“Esto es a todo o nada”: Macri.

Mauricio Macri repitió esa consigna, casi de guerra, ante cada funcionario que se le acercó para sugerirle una salida política a fin de superar el conflicto por las tarifas. El Gobierno hace más de un mes y medio que convive con ese martirio que lo condena a un desgaste popular. Muy intenso debate acerca de lo que ocurrirá al ceder la inflación respecto a los niveles de meses anteriores. El macrismo sostiene que se recuperará el consumo, valor clave para las elecciones 2017. La oposición no cree en la recuperación de la actividad. Expresiones de ambos extremos, los economistas Martín Tetaz y Alfredo Zaiat. El gobierno obtuvo 4,6 sobre un máximo posible de 10 puntos. Es un sondeo realizado por IPSOS y la Universidad de San Andrés.
Una puntuación promedio de 4,6, fue el resultado de una encuesta de satisfacción sobre “cómo marchan las cosas en el país”, en una escala de 1 a 10 donde 1 es “muy insatisfecho” y 10 es todo lo contrario. El trabajo fue realizado por la consultora Ipsos, junto con la Universidad de San Andrés. Dentro de este nivel de satisfacción global, aquella vinculada al Poder Ejecutivo, cosechó 4,4 puntos; la satisfacción con el Poder Legislativo, 4,3 y con el Poder Judicial, 4,1. Se trata de la investigación “Indicadores de Satisfacción Político Institucional” (ISPI), que se realizó mediante1001 encuestas online, entre 2 y el 31 de mayo de 2016. La muestra del estudio estuvo compuesta de población argentina conectada a internet, de 16 a 55 años de edad.
De acuerdo con el sondeo, las áreas de política pública con menor satisfacción resultaron: Economía (4 puntos); Seguridad (3,8 puntos) y Empleo (3,7 puntos). Entre los principales problemas que manifestó la gente, se encontraron -según el orden de prioridades- la inflación, la delincuencia, la corrupción, el desempleo, la pobreza y la educación. La puntuación sobre la marcha de las cosas en el país resultó más baja entre los encuestados con mayor cantidad de años (3,2 puntos entre la franja de los 46 a 55 años) y registró un mayor puntaje entre los más jóvenes (5 puntos entre la franja etaria de 16y 17 años). Además, decreció entre la gente de estudios secundarios completos (4,5 puntos) y fue un poco más alta entre los que tienen estudios terciarios incompletos (4,7).
A nivel regional, la puntuación respecto de la satisfacción disminuyó entre los habitantes del Gran Buenos Aires y de la zona cuyana (4,3 puntos) y aumentó en el interior de Buenos Aires, la zona Centro y la Patagonia (4,8 puntos). Considerada la muestra, según niveles socioeconómicos, el mayor puntaje provino de los sectores altos y medios (4,7 puntos) y decreció entre los encuestados de menores recursos, quienes promediaron 4,4 puntos de satisfacción con la coyuntura.
Sería una rareza, casi una extravagancia, sino fuese porque tiene detrás un precedente rigurosamente personal, unos cuantos ajenos y todos incómodos. Federico Sturzenegger dedicó parte del fin de semana pasado a una tarea muy poco frecuente en un banquero central: viajó a La Rioja para tomar fotos de la taruca, también llamada venado andino, de modo de chequear que la imagen que reemplazará a la de Eva Perón en el billete de 100 pesos coincida con la del animal verdadero. El precedente que lo toca en directo y Sturzenegger no quiere repetir viene de cuando en el BCRA pusieron al revés la figura de la ballena franca austral, en un boceto del billete de 200. Tapa en algunos diarios y comentario en todos los noticieros, el desliz salpicó justo a un tipo puntilloso, acostumbrado a cuidar cada detalle. No parece grave cometer un fallido con la especie en extinción que habita el cordón montañoso argentino, salvo por un detalle que es mucho más que un detalle. El Gobierno ya acumula demasiados traspiés –errores no forzados les dicen en el tenis– y, entre ellos, uno que retumba hace un mes largo: las interminables idas y vueltas con el tarifazo al gas.
El Presidente es en estas semanas un hombre diferente al que muchos conocieron en los primeros meses de ejercicio del poder. Ante el problema del tarifazo elude las conciliaciones. En el resto sigue más o menos igual. A un funcionario que lo escuchó hablar sobre la “madre de todas las batallas” se le erizó la piel y congeló la sangre. Quizás porque esa combinación de palabras remitió a otro ex presidente, a otro pleito traumático y a una derivación que terminó marcando toda una época. Néstor Kirchner bautizó de ese modo la pelea con el campo detonada en 2008 por la resolución 125. Esa batalla la perdió finalmente en el Congreso pero le sirvió para inaugurar un ciclo de hostilidades permanentes que se acentuaron con su muerte repentina. Con Cristina Fernández en la soledad del mando. Esa historia no podría repetirse porque el pleito es de otra naturaleza. También las personalidades y la matriz política de Macri y de Kirchner, en demasiados sentidos, no encuentran ninguna equiparación. Sólo los emparentaría ahora el empecinamiento. El Presidente aguarda, antes que nada, un laudo favorable de la Corte Suprema. A partir de ese momento estaría dispuesto a abrir de nuevo sus brazos. El ex presidente empujó, en cambio, la dilucidación de la puja con el campo al Congreso. No vaciló ni cuando su propia tropa se fisuró. La derrota lo hizo aún más hosco.
Macri está convencido de que la política tarifaria es un atributo del Poder Ejecutivo. Es el reconocimiento que espera del máximo Tribunal. Allí las aguas todavía se dividen. Sin esa herramienta considera inviable la posibilidad de recuperar los servicios y concederle racionalidad al costo objetivo que ellos tienen. Sin esa herramienta se hipotecaría la meta de empezar a equilibrar el déficit fiscal. Las cifras blandidas desde el oficialismo asustan. Juan José Aranguren habló de un bache inmediato de $ 22 mil millones si no puede ejecutarse la refacturación con el tope del 400% que fijó el Gobierno, después de la mala praxis que disparó ese incremento por las nubes. Marcos Peña, el jefe de Gabinete, proyecta una valoración global más aterradora. Habla de $ 80 mil millones que significarían un golpe letal para el Gobierno y su idea de reanimar la economía por medio de la obra pública.
Juan José Aranguren, el ministro de Energía, pretendió ponerle punto final a su propio enredo: por resolución, ratificó el tope del 400% para el aumento de las tarifas domiciliarias y el de 500% para las comerciales. Así, metió definitivamente la marcha atrás con ajustes que en el extremo llegaban al 2.000%. Ponerle punto final es una manera de decir, porque el país se ha poblado de amparos judiciales contra el incremento y en un buen número de casos han conseguido frenarlo y hayan llegado a la CSJN. Es una paradoja y al mismo tiempo no lo es que entre quienes acompañan los planteos haya gobernadores, intendentes y dirigentes afines o más o menos afines al Gobierno. Se trata, finalmente, de despegarse y no quedar expuestos políticamente en sus propios territorios.
Energía acudió a una jueza porteña para unificar las demandas y, si fuese posible, esterilizarlas, pero existe una probabilidad grande de que el último tramo de la contienda sea protagonizado por la Corte Suprema. Alrededor baila un paquete de plata enorme. Ese supuesto augura un trámite y un proceso de hibernación prolongados. Si acepta, en los hechos el Tribunal terminaría pagando parte del costo del tarifazo; nada más y nada menos. Y por si ya no hubiese suficiente zafarrancho con el gas, también han empezado a brotar amparos contra el aumento de la electricidad. Proyecciones tomadas de una presentación de Aranguren ubican todo dentro del cuadro adónde va: calculan que entre el gas y la electricidad, el Estado se ahorraría este año alrededor de US$ 8.000 millones en subsidios respecto del gasto de 2015. Es solo una manera de entrarle al problema y si se quiere una manera exagerada de imaginar la pérdida.
Aun así, la preocupación existe. Y lo prueba que en medio de los amparos el propio jefe de Gabinete, Marcos Peña, les haya pedido a los usuarios que “paguen” porque si hay cambios “habrá notas de crédito con la diferencia”. O sea, primero lo primero: pagar las facturas. Cualquiera sabía que la herencia cristikirchnerista incluía un retraso tarifario enorme y subsidios que hacía rato revistaban en la categoría de insostenibles. Tan es así, que macristas y sciolistas tenían resuelto que por ahí pasaría la guadaña del primer ajuste fiscal. Pero era condición necesaria, imprescindible, no pifiarla demasiado con las decisiones; porque provocarían turbulencias políticas y ya de arranque marcarían al nuevo gobierno. Medido por sus efectos, luce evidente que el modelo del Ministerio de Energía ha pifiado demasiado. Si hasta podría afirmarse que el propio Aranguren lo reconoció días atrás, cuando anunció que “en las próximas semanas va a haber una revisión tarifaria integral como no se hizo en las últimas décadas, tanto para gas como para electricidad”. ¿Revisar será igual a retroceder en algún sentido? Quedan pocas dudas, entonces, de que esto que hubo fue un shock urgido por el desastroso estado de las cuentas fiscales y por la decisión de poner allí toda la carga del ajuste. También, que pese a que tuvieron tiempo de sobra los especialistas del PRO necesitan más tiempo para intentar una fórmula mejor.
El macrismo acopia antecedentes jurídicos para adjudicarse la razón. Remite en primer lugar a un fallo de la Corte Suprema votado por unanimidad a mediados de 2013, a raíz de amparos por cargos tarifarios en el gas que iban a ser destinados a la realización de obras de infraestructura. Eran tiempos de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación. Dos de los cinco jueces (Elena Highton y Raúl Zaffaroni, ahora fuera del Tribunal) subrayaron en sus fallos que “esta Corte ha reconocido que la potestad tarifaria reside en el poder administrador”. Opinaron, a propósito, que “ninguna tarifa tiene validez legal sin una ley o decreto que la autorice, pero una vez establecida ella es obligatoria para el público y para el concesionario”. En ese punto los jueces repararon en un dictamen del 2010 de la Procuración General, a cargo entonces de Esteban Righi. Fue eyectado en el 2012 por Cristina con motivo del escándalo Ciccone que hoy mantiene procesado a Amado Boudou. El otro caso también posee como referencia al Ministerio Público. La fiscal ante la Corte Suprema, Irma García Netto, en una causa del 2014 planteada por Camuzzi Gas Pampeana, estableció a fines de abril de este año que el aumento de tarifas constituye una atribución del Gobierno que la Justicia no estaría en aptitud de impedir. Esa apreciación contó con la venia de Alejandra Gils Carbó, quien incluso realizó una serie de consultas entre especialistas. García Netto actuó siempre ligada a ella. Su ascenso como fiscal ante la Corte respondió a dicho vínculo.
El Gobierno se encargó de enviar señales a los jueces de la Corte. Como para asegurarles que su fallo no caería en un vacío. Doce gobernadores respaldaron la reformulación tarifaria. Cinco son peronistas. También se sumó el socialista de Santa Fe, Miguel Lifschitz, valorado por Macri como el más opositor. El ministro de Energía aceptó reunirse con siete ex secretarios de su rubro que criticaron duramente la política energética del cristikirchnerismo. Pero que cuestionaron, además, la impericia macrista. Mensaje también destinado a distender el clima interno. El radicalismo objetó el comportamiento del Ejecutivo. Sin los ruidos que caracterizaron las críticas de Elisa Carrió. La llamada “madre de todas las batallas” tuvo ciertos efectos colaterales para Macri. El oficialismo padeció en la Cámara de Diputados. Allí, por primera vez en siete meses, las oposiciones diversas se juntaron para conseguir quórum y amenazar con un proyecto de rechazo al aumento de las tarifas.
“Más allá de la resolución final del conflicto por el aumento de tarifas, la inflación es el tema recurrente. Si bien la suba de precios se desaceleró y cayó al 2% en julio, como el grueso de las inversiones aún no ha llegado, el ingreso de dólares del exterior no alcanza para hacer consistente el efecto derrame –la gente no lo ve– y percibe en cambio que, además de la inflación, le aumentamos los servicios”. Esta es la preocupación expresada por un diputado nacional del PRO que conoce los movimientos del día a día en materia económica. Un economista de consulta del Gobierno coincide con este diagnóstico: “La inflación núcleo golpea en la modificación de precios relativos (la relación, incidencia y comparación de los valores de algunos productos en relación con otros como, por ejemplo, el valor del pollo en relación con el de la carne, el costo de las bebidas en relación con los alimentos, etc.)”. Esto lleva a que el consumidor se replantee muchos de sus hábitos y se pregunte cuáles son sus verdaderos bienes de primera necesidad. Hoy no está claro cuál es el valor real de las cosas. Hay casos en los que se verifica una diferencia de hasta un 25% en el precio de los productos de consumo, incluso en una misma zona. (…)”. Explica Nelson Castro, en el Bisemanario Perfil.
Optimista sobre la Argentina que viene, escribió Martín Tetaz en el diario El Día, de La Plata: “(…) la única razón por la que el consumo se enfrió y la economía está parada es el shock inflacionario del primer semestre que erosionó fuerte la capacidad adquisitiva de los salarios, hasta que entraron las paritarias. La caída del consumo es la consecuencia de la alta inflación, por lo tanto, no tienen sentido decir que los precios frenan su escalada porque cae el consumo, cuando en realidad la caída del consumo está causada por las fuertes subas. El argumento se torna circular, porque si la inflación cayera por el freno en el consumo, entonces ahora con la recuperación del consumo volverían por lo tanto a subir los precios. En este contexto aparecen dos datos que pueden hacer que la inflación sea sorpresivamente incluso más baja de lo que todos esperan en los próximos meses. El primero tiene que ver con la economía brasileña donde aparentemente lo peor de la crisis ya pasó y el dólar que en enero salía 4,10 Reales, se apreció cerrando esta semana a 3,19 billetes locales por cada uno norteamericano, que a los efectos comparativos y para que se entienda mejor, es como si en Argentina hubiera estado a $16 en diciembre y ahora estuviera a $12. Un dólar más barato en Brasil quiere decir que nuestras exportaciones al principal socio del Mercosur son más competitivas y que las importaciones que vienen de ese destino llegan más caras, dándole más margen a los productores nacionales que compiten contra los productos brasileños.”
“Por esta razón, el dólar en nuestro país no necesita estar tan caro y la competitividad cambiaria se banca una caída en el precio de las divisas. Pensemos que el Banco Central en el primer semestre del año compró 8.000 millones de dólares y que si no hubiera sido por esa intervención hoy el billete verde sería mucho más barato. Pero con el Real brasileño poniéndose más caro y la inflación en baja en nuestro mercado interno, el Banco Central ya no necesita seguir comprando tanta moneda extranjera para sostener el precio y lo puede dejar bajar. Lo interesante es que cada vez que el BCRA compra dólares debe emitir pesos para pagarlos, lo cual o bien genera más inflación, o bien hace subir las tasas de interés, si luego el Central quiere aspirar esos pesos colocando las famosas LEBACS. Entonces si la autoridad monetaria puede dejar que el dólar baje, habrá menos inflación y tasas de interés más bajas en la economía por el canal monetario. A su turno, el dólar más bajo opera como ancla por el canal comercial evitando que suban los precios de los bienes potencialmente importables o exportables, lo cual refuerza la baja de la inflación. El segundo dato relevante es que el freno de la inflación (y la posibilidad de bajar las tasas) depende también de la demanda de dinero, que son los pesos que la gente necesita para hacer transacciones. Por razones obvias, cuando la actividad económica se contrae cae la demanda de dinero, porque no se hacen tantas operaciones y no se necesitan tantos medios de pago” sigue explicando Tetyaz.
“La novedad es que en el primer semestre el gasto público solo subió un 26%, lo cual, en un contexto de una inflación mucho más alta, quiere decir que en términos reales las erogaciones del estado se contrajeron. En el segundo semestre se espera una expansión del gasto por la reactivación de la obra pública, el pago a los jubilados y el impacto de las paritarias, de modo que es plausible pensar que la demanda de dinero crezca, empujando aún más la inflación a la baja y dándole margen al Banco Central para bajar más las tasas. Si el escenario que estamos conjeturando ocurre, la inflación del último trimestre será mucho más baja de lo que todos esperan y conjuntamente con un dólar más barato y tasas más bajas, el consumo podría rebotar fuerte, empujando la demanda agregada,” termina aclarando.
Crítico acerca de la Argentina que viene, el economista Alfredo Zaiat escribió en el diario ultra K Página/12: “Los hogares no pudieron sostener su nivel de consumo, la frecuencia (de compras) siguió cayendo y el volumen se contrajo debido a que los hogares no tuvieron la capacidad de incrementar el tamaño de sus compras por primera vez desde fines del 2014”, explica Federico Filipponi, director comercial de Kantar Worldpanel. Kantar Worldpanel avanza en la evaluación realizando una segmentación de los consumidores por nivel de ingresos. Es un dato que permite una comprensión más amplia de la situación para evaluar cómo han impactado las medidas económicas. El saldo de esa investigación no ayuda a Macri para alejar el convencimiento mayoritario de que está liderando un gobierno para ricos. Kantar Worldpanel indica que “el único nivel socioeconómico que pudo sostener su consumo fue el alto+medio –que comprende al 22 por ciento de la población–, el resto realizó ajustes, los cuales fueron mayores a medida que se desciende en la pirámide de ingresos, siendo los hogares de menores recursos los más afectados”.
La desagregación de la evolución del consumo masivo por nivel socioeconómico en el primer semestre del año realizado por Kantar Worldpanel es el siguiente: Alto+medio: 1%. Medio bajo: -4%. Bajo superior: -6%. Bajo inferior: -9%. Otros informes señalan una caída del consumo más pronunciada de la indicada por esa consultora internacional, advirtiendo que esa tendencia se mantuvo al comienzo del segundo semestre. El Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala presentó su Indicador Mensual de Consumo con una disminución del 5,0 por ciento en julio respecto al mismo mes del año anterior, lo que implica la séptima caída consecutiva. El índice se elabora a partir de un conjunto de variables con elevada correlación con el consumo privado: crédito real al sector privado, ventas de autos nacionales, componentes de la recaudación tributaria, ventas minoristas, entre otros. El acumulado desde diciembre ofrece un dato impactante: caída del 8 por ciento. Siguiendo la estratificación social de consumidores de Kantar Worldpanel, los sectores medios y bajos han registrado una poda aún mayor (del 12 al 16 por ciento) en sus niveles de consumo con el índice del ITE de la Fundación Germán Abdala.
En esa misma línea analítica, el informe de Cifra-CTA explica que los distintos indicadores de consumo no sólo presentan una tendencia negativa desde fines del año pasado, sino que además se ha profundizado a lo largo de los meses. El motivo principal señalado por los investigadores de ese centro de estudios es la contracción de los salarios reales que afectaron sensiblemente los niveles de consumo de la población. El Gobierno de las expectativas no está logrando el objetivo de mejorarlas ni en el ánimo de consumidores ni en la confianza de comerciantes e industriales. Los indicadores de consumo continúan en sendero negativo, la información de caída de facturación y cierre de locales es cada vez más intensa y los índices de producción industrial en el semestre registra retrocesos en casi todos los rubros. Con una economía que ha ingresado en un círculo vicioso de deterioro y alcanzada por todas las trampas que entrega un ajuste ortodoxo, la principal herramienta de política económica del gobierno es intervenir en la formación de expectativas con declaraciones insólitas. El presidente Mauricio Macri afirma que la economía está arrancando. El ministro de Finanzas y Deshacienda, Alfonso Prat Gay, informa que la tasa de inflación se está desacelerando. El ministro de Producción, Francisco Cabrera, anuncia nuevas inversiones. El Jefe de Gabinete de ministros, Marcos Peña, asegura que lo peor ya pasó.
Estos deseos del oficialismo están colisionando con las cifras de indicadores económicos y sociales que se han empecinado en castigar la fe macrista. El gobierno apunta igualmente a generar expectativas positivas para que los agentes económicos que hoy están padeciendo el ajuste se convenzan de que las perspectivas son favorables, aunque no haya ninguna señal en ese sentido. El manejo de las expectativas de una sociedad constituye un factor relevante para la aceptación de determinada política económica. El macrismo pone mucho énfasis en intervenir en la orientación de las expectativas hacia un estado de ánimo positivo y en sostener la credibilidad de la política económica. La debilidad de ese enfoque es que minimiza la dinámica social de las relaciones de poder desigual que existen en una sociedad. Presenta como receta mágica que un simple anuncio de que se reducirá la expansión monetaria o el gasto público se traducirá en el descenso de la inflación. La legión de economistas que ha desembarcado en diferentes áreas del gobierno es apasionada de lo que se conoce a nivel académico como “expectativas racionales”. Argumentan que cuando los agentes económicos comprueban que se cumplen esas y otras promesas del dogma ortodoxo reaccionarán positivamente. (…)”. Termina explicando el artículo de Página/12.
Pero era condición necesaria, imprescindible, no pifiarla demasiado con las decisiones; porque provocarían turbulencias políticas y ya de arranque marcarían al nuevo gobierno. Medido por sus efectos, luce evidente que el modelo del Ministerio de Energía ha pifiado demasiado. Si hasta podría afirmarse que el propio Aranguren lo reconoció días atrás, cuando anunció que “en las próximas semanas va a haber una revisión tarifaria integral como no se hizo en las últimas décadas, tanto para gas como para electricidad”. ¿Revisar será igual a retroceder en algún sentido? Quedan pocas dudas, entonces, de que esto que hubo fue un shock urgido por el desastroso estado de las cuentas fiscales y por la decisión de poner allí toda la carga del ajuste. También, que pese a que tuvieron tiempo de sobra los especialistas del PRO necesitan más tiempo para intentar una fórmula mejor. Hoy Aranguren concurrió al Congreso y nada cambió. Todo depende ahora de la CSJN por el “¡Esto es a todo o nada!”, explicitado por el señor presidente. ¿Y ahora como sigue la película?

Buenos Aires, 16 de agosto de 2016.
Arq. José M. García Rozado. Ex Subsecretario de Estado
MPJIRucci – LIGA FEDERAL – Peronismo Verdadero

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