“Oportunismo”, política del cristikirchnerismo

Buenos Aires, 18 de diciembre: La ministra de Seguridad Nilda Garré recibió en su despacho a Susana Trimarco, mamá de la joven Marita Verón, desaparecida en 2002 por una red de trata de personas. Foto: Ministerio de Seguridad de Argentina

 

Nadie puede estar moralmente de acuerdo con el fallo de la justicia tucumana sobre el “caso Marita Verón”, y más el ver una cantidad de malandras declarados absueltos y puestos en libertad, pero de ahí a convertirse en absolutos hipócritas pretendiendo explotar políticamente el fallo para atacar al poder judicial, como lo ha hecho la Presidente y sus aplaudidores rentados, es otra cosa muy diferente.

El oficialismo no perdió ni un minuto, se abalanzó sobre la justicia, no sólo la tucumana que cuenta con el aval y el respaldo, además de haber sido siempre sumisa al poder político de turno, del propio aliado por excelencia de CFK el Gobernador Alperovich y su señora esposa la senadora nacional, y tercera figura en el orden sucesorio presidencial, Rotjes de Alperovich; sino que lo hizo redoblando la apuesta contra la totalidad del Poder Judicial argentino escondiendo dicho ataque frontal en la figura archiconocida de “democratizar el Poder Judicial”, un artilugio de lo que para su entender es “subordinar políticamente aquel poder” a su antojo y designio personal, como lo viene realizando con los gobernadores, los medios de difusión, las organizaciones sindicales, y el propio Poder Legislativo.
Ahora, y luego de cajonear la ley respectiva en diputados durante más de 400 días –tras la aprobación del Senado-, la Presidente viene “a descubrir la prostitución y la trata de personas” en la Argentina, fue justamente el 12 del 12 del 12 en que Cristina Fernández, en otra de las tantas hipocresías a las que nos tiene tan acostumbrados, y con motivo de realizar uno de los tantos actos públicos donde se rodea de aplaudidores, obsecuentes y alcahuetes rentados, emprendió la cruzada por la democratización judicial, poniéndose nuevamente como víctima, esta vez no de género, sino de actividad, pues remarcó en reiteradas oportunidades que los políticos y funcionarios son controlados y electos por el “voto popular” cada cuatro años. ¡Tamaña desvergüenza hipócrita fue realizada enancándose en el sufrimiento de miles de padres, hermanos, hijos y familiares de las víctimas de la prostitución y la trata de personas!

Aquellos mismos legisladores y funcionarios que “cajonearon por orden de CFK” el proyecto de modificación de la Ley de prostitución aprobado por el senado nacional a mediados del 2011 ahora y para quedar bien con Cristina, y también con quienes criticaron el fallo tucumano –aunque pueda reconocerse que es hasta posible que “no halla habido pruebas suficientes (quizás por incompetencia de la fiscalía, o el juez instructor, o la propia policía tucumana colonizada por el poder político) para poder condenar a los juzgados” -, salieron a desgañitarse en solidaridad con Susana Trimarco, ayer fue la propia Cristina quien la volvió a recibir, como lo hiciere con anterioridad, además de que el Presidente de la Cámara de Diputados, esa misma cámara que cajoneara el proyecto del senado, la “condecorare por su tenacidad y lucha” también anteriormente; no recordando que es éste Gobierno quien desde hace 9 años oculta el flagelo –como antes lo hicieren otros gobiernos- y no la atiende ni colabora para con ella y el resto de las víctimas.
“La trata sexual existe en la Argentina gracias al apoyo del Estado, en especial de las fuerzas de seguridad… las redes son poco estructuradas, no profesionalizadas, a menudo de carácter familiar, y sin autonomía organizativa y operacional respecto del Estado, y en particular de las agencias policiales y fuerzas de seguridad, que protegen, favorecen, moldean y alientan la actividad. La problemática de la trata sexual no puede ser entendida por fuera de los fenómenos de connivencia estatal, especialmente local, policial y judicial”, explica con claridad el informe elaborado por la UFASE –la fiscalía federal especializada en trata de personas- y el Inecip (Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales y Sociales) financiado por la Unión Europea. Este estudio analizó solamente y por falta de más datos los primeros 74 autos de procesamiento desde abril de 2008 –sanción de la Ley 26.364-, hasta abril de 2011, más las causas completas de algunas provincias, el “corpus” incluyó, además, 142 noticias publicadas en medios gráficos de alcance nacional entre 2007 y 2010, existiendo entrevistas y colaboraciones de funcionarios y ONGs.
La prohibición de prostíbulos de acuerdo a la Ley 12.331 de 1937 –si leyó bien de hace exactamente 75 años- es permanentemente obviada por todo tipo de gobiernos y fuerzas de seguridad ya que el 74% o sea ¾ partes de los lugares de explotación de prostitución y trata de personas –desde la red Migdal de principios del siglo XX hasta hoy- relevados por diferentes organizaciones públicas y privadas eran lugares conocidos y abiertamente públicos, disfrazados detrás de supuestas whiskerias, pubs o “privados”, y por lo tanto expuestos a controles municipales, policiales y judiciales, tanto es así, que en una enorme mayoría de las veces, las mujeres allí explotadas debían registrarse en la comisaría, tramitar libreta sanitaria en el municipio, realizarse controles periódicos en los hospitales públicos o en clínicas predeterminadas. Nunca ninguno de estos lugares de prostitución y trata fueron investigados, perseguidos legalmente o molestados por fuerza alguna de seguridad, y mucho menos por el sector político gubernamental.
La documentación de las explotadas, muchos de ellos ilegales, fueron entregados por las autoridades, las mismas que habilitaron su ingreso por “pasos habilitados y con documentos en regla” o amparados por funcionarios políticos, policiales y judiciales, llegando al paroxismo de que lo que sacudió al pueblo argentino en estos días fue una verdadera catarsis de hipocresía, pareciera que los que administran y controlan la sociedad se toparon con la existencia de la trata y la prostitución “de golpe y porrazo”, como si la Presidente y los anteriores presidentes, ministros, secretarios de Estado, subsecretarios, intendentes, jueces, comisarios, oficiales de justicia, gobernadores, legisladores, inspectores municipales, concejales, fiscales, policías, empresarios, dirigentes y demás especies de control no supieran, ni se hubieren enterado nunca sobre el dilatado y público mercado de la prostitución en la Argentina. ¡Nunca vieron las chicas que fatigan y trotan la calle de Constitución, Flores y todas las ciudades del país, o los travestis que pueblan los bosques de Palermo, la Costanera Sur y esquinas de todas las ciudades y pueblos, estuvieren tomando fresco!
CFK nunca vio en sus 36 años de residencia en Río Gallegos las denominadas “casitas”, un conglomerado de una treintena de prostíbulos famosísimos para todos los habitantes de Santa Cruz y del propio Río Gallegos, hecho sumamente curioso pues fue durante la intendencia de Néstor y luego en sus gobernaciones donde éstos conglomerados de trata y explotación de mujeres y menores funcionaron sin inconvenientes y bajo la complicidad de gobernantes, jueces, fiscales y policías; allí la trata era y es un mecanismo –aún después de que la jueza Ana Álvarez las clausurare en 2009, pues reabrieron disfrazadas de “wiskerias”, rubro con el cual aún hoy funcionan sin problema alguno- arraigado y perfectamente aceitado, tal es así, que la enorme mayoría de las mujeres y niñas sometidas provienen del norte del país, o de países limítrofes. Allí también, aunque hoy pareciere olvidarlo se busco, y buscó, Susana Trimarco a su hija Marita Verón, ya que se cree que su último contacto telefónico provino justamente de Río Gallegos. ¡Lo muy curioso es que la Presidente Cristina, al parecer y por sus dichos recientes, jamás logró enterarse del funcionamiento de “las casitas”, justo en “su lugar en el mundo”!
En los 74 casos analizados por el informe UFASE-Inecip, de las 216 víctimas el 85% eran menores de 18 años –o sea menores de edad- y/o extranjeras (paraguayas y dominicanas), con ingreso y permanencia ilegal, del total, el 27% eran menores de entre 13 y 17 años, aunque muchas “adultas” tenían entre 18 y 20 años y llevaban tiempo trabajando y explotadas; de las argentinas, las menores eran el 46%, aunque los realizadores del informe sospechan que el número debe ser mayor, pero que los tratantes las ocultan, es más, las víctimas suelen ser madres con hijos a cargo, con problemas familiares serios y con antecedentes de abuso sexual y violencia doméstica. Una importante mayoría de los casos, 68%, fueron “captadas con engaños, promesas laborales precarias y ambiguas –domésticas, niñeras, coperas o meseras-, o lejos de sus familias y redes de contención”. A diferencia de otros países –Rusia, Tailandia, Laos, etc.- aquí muy pocos casos de trata y reclutamiento fue a través de “maridos o casamientos”, es decir, “fiolos” que utilizan las necesidades y seducen a una o varias mujeres y arreglan con el responsable del burdel un porcentaje de la explotación, aunque en los “talleres de las fuerzas de seguridad” lo señalan como la segunda forma más frecuente de engaño.
Las “voluntarias” o que se incorporaron a la prostitución libremente pero terminaron “esclavizadas por redes” suman un 32%, demostrando que en una gigantesca proporción la prostitución esconde “trata y esclavitud humana” por lo que el Estado ahora no puede rasgarse las vestiduras y hacer como si nunca lo hubiere sabido, el grado de hipocresía reinante en el pueblo –pero específicamente en sus autoridades- asusta, pues solamente como ejemplo tenemos el caso de la Ley 9166 de La Rioja que “habilita los prostíbulos”, y existen regulaciones permanentes de esta actividad, siendo un mecanismo de participación y extorsión, ya que es común encontrar policías, ex policías y personal penitenciario o de gendarmería o prefectura trabajando o custodiando burdeles, pero sólo uno fue procesado en el período estudiado y nunca se tocó a un “cliente”, ni siquiera cuando había pagado y utilizado menores de edad. Además de Mar del Plata, el grueso de los procesamientos se dio en ciudades de menos de 70 mil habitantes, pudiendo ser la causa de esto que en las grandes ciudades es donde proliferan los “privados”, “las whiskerías” y “pubs” sobre los que no existen controles legales y oficiales, pero la UFASE-Inecip denunció explotación sexual en al menos 190 “privados” de CABA y en muchos de ellos trata, además de denuncias de explotación y trata en 79 casos, con apenas 6 personas procesadas.
Los “volantitos” adheridos en persianas, teléfonos públicos, columnas de alumbrado con imágenes más que obvias de las urbes, o los programas de TV de la tarde, con formato de chimento pero con pelos y señales de prostitución VIP, del mal llamado “mundo del espectáculo” o de las “agencias de modelos”, o el caso del juez Oyarbide destacado concurrente a un prostíbulo masculino y firme defensor de una policía federal que ampara abiertamente los “privados” y los prostíbulos de la CABA, o el integrante de la CSJN, también inscripto sin pudores en las filas cristikirchneristas, que alquila departamentos donde se ejerce abiertamente y protegida la prostitución y la trata, esa prostitución que “no es delito”, pero que cargada de macabra estela de proxenetismo “que sí lo es”, pareciere alumbrada de improviso este 12 del 12 del 12, viniéndonos a arrancar del “mejor de los mundos posibles que proclaman los medios de la cadena oficial del ánimo, la alegría y las buenas noticias”, al unísono que el psicodrama se desataba, virulento, en calles y medios, a la vez que el cristikirchnerismo recordaba de repente que “tiene una Ley contra la trata de personas cajoneada en Diputados desde hace un año y medio. Y ahora, recién ahora, se agita para tratarla en sesiones extraordinarias convocadas de urgencia por CFK”.
Los prejuicios sobre mujeres o niñas y chicos, por parte de las fuerzas de seguridad y policiales condicionan las investigaciones, tanto como el ocultamiento y la protección de aquellas y de fiscales, jueces y tramas políticas, generando una idea perversa sobre “quién es víctima”, que es mucho más restringida que la que indica la ley, si sumamos a eso los preconceptos de muchos funcionarios judiciales y policiales “honestos”, los interrogatorios defectuosos a las víctimas –que no siguen la vía orientativa de la UFASE-, y “la mala utilización” de sus testimonios como elementos de prueba, al no ahondar en la situación de vulnerabilidad de las propias víctimas, ignorándose, así, elementos que permitirían derribar el consentimiento a ser explotadas, un “consentimiento” que por lo general no es tal y oculta presiones, maltratos, extorsiones y otra multiplicidad de delitos amparados desde las esferas del poder. Las imputaciones por asociación ilícita, los procesados por trata y proxenetismo, las nulas investigaciones de otros delitos conexos, y la casi nunca preocupación por declarar el concurso de delitos, que podrían aumentar mucho las penas son también causal de mala praxis de parte de funcionarios políticos, policiales y judiciales. Así, luego nos horrorizamos por el fallo tucumano, pero las acusaciones, en mayoría, se concentran en la etapa de explotación, y muy poco en el reclutamiento y traslado –secuestro de por medio, o engaño y defraudación-, por eso nunca fueron procesados los “choferes” de micros de dos importantes empresas, que realizaban paradas no programadas donde las víctimas eran esperadas.
“En el inconsciente colectivo se instaló un preconcepto que tiende a ver la trata sólo cuando hay privación ilegítima de la libertad –candados para encierro, impedimento del uso de teléfonos, violencia física, etc.-. Sin embargo, las formas de sometimiento reveladas son otras, y tan ilegales y malsanas como las de la privación ilegítima de la libertad, tales como la retención de pagos, multas aplicadas, amenazas de muerte a ellas o sus familias y la violencia psíquica. La dinámica es la connivencia con el sistema prostibulario, la prueba está en que en los lugares allanados conviven víctimas de trata y de explotación sexual, con mujeres en situación de prostitución “voluntaria”. Si se ampliara la mirada, hoy tan hipócrita y falaz, se terminaría por ver que todas las personas que hallamos en los prostíbulos están siempre siendo explotadas”, el informe del UFASE-Inecip es sumamente claro, y deja poco espacio para seguir mirando para otro lado, o ahora utilizar el caso Marita Verón para cargar sobre la justicia, cuando es el mismo Estado y el Gobierno quien es parte imprescindible para que la prostitución y la trata proliferen en nuestro país, alegremente.
Y lo curioso del caso es que la Presidente, al parecer, jamás logró enterarse del funcionamiento de “las casitas” galleguenses, o de los prostíbulos amparados o concurridos por “su juez preferido” (Spartacus, etc.), o por los departamentos alquilados para ejercicio de la prostitución por su amigo el Dr. Zafaroni. ¿O por entonces las casas de tolerancia le parecían medianamente o muy tolerables? Randazzo, verdaderamente no tiene, él, vergüenza al calificar el fallo tucumano como “una vergüenza”, cuando en su Chivilcoy natal
existen desde siempre las “whiskerías”, vergüenza debería darles a todos ellos el tamaño inaudito de semejante hipocresía.

Buenos Aires, 18 de Diciembre de 2012.
Arq. José M. García Rozado
MPJIRucci – LIGA FEDERAL –
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