancias. En este contexto están comenzando a operar los convenios de información en el sistema financiero, entre los fiscos nacionales y las Unidades de Información Financiera que investigan los delitos de lavado de activos”. Sólo desde ese lugar se entiende el optimismo de Mastandrea sobre el éxito de la medida: “Entendemos que superará el piso de los US$ 20.000 millones que sostiene el Gobierno”. Coincide con lo que estiman los grandes bancos globales, a partir de las consultas que recibieron de su clientela. ¡Pero blanqueo no equivale a repatriación! Hay gente consultando sobre la doble ciudadanía tributaria. Corralito exento del 10%. Uno de los más importantes operadores internacionales que actúa en el país cursó a su cartera una circular en la que advierte que “no es conveniente suscribir los bonos de la exteriorización, dada la liquidez y rentabilidad actual de los activos argentinos alternativos de mismo riesgo y duración promedio ponderada”. Se refiere al bono a 7 años que “recibe” e inmoviliza sin costo financiero alguno a los capitales que ingresen para blanquearse, con la finalidad de que no se conviertan en golondrinas y especulen contra un mercado financiero acotado como el nuestro.
La ganancia de entrar voluntariamente en esta suerte de “corralito” es no pagar el impuesto del 10% a la exteriorización de bienes sin obligación de hacer una inversión específica. Desde una óptica puramente financiera, lo desaconsejan frente a la alternativa de asumir aquel derecho de admisión pero pudiendo disponer del beneficio extra en términos de liquidez. En ese caso, aquella porción del capital que blanqueen personas físicas que tributó el 10% pasa a estar sujeta a impuestos cuando se la destina a activos argentinos (y de otras jurisdicciones) que se encuentran exentos de los impuestos relevantes. La consigna parece ser “apúrense en asegurarse un lugar en el refugio antes de marzo próximo, y ya el país le irá creando condiciones para que deriven recursos hacia los fondos comunes que se irán preparando para administrar este tipo de inversiones”. ¡Ocultamiento minorista! El llamado “chiquitaje” no encaja en este planteo. El cerca del millón de residentes argentinos que posee cuenta sobre todo en Uruguay, cuyo saldo no llega a los US$ 200.000, no cuenta por ahora con demasiadas opciones atractivas para invertir en el país el capital que exteriorice. Aunque sea 0 el costo de blanquear cuentas bancarias con dinero, bonos, acciones u otro tipo de valores que se declaren, o si opta por la suscripción de bonos nacionales a tasas mínimas, o nulas, o la inversión en determinados Fondos Comunes de Inversión, el contribuyente sabe que hacia delante deberá pagar impuestos sobre el patrimonio ampliado. Es decir, le empiezan a correr el Impuesto a las Ganancias sobre las rentas que generen dichos activos, si quedan alcanzadas por el tributo, y Bienes Personales, por el valor de los mismos al 31/12 de cada año, al menos hasta 2018.
Puede ser que si afloja un poco la inflación bajen las tasas de interés y suban en consecuencia los bonos en circulación o que el gobierno haga uso de la flexibilidad de que dispone para reglamentar que le permita mejorar las condiciones de emisión de los bonos de la exteriorización agregando otros beneficios para hacerlos más atractivos, pero es una especulación sólo aplicable del año que viene en adelante. De ahí que para medir los efectos en el mercado de la ley harían falta no menos de 2 años, y de manera indirecta capitalizando nuevos desarrollos o mediante inversiones en fondos o bonos que fondeen créditos y proyectos inmobiliarios y/o de infraestructura. Es la razón por la cual en la plaza financiera local no se cree que en una primera etapa el blanqueo pase de los US$ 4.000 millones. Tomando a los certificados de depósito para inversión de la gestión K, se habían colocado en total al 02/06, 44.931, por un monto de US$ 2.492 millones y ya fueron pagados 38.487 por US$ 2.222 millones. Nadie olvida, además, que quienes blanquearon durante la última parte del kirchnerismo a través de los Cedines todavía hoy son requisados por la AFIP con reclamos que se pensaba que habrían terminado con ese movimiento. Esa referencia es un punto de partida que toma la actividad inmobiliaria para hacer cuentas, aunque asumen que los fondos no van a migrar masivamente a reactivar la compraventa de inmuebles o a la constitución de fondos de inversión directa (FID) en nuevos proyectos, y probablemente sean necesarios plazos de 2 o 3 años para ver sus resultados, pues es el tiempo que se suele tomar para inversiones en nuevos proyectos, desarrollos, fondos o bonos para sustentar créditos y proyectos inmobiliarios o de infraestructura.
En este aspecto, el sistema para el desarrollo inmobiliario que habilite a sinceramientos a tasa 0 no es de inversión directa, sino que requiere de un vehículo como los fondos comunes de inversión, que tienen importantes requisitos formales y de gestión que no están al alcance de la mayoría de los desarrolladores. Y como los Cedines dejaron de enseñanza, la posibilidad de inversión directa en inmuebles existentes por parte de gente que blanquee, aunque en este caso pagando la tasa prevista, dependerá del grado de aceptación que tenga. Reporte Inmobiliario hace hincapié en que podrían reactivarse los desarrollos de menor escala, relacionados con primeras viviendas, oficinas medias o de impacto social, al permitirse regularizar montos menores sin penalidades. ¡Los Premium esperan para competir con Miami! La publicación especializada que dirige el arquitecto José Rozados –que nada tiene que ver con el autor de este artículo- define como determinante para el sector el ingreso de capitales de origen legal pero no declarado ya que “podría reactivar los proyectos de inversión dirigidos al segmento premium del mercado, hoy opacado frente a la competencia de ciudades como Miami”. Sin embargo, para una segunda etapa del proceso de exteriorización a punto de iniciarse aparecen unos 50.000 argentinos que tienen propiedades en Uruguay, unos 10.000 en Miami, más otros 5.000 con departamentos o casas en Nueva York, París o Chile. También se estima en unos 70.000 argentinos los que tienen propiedades en el país y nunca las declararon. A un promedio de US$ 200.000 por propiedad en el exterior y US$ 100.000 en Argentina, un sinceramiento total por todo concepto de las propiedades llegaría a unos US$ 20.000 millones, y como la tasa de blanquear inmuebles es del 5%, la recaudación potencial en este renglón sería de unos US$ 1.000 millones.
Pero hasta alcanzar esos números ideales, la realidad muestra que la renta que ofrecen los bonos argentinos ronda el 7% anual en dólares, mientras el promedio por alquiler que dan las propiedades se ubica en torno del 3,5% anual. La cuenta es sencilla: US$ 100 invertidos en 2011 representarían hoy US$ 104 si los destinó a inmuebles (US$ 83 dólares de capital y US$ 21 de alquileres cobrados, si efectivamente fue así) y US$ 150 si los colocó en bonos argentinos (US$100 de capital inicial más US$ 50 de intereses acumulados). Este año nada cambió, salvo la expectativa. En mayo se cobró 0,25% mensual de alquiler, contra un avance del 4,2% mensual, según los precios del INdEC, y del 5% según el índice elaborado por la Ciudad de Buenos Aires. Lo cierto es que la inversión en títulos públicos está exenta, y la inversión inmobiliaria está, y estará, castigada. La construcción de obra nueva permanece dormida. Según el índice Construya, la venta de materiales de la construcción creció 3,16% en mayo contra abril (un punto por debajo de la inflación) y mayo contra mayo acusa un derrumbe del 12,5% anual. Y si bien los créditos hipotecarios se vienen promocionando hasta el hartazgo, los préstamos efectivos que van apareciendo a cuentagotas y, a partir de ahora, con un INdEC que potenciará todavía más el costo del UVI (sistema de ajuste lanzado por el BCRA), la multiplicación crediticia quedará todavía más en veremos. En base al nivel de actividad, los constructores declararon tener 368.983 trabajadores registrados, 9,8% menos que hace un año.
Según el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, la escritura promedio se firmó por un máximo de US$ 110.000 en 2011, se desbarrancó hasta US$ 54.000 en 2013 (cuando el mercado suponía que íbamos rumbo a Venezuela), luego se inició una gran remontada por el recambio presidencial, logrando otra vez US$ 100.000 por escritura en momentos del balotaje, pero otra vez hacia abajo, en la zona de los US$ 91.700 en los últimos registros ofrecidos en mayo. Mientras en los 4 primeros meses de 2011 se firmaban 4.312 escrituras por mes, desde ahí se cayó a apenas 2.233 escrituras en 2014, 2.241 en 2015 y este año ha mejorado 14,9% hasta 2.576 escrituras mensuales. O sea, se sigue operando casi la mitad de lo que se operaba y los precios están abandonando los máximos. El Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, por su parte, informó que la escritura promedio se firmó por un máximo de US$ 60.000 en 2011, desde ahí se desbarrancó hasta US$ 24.000 en 2014, remontó fuerte con el recambio presidencial hasta US$ 46.000 en el momento del balotaje y hoy está nuevamente en baja, en la zona de los US$ 37.000. En cuanto a cantidad de operaciones, en 2011 -antes del cepo cambiario- se firmaban en la provincia 7.552 escrituras por mes, luego se cayó a 4.271 escrituras en 2014, mejoró a 5.551 escrituras en 2015 y a 5.991 escrituras en 2016, con una mejora de apenas 7,9% en los últimos 12 meses.
Repaso del sector inmobiliario: “Saber Invertir”, que dirige Luis Varela, hizo un relevamiento para ver dónde está realmente parado el mercado inmobiliario en vísperas de la vigencia de la nueva ley: “El primer semestre fue un poco lento pero se siguió adelante con las obras y la búsqueda de nuevos proyectos. La idea es que empiecen a llegar inversiones y la gente invierta más. Hay varios grupos que demostraron interés y hay tendencia a querer invertir más hacia fin de año o principios del que viene”, dice Ariel Wasserman, director de BW Group. El gerente Comercial de Ayres, Martín Fabiani, cuenta que durante la primera mitad del año “se movió de manera pareja: lotes, oficinas y condominios de vivienda”. En Pilar, la empresa construye Ayres Vila, lifestyle center que avanza con Vilahaus, cinco módulos de residencias. Los primeros tres se entregarían en diciembre mientras que los otros dos, en marzo del próximo año, mes en el que también tendrá finalizado Skyglass 3, edificio de 90 oficinas con un basamento comercial de 1.500 m2. Respecto a los sectores concretando operaciones, Wasserman sostiene que los argentinos están en “un momento de adecuación a una nueva economía. Lo que es para clase media baja está más frenado y ABC1 se mueve, pero lento. Proyectos bien ubicados y con buenas propuestas entusiasman a la gente”. BW Group lanzará a fin de año un nuevo emprendimiento en Palermo Hollywood: un edificio multifunción con 14.000 m2 de oficinas, parking para 216 autos, locales comerciales y ocho salas de cine. Wasserman explica su experiencia de venta en dos de las obras que tiene en marcha, en Vicente López (View) y Barrio Norte (The Edge), que desarrolla junto a KWZ. En la primera se entregaron departamentos durante el primer semestre, pero las ventas “estuvieron frenadas” ya que, como hay que tomar posesión, se necesita desembolsar todo el dinero. En tanto, “se movieron más” las operaciones en la otra obra, donde se puede financiar una parte en cuotas porque las unidades se finalizarán en octubre.”
Dentro del nicho de productos vacacionales, Enrique Shaw, vicepresidente de Pinamar SA, apunta que “hay pocas transacciones por parte de compradores finales de lotes unifamiliares, pero se mueve el mercado de inversores que toman posiciones para luego construir. Sucede mucho más que antes, sobre todo respecto de quienes construyen productos multifamiliares. Hay expectativa y consultas pero esperan a que se definan los nuevos escenarios”. La firma ofrece loteos de productos unifamiliares en el norte de esa ciudad costera, en los barrios Los Álamos, Isla del Golf y Tridente. En multifamiliar, tienen el loteo Náyades en el centro de Pinamar. El director Ejecutivo de Comasa, Bruno Martino, avanza con la construcción de las residencias Vilanova Haedo, el complejo Vilanova Office y tiene en carpeta lanzar Vilanova Ramos, Manzana II. Según su experiencia, “hubo una tasa de conversión baja” durante el 1er. semestre dado que “el nivel de transacciones fue moderado”, pero se mantuvo “muy elevado el nivel de consultas”. Diego Migliorisi, socio gerente de la inmobiliaria que lleva su apellido, puntualiza que las consultas en todos los segmentos aumentaron 40% interanual: “El mercado va recuperando la confianza. Pero la lucha contra la inflación es aún una asignatura pendiente”. Para Graciana Calcavecchia, gerente Comercial de la constructora CRIBA, “el impulso que pareció tener la actividad a finales de 2015 como consecuencia de la liberación del cepo no se vio reflejado en el primer semestre” No obstante, aclara, siguen en marcha los proyectos que ya estaban lanzados y “hay una buena perspectiva para los que se están por comenzar, aunque a un ritmo un poco más lento”.
Francisco Altgelt, VP de Altgelt Negocios Inmobiliarios, destaca que el cambio de Gobierno, el levantamiento del cepo y la estabilidad del dólar generaron un mayor movimiento, sobre todo en el mercado del usado: “Reaparecieron los compradores de los departamentos de hasta 150 m2 y volvió a utilizarse el boleto como instrumento de pago”. David Cipolla, director de la inmobiliaria homónima, detalla que “en lo que respecta a ventas, hubo mucho movimiento de unidades chicas compradas por inversores, de 1, 2 y 3 ambientes en Las Cañitas, Palermo, Belgrano y Núñez. También de 3 y 4 dormitorios, donde familias que venían retrasando el proceso de mudanza lo concretaron”. El presidente de GNV Group, Alejandro Ginevra, se muestra confiado: “El segmento de lujo tiene sus pequeños altibajos pero funciona. Este semestre se vendió como en los últimos años”. El grupo desarrolla el megacomplejo Madero Harbour, en 8 hectáreas del dique 1 de Puerto Madero, que comprende residencias (a US$ 7.000 el m2) y 4 torres corporativas bajo la marca World Trade Center -2 ya están inauguradas y el segundo par se entregará el mes que viene con todas sus unidades vendidas salvo 1oficina. El proyecto incluye áreas comerciales (en funcionamiento) y un shopping en etapa de presentación de planos ante el Gobierno porteño para tenerlo listo en 30 meses. El mes próximo inician las obras para construir Harbour Tower, edificio de 50 pisos con 150 viviendas y amenities de lujo y para 2017 se sumará el inicio de un hotel de 120 habitaciones con residencias operado por una cadena internacional. Los fondos de inversión en USA parecen estar bien predispuestos a traer capitales al país, aunque esperarán el momento oportuno que es cuando se clarifique la situación y pasen las discusiones por el aumento de las tarifas y el blanqueo.
¡Se entiende ahora: ¿dónde está la trampa de este “nuevo” blanqueo? Y además: ¿cuál es la política económica? Creo que el Gobierno carece de “Política”!

Buenos Aires, 2 de agosto de 2016.

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